Puigdemont, al final de la escapada… pero, ¿quién le aguanta?

En medio de una expectación inusitada en un país en el que, hace solo unos días, no sabían quién era un tal Carles Puigdemont, que decía ser presidente de la República Catalana y que tenía intención de formar un Gobierno del exilio (con el tiempo ha ido matizando), el tal Puigdemont ha vivido el primer paso de lo que será el largo proceso de una euroorden emitida por la titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para que se presente y haga frente a la querella presentada en España por la Fiscalía General del Estado.

Los delitos de los que se le acusa a él y a cuatro de sus consejeros huidos a Bruselas son rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, delitos por los que ya están en prisión el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los consejeros Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, así como los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Ómnium Cultural. Calificados todos de “presos políticos” y no como lo que realmente son, “políticos presos” que han violado el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución, en contra de todas las advertencias del Tribunal Constitucional, declarando la independencia de una parte del territorio español y proclamando en ese territorio una República Catalana que no ha sido reconocida por ningún país, hacen de ello la bandera reivindicativa. El final de la escapada de Puigdemont y cuatro de sus consejeros que prefirieron huir sin consultar con su partido ni, por supuesto, con su vicepresidente Junqueras, con el que prácticamente ha roto relaciones, se producía el pasado domingo cerca de las doce de la noche, cuando un juez de instrucción designado por la fiscalía decidía la libertad provisional de los cinco huidos, que tenían que entregar el pasaporte, dar un domicilio fijo donde pudiesen estar localizados y presentarse cuando sean requeridos tanto por la Fiscalía, como en el juzgado y la Policía. Para facilitar las cosas, sabiendo que los cinco hablan y entienden francés, todo el procedimiento, que probablemente se iniciará la semana que viene, se desarrollará en neerlandés, el idioma de los nacionalistas flamencos. Ha sido en estos en donde los políticos catalanes han encontrado el máximo apoyo, para preocupación del Ejecutivo belga, que teme que a lo largo de los 60 o 90 días que pueden durar los trámites de la solicitada entrega pueda romperse el inestable Gobierno de coalición del que forma parte el partido flamenco N-VA, un partido nacionalista de extrema derecha que le viene quitando el sueño al primer ministro, Charles Michel, que ya ha hecho varios llamamientos a la prudencia a sus ministros sobre lo que él llama el “dossier catalán”. La no entrada en prisión de Puigdemont y sus consejeros, a pesar de todas las medidas restrictivas, ha sido recibida por muchos con alegría, al tiempo que ha creado todo un problema a los independentistas, gran parte de los cuales no esperaban, como había prometido hace año y medio, que volviese a presentarse a unas elecciones. Al ser elegido con el apoyo de la CUP en sustitución de Artur Mas ya adelantó que su vida política estaba terminada y que finalizado ese periodo de la “postautonomía a la preindependencia” se iría a casa. Pero ni se va a casa ni renuncia a nada.

Sin consultar a su partido, en vísperas de su entrega en una comisaría de Bruselas el domingo, anunciaba que se presentaría a las elecciones y que quería ir, sabiendo como sabe que en las actuales circunstancias Esquerra Republicana se niega a una repetición de la coalición de Junts pel Sí que tantos problemas ha dado a la causa independentista, con una “lista país” que el PDECat no ha tenido más remedio que aceptar, intentando explotar el victimismo. Cuando escribo faltan unas horas para que se inscriban las coaliciones de cara a las elecciones del 21 de diciembre, y la situación es que el independentismo no tiene nada claro quiénes van a ser sus aliados en unas elecciones que quieren plantear como una reivindicación de los derechos de los llamados “presos políticos” y en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha permitido la intervención de la Autonomía por el Gobierno central. Teniendo en cuenta esta situación de división interna, puede entenderse el optimismo de los constitucionalistas al conocer los resultados de las dos últimas encuestas publicadas por los periódicos La Vanguardia y La Razón, en las que el independentismo no llega a la mayoría absoluta y se coloca en peor posición que en las últimas elecciones, en septiembre de 2015. Hay prácticamente un empate en número de diputados y de votos entre los dos bloques según la encuesta de La Razón y una ligera ventaja del bloque soberanista sobre el unionista (46% frente al 44%) en el sondeo de La Vanguardia, aunque los primeros bajan 1,8 puntos respecto a las últimas autonómicas y los constitucionalistas, Ciudadanos, PSC y PP, cinco más que en 2015, lo que indica una gran movilización entre un electorado que se ha movilizado históricamente en mucha menor proporción en las elecciones autonómicas, que en las generales.

Es decir, podríamos volver a la casilla de salida, con el agravante de que todos los que ahora están en prisión o huidos pueden haber sido elegidos para el nuevo Parlament. Incluso que, estando en funciones, puedan recibir una condena... A menos que haya un indulto... por Navidad... algo que un importante sector de la opinión pública no admitiría.