Se cierran para la monarquía once años de escándalo político

La semana pasada se cerraban once años de escándalo político. Un escándalo que influyó decisivamente en la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón en junio de 2014, después de un annus horribilis, en el que fue sometido a sucesivas operaciones quirúrgicas que le tuvieron durante tiempo inmovilizado, encerrado y solo, en el palacio de la Zarzuela, por la aparición en el firmamento mediático de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y, sobre todo, por el escándalo de su yerno Iñaki Urdangarin, un antiguo jugador de balonmano casado con su hija menor, la infanta Cristina de Borbón, precisamente la más unida a su hermano, el rey Felipe VI, del que hizo de confidente durante su noviazgo con la actual Reina.

Efectivamente, el pasado viernes 17 de febrero se cerraba el peor periodo por el que ha pasado la monarquía española desde que se instauró en noviembre de 1975, tras la muerte del general Franco. Si en febrero de 1981, con el intento de golpe de Estado y el asalto al Parlamento por un grupo de guardias civiles, se consolidó la monarquía de Juan Carlos de Borbón, febrero de 2017 ha supuesto la consolidación de la de su hijo con la sentencia de ese escándalo (una sentencia discutida y debatida en los medios de comunicación y las redes sociales, es verdad ) que ha condicionado su reinado.

Especialmente, desde que la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin tuvieron que sentarse en el banquillo por delitos tan graves como prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad documental, estafa, delito fiscal y blanqueo de capitales. Delitos por los que el fiscal pedía 19 años y seis meses de cárcel para él, y ocho años de cárcel para ella la acusación particular, que ejercía el sindicato ultraderechista Manos Limpias, una auténtica organización mafiosa, cuyo máximo representante, el abogado Miguel Bernad, está encarcelado acusado de extorsión. Un espectáculo público en el que salieron a relucir el papel que en la trama pudieran haber desempeñado La Zarzuela y algunos de sus funcionarios, como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, así como los enfrentamientos familiares, las desavenencias y hasta las intimidades de cada uno de los miembros de la Familia Real.

Algo que ha ido minando la institución, a pesar del comportamiento ejemplar de los actuales Reyes que, desde el principio, establecieron quiénes eran miembros de la Familia Real y quiénes familiares del Rey, desposeyendo al matrimonio Borbón-Urdangarin del título de duques de Palma, y exigiendo a la infanta la renuncia a sus derechos de sucesión, algo a lo que ella se ha negado sistemáticamente. Ahora, más que nunca debe renunciar, sobre todo si, como en su momento publicó el diario El Mundo, su comentario el día que terminó el juicio fue: “¡Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar este país”. Por dignidad, por respeto a la institución y al pueblo español y para compensar su falta de ejemplaridad.

Es cierto que la benévola sentencia contra el yernísimo y la absolución de la infanta, han provocado polémicas hasta cierto punto comprensibles en las actuales circunstancias económicas y políticas españolas, por los numerosos casos de corrupción que han ido aflorando en la vida política, por el deterioro social que se refleja en la calle y por el clima de creciente confrontación política .

Pero, dicho esto, hay que añadir bien claro que, pese a quienes sostenían que la hija del rey Juan Carlos jamás se sentaría en el banquillo, no solo se ha sentado sino que ha sido la primera vez que una persona directamente relacionada con una monarquía democrática ha sido juzgada y condenada al pago de 265.088 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, según el Código Penal. Era lo máximo a lo que podía llegar el tribunal sancionador, dado que la Fiscalía no había pedido ninguna pena por dos delitos fiscales, y solo Manos Limpias, como acusación particular, pedía para ella ocho años de cárcel.

Las declaraciones del socio de Urdangarin, Diego Torres, que ha recibido la mayor pena (ocho años de prisión), y de otros procesados insistiendo en que nada se movía en el Instituto Nóos sin el visto bueno de Zarzuela y el hecho mismo de que un hombre de la Casa del Rey, Carlos García Revenga, estuviese al tanto de las operaciones de Nóos, según testimonio del propio Urdangarin y de la infanta, es lo que más ha dañado a la monarquía y lo que ha sumido el caso en una nube de sospechas que ha llegado hasta el tribunal que ha emitido sentencia.

Esta habría sido la principal causa de que el fallo judicial se haya retrasado más de lo previsto, ya que el propio tribunal, formado por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín, no se ponía de acuerdo sobre ese delicado tema. Rocío Martín no solo era contraria a una rebaja en la condena de Urdangarin, sino que insistía en introducir un párrafo sobre el comportamiento de la Casa Real, teniendo en cuenta las declaraciones de los principales imputados, que durante el juicio utilizaron a la Casa Real como escudo para eludir su propia responsabilidad. Desde el banquillo, Diego Torres, que filtró numerosos correos de Urdangarin, reiteró que la Casa Real realizaba un “control total” de las actividades del instituto: “No decidíamos nada sin su consentimiento”, afirmó.