Los ERE, el juez Barreiro y la dura condena del PSOE

Cuando la Sala Penal del Tribunal Supremo decidió que el caso de los aforados del PSOE en el escándalo de los ERE de Andalucía caía en las manos de Alberto Jorge Barreiro, 67 años, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, estos casi brindan con champán. Por fin se habían librado de la temible jueza Mercedes Alaya y habían caído en manos amigas. Probablemente no conocían bien la personalidad de ese juez, íntimo amigo de Perfecto Andrés Ibáñez, con el que compartió durante años los estrados de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Una sección reputada entonces como la más progresista de la Audiencia.

Cuando llegó al Supremo, sus resoluciones le habían creado una fama de juez implacable que dictaba sentencias que eran un modelo de coherencia y trabajo bien hecho. Se opuso a la ley de la patada en la puerta que provocó la dimisión del ministro del Interior José Luis Corcuera; estuvo en contra de la ley que autorizaba la expulsión de inmigrantes acusados de pequeños robos; sentó en el banquillo al antiguo director del Cesid (predecesor del CNI); y fue uno de los siete magistrados que aprobó la legalización de Sortu.

Pero, sobre todo, Barreiro fue el encargado de redactar la resolución contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación y uso de artificios de escucha con violación de garantías constitucionales –por las escuchas entre presos y abogados en el caso Gürtel–, en una resolución que, de hecho, fue una condena anticipada en la que pedía la inhabilitación del polémico juez por entre diez y veinte años. Por eso habría sido mejor que el sumario durmiese en ese proceso interminable que hace seis años puso en marcha la jueza Alaya.

Por eso los cuatro imputados por el juez Barreiro (los expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera) debieron guardar el champán a la vista de la resolución dictada la semana pasada por el escándalo económico más grave de estos últimos años. El caso ERE, con 266 acusados, forma parte de una red de corrupción sobre expedientes de regulación de empleo, vinculada a la Junta de Andalucía y cuyo origen parte de una investigación de prejubilaciones supuestamente fraudulentas de la empresa Mercasevilla. La investigación de esta causa sacó a la luz la inclusión de prejubilados falsos en ERE aprobados por la Junta entre 2001 y 2010. La Administración contabilizó hasta 235 beneficiarios bajo sospecha.

Entre los imputados están la exministra Magdalena Álvarez, dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dos hijos de Ruiz-Mateos, exdirectivos y extrabajadores de las aseguradoras Vitalia y Uniter, exsindicalistas y hasta un exfutbolista. El exdirector general de Trabajo de la Junta es el principal imputado y está acusado de conceder ayudas ilegales, entre otros, a su suegra, sus amigos y hasta a su chófer, que declaró ante la jueza que había gastado 25.000 euros de dinero público al mes en cocaína para él y para su jefe.

Toda la trama actuaba a través de un llamado “fondo de reptiles” (partida 31L) de más de 650 millones de euros, aunque se calcula que el dinero presuntamente defraudado puede superar los 1.200 millones, mientras el auto del juez Barreiro habla de 850 millones. Pero lo importante del auto es su solidez, hasta tal punto que fuentes jurídicas aseguran que es el adelanto de lo que puede ser una condena de prevaricación para Chaves y Griñán y de malversación de caudales públicos para Zarrías y Viera. En sus escritos, Barreiro hace acusaciones tan directas como que los implicados “cebaron sin descanso la partida de los ERE”, citando las palabras del que fuera interventor general de la Junta, Manuel Gómez.

Básicamente, señala el instructor, la ilegalidad consistía en ocultar a través del mecanismo de transferencias de financiación lo que en realidad eran subvenciones, las cuales están sometidas a controles legales que, mediante el mecanismo citado, se eludían. De este modo, Chaves “contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales”. En cuanto a Griñán, el juez recuerda que desde la Intervención General de Andalucía “se le advirtió no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades”.

Respecto a Zarrías, Barreiro apunta que “conocía los problemas de legalidad que habían surgido en la concesión de las ayudas/subvenciones por parte de la Consejería de Empleo para asistir a los trabajadores y empresas en crisis”; igual que Viera, sobre el que, “contrariamente a la versión (...) que proporcionó en su declaración, en la que reiteró su ignorancia sobre todas las cuestiones relevantes (...) figuran en la causa diferentes elementos incriminatorios que desvirtúan sus alegaciones exculpatorias”.

En fin, un auténtico mazazo para la presidenta andaluza, para el Gobierno andaluz y para el PSOE en su conjunto. Desde el escándalo de Filesa no se había visto un escándalo parecido. Este supera a todos.