Las polémicas reformas de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy ha cumplido con Europa y con los mercados y ha aprobado la reforma laboral que venía exigiendo el Banco Central Europeo (BCE) desde el pasado mes de agosto, cuando, en la etapa final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en carta oficial, abogó por una reforma laboral en profundidad. Fue la condición que el entonces gobernador del Banco Central puso al Gobierno español para que el BCE pudiese seguir comprando deuda pública, en un escenario de prima de riesgo disparada y con el peligro de un irremediable rescate como el que se ha producido en Grecia, Irlanda y Portugal.

Agobiado por la situación y por el aumento espectacular de la prima de riesgo, el presidente Rodríguez Zapatero, en un triple salto mortal, decidió cambiar la redacción de una nueva reforma laboral que le enfrentaría, de nuevo, con los sindicatos, por una reforma de la Constitución para limitar el techo de gasto a un 0,4%, algo que se acaba de cambiar, en contra del criterio pactado con el PSOE, para situarlo en un escenario de déficit cero.

Esa regla de oro del déficit es, junto a las reformas laboral y financiera y a un aumento sensible de impuestos, en contra de lo que ha venido defendiendo en su programa electoral, el pilar sobre los que ha comenzado a asentarse la política económica del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que, ademas, se ha encontrado, al final de este año, con un déficit inesperado, por encima del 8%, que le obligará a un ajuste superior a los 40.000 millones de euros y a esa reforma laboral que, en el fondo, se está intentando vender en Bruselas como el gesto que necesita hacer el nuevo Gobierno para ablandar a Alemania y a la Comisión Europea.

Ese gesto tiene nombre de moratoria y tendría que ser aprobada por la canciller alemana, Angela Merkel, ante la imposibilidad por parte de España de pasar del déficit actual del 8% a ese otro, comprometido, del 4,4%. Reducir más de cuatro puntos el déficit actual, cuando en el último año apenas se ha reducido dos puntos, es misión imposible de cumplir, con una economía en recesión como la española, con importantes reformas estructurales pendientes y con la tasa más elevada de paro de toda la Unión Europea.

Convencido de que la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de febrero le puede costar como mínimo una huelga general, según le confesó Rajoy a los primeros ministros de Finlandia y Holanda en conversación captada por un micrófono abierto, el presidente del no ha tenido más remedio que seguir adelante siendo consciente de que la reforma es la más dura que jamás se haya aprobado en la democracia, que es totalmente favorable a las peticiones de los empresarios, que cuenta con la oposición frontal de los sindicatos porque ha traspasado todas las líneas rojas, entre otras cosas porque admite la posibilidad de ajustes salariales por razones económicas, técnicas y organizativas cuando lo decidan los empresarios, y que, además, no va a crear empleo. En todo caso, a medio plazo puede evitar la destrucción de puestos de trabajo.Son palabras del propio Rajoy, que, en su primera comparecencia ante el Parlamento, 50 días después de haber jurado el cargo, ha presentado un panorama aterrador de la situación económica del país y de su inmediato futuro. Un país que según los servicios de estudios de bancos, cajas de ahorros y entidades privadas, no va a salir de la recesión hasta bien entrado 2013 y que va a sufrir, según el BBVA, una pérdida diaria de 2.000 puestos de trabajo, hasta llegar a una tasa de paro cercana al 25%.

Esa tendencia, que el presidente ha calificado de crítica, no la va a cambiar la reforma laboral, una reforma que facilita y abarata el despido, que deja prácticamente sin ningún poder a los sindicatos y que, en cierto modo, y en buena medida, atiende a las demandas históricas de la patronal CEOE, ya que establece el despido con una indemnización de 20 días, acaba con la prórroga indefinida de los convenios, reforma la negociación colectiva primando los convenios de empresa frente a los del sector y abre la puerta a expedientes de regulación de empleo (ERE) sin ningún tipo de control o mediación, que pueden afectar, incluso, a la Administración Pública y a sus empresas.

Esta reforma laboral es la sexta que se lleva a cabo en España desde 1980. La última vio la luz con el Gobierno de Zapatero, en junio de 2010 y en plena crisis económica, y su eficacia ha sido escasa, como lo demuestran los 5,3 millones de parados alcanzados al cierre de 2011. Para los mercados, para el directorio europeo, para la canciller alemana, que ha visto con alegría cómo los aumentos salariales no van ir ligados, como hasta ahora, al aumento de la carestía de la vida, sino, en cierto modo, a la productividad y a la austeridad, la reforma laboral es una buena reforma.

Es la reforma que debió hacer Zapatero y no se atrevió. Que habrá huelga general (la han tenido casi todos los presidentes de Gobierno) es innegable y forma parte del guión .Que se cree empleo, no lo defiende ya ni Mariano Rajoy. La verdad es que nos dirigimos hacia los seis millones de parados a un ritmo, según el BBVA, de 2.000 diarios. Ese ritmo puede aumentar solo en semanas. En cuanto comience a despedirse aplicando la nueva ley y en cuanto comiencen a funcionar todas las otras reformas que quiere Bruselas.