Las vascas y gallegas anuncian nuevas elecciones generales

Gallegos y vascos han votado una vez más en España desde mayo de 2014, en que se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. Volvimos a votar en marzo de 2015, aunque solo los andaluces, en unos comicios adelantados por Susana Díaz. Sin solución de continuidad, se celebraron las autonómicas y municipales del mes de mayo, vinieron después las autonómicas catalanas en septiembre de 2015, seguidas de las generales de diciembre del año pasado y, las también generales del pasado mes de junio. Y, para colmo, ante los resultados continuistas de las autonómicas vascas y gallegas del pasado domingo 25 de septiembre, parece que todos (especialmente los populares), por diferentes intereses, están preparando las terceras elecciones generales, que se celebrarían en el mes de diciembre, coincidiendo con las compras de la Navidad.

Unas elecciones en las que tienen puestas todas sus esperanzas, sobre todo, Mariano Rajoy y el Partido Popular, convencidos de que el nuevo mapa que puede salir en ese mes de diciembre les colocaría muy cerca de los 145 escaños, con una pequeña recuperación del PSOE y bajadas de Podemos y Ciudadanos, que en estas elecciones del domingo pasado, debido a la ley electoral, no ha podido entrar en los Parlamentos de Vitoria y Santiago de Compostela.

En esta ocasión, las autonómicas gallegas y vascas han supuesto un jarro de agua fría para los que pensaban en grandes cambios y en grandes novedades. Han ganado los que han estado gobernando en los últimos cuatro años, y los nuevos experimentos políticos –En Marea en Galicia y Elkarrekin Podemos en el País Vasco– no han conseguido lo que pensaban. La gran novedad es el hundimiento del PSOE, un partido histórico que ha gobernado con el PNV la Comunidad Autónoma del País Vasco y que, con nueve diputados, ha empatado con el PP y se ha visto superado por Podemos.

Los dos grandes triunfadores de estas elecciones han sido dos partidos tradicionales del mapa político (PP y PNV), que han gobernado durante la pasada legislatura, y dos de sus dirigentes: Iñigo Urkullu, probablemente el lendakari más moderado de los últimos años, que ha realizado una campaña alejada del extremismo y del soberanismo; y, sobre todo, Alberto Núñez Feijóo, el único presidente autonómico del país que no solo conserva la mayoría absoluta, sino que la aumenta.

A la vista de los resultados, nada ha cambiado en el panorama nacional, hasta el punto de que, si alguna consecuencia hay que sacar de la jornada del domingo 25 de septiembre, es que estamos más cerca de unas terceras elecciones. El 31 de octubre termina el plazo constitucional establecido, después de la frustrada investidura de Mariano Rajoy el pasado 2 de septiembre, y lo más probable es que el domingo 18 de diciembre el pueblo español tenga que ir, por tercera vez, a unas elecciones generales en menos de un año. Un auténtico récord que tiene cansada e indignada a la ciudadanía nacional y asombrada a una opinión pública internacional que, hasta ahora, siempre había puesto a España como ejemplo de estabilidad política .

Una estabilidad conseguida durante la Transición y asentada en un bipartidismo imperfecto, que ha saltado por los aires tras los efectos devastadores de la crisis económica y del comportamiento de los dos grandes partidos para llegar a un Parlamento cuatripartito que necesita de un consenso político que no se ha conseguido en estos nueve meses de crisis institucional, a lo que hay añadir dos factores realmente perturbadores: la crisis interna en el PSOE y la lucha por el poder en Unidos Podemos, donde Pablo Iglesias pretende quitar todo el poder a Íñigo Errejón y entregárselo a Izquierda Anticapitalista. El primer paso lo dio cuando, en un golpe de mano en el mes de marzo, terminó con el errejonista Sergio Pascual para colocar en la secretaría de organización a Pablo Echenique, próximo a Izquierda Anticapitalista.

Con estos mimbres, una vez que Rajoy ha renunciado a una segunda investidura, apostando por unas terceras elecciones porque tiene datos de que puede colocarse en 145 diputados (ocho más que ahora), Pedro Sánchez quería hacer un cesto de Gobierno, incorporando además a Ciudadanos, que ha repetido que no quiere ningún pacto con Podemos, al tiempo que Podemos rechaza cualquier tipo de acuerdo con Ciudadanos.

Pero el panorama saltó por los aires. El Comité Federal del PSOE ya no tendrá que decidir lo previsto inicialmente:  luz verde para un Gobierno Frankenstein (versión Alfredo Pérez Rubalcaba) que, en realidad, es un Gobierno Walt Disney, porque está basado exclusivamente en la ilusión; y posible adelanto del congreso extraordinario del PSOE, en el que podía volver a presentarse como secretario general Sánchez, con lo que, si era ratificado, volvería a ser cabecera de lista de las terceras generales. Ahora la guerra intestina del PSOE ha estallado con toda su crudeza. Sánchez dijo que no dimitiría aunque fuera desautorizado y pidió a los críticos que sean claros, que no hablen de “reflexión” si quieren decir “abstención”. La noche del miércoles, 17 críticos de la Comisión Ejecutiva dimitieron con la intención confesada públicamente de sacar a Sánchez de su silla.