La Generalitat responde con la deslealtad a Rajoy

Todos los gestos y acciones que el Gobierno ha iniciado de cara a la distensión política en Cataluña no solo no han dado resultado, sino que han producido una reacción contraria entre los independentistas y en la propia Generalitat. La apertura en Barcelona de un despacho de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; sus entrevistas con empresarios y políticos catalanes; el compromiso de hablar y negociar los 45 temas que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le planteó a Mariano Rajoy en abril (todos, excepto el referéndum de independencia); la rectificación de una política de recursos jurídicos (una política con la que hasta ahora no se había conseguido nada), han sido respondidos por la Generalitat, con total indiferencia, cuando no con un claro desafío.

Porque desafío es que, en plena distensión, al menos por parte del Gobierno central, Puigdemont convoque el 23 de diciembre una cumbre de los partidos independentistas (JXSí, ERC y la CUP) para acelerar la declaración unilateral de independencia y la fecha del referéndum. El objetivo es que, entre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y el referéndum, que se celebrará, según pretende el Gobierno de la Generalitat, en septiembre del año que viene, transcurra el menor tiempo posible, para dar al Gobierno central poca capacidad de reacción. La convocatoria de la cumbre del 23 de diciembre es la condición que ha impuesto la CUP para dar sus votos a los presupuestos de la Generalitat que, en principio, se aprobarían el 22 de diciembre. Hasta ahora, el plan previsto por la propia Generalitat era que en el mes de julio como muy tarde se aprobasen las leyes de desconexión de Cataluña de España para que el referéndum se celebrase en la segunda quincena de septiembre, con tiempo suficiente como para hacer campaña, sensibilizar a la población sobre la consulta y buscar los máximos apoyos internacionales. Ahora, cuando por fin el Gobierno accede a abrir una negociación sobre una serie de peticiones pendientes desde la anterior legislatura, la otra parte pretende acortar los tiempos para frenar cualquier reacción del Ejecutivo para la paralización del referéndum. Lo sorprendente es que todos estos movimientos se producen para que la CUP termine votando los presupuestos de la comunidad, lo único importante que tiene por delante Puigdemont.

Puigdemont ya ha pasado por la imposición de la CUP de aprobar una partida especial de seis millones de euros de los presupuestos dedicada al referéndum. Las cuentas del Govern presentadas oficialmente incluyen también una partida de 62,3 millones para la consejería de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, de los cuales 18,2 se dedican específicamente a la acción exterior. El Ejecutivo catalán reserva asimismo 57,4 millones para el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Pero lo más condenable, es que mientras se aprueban partidas para pagar los gastos de la consulta con la que se pretende llevar a cabo la escisión de Cataluña de España, se pide al Gobierno central 7.000 millones de euros para hacer frente al creciente déficit y a una situación económica tan deteriorada que las agencias de calificación sitúan a la comunidad catalana al mismo nivel que Nigeria o Bangladés.

Objetivamente, el Gobierno ha dado un giro importante con respecto al contencioso catalán (aunque la celebración del referéndum es innegociable). Dispuesto a rebajar la tensión el nuevo Gobierno ha protagonizado un cambio de actitud que pasa, sobre todo, por la negociación de temas pendientes y por una disminución de los recursos judiciales y conflictos de competencias que se han ido presentando por una y otra parte a lo largo de los últimos cinco años.

Según datos de la vicepresidenta del Gobierno, transmitidos al portavoz nacionalista en el Congreso, Francesc Homs, desde que Rajoy llegó al Gobierno, en diciembre de 2011, el Ejecutivo central ha presentado 34 impugnaciones a proyectos de la Generalitat de Cataluña. Por el contrario, el Govern ha recurrido 53 decisiones del Gabinete de Rajoy. En esa batería de recursos e impugnaciones se han discutido la ley de pobreza energética, el fracking o las corridas de toros, al margen de las iniciativas del Govern y el Parlament relacionadas con el proceso secesionista, que queda fuera de toda discusión. Hasta ahora, la vicepresidenta ha eludido responder a la partida de 5,8 millones para la organización del referéndum que se ha reservado en el presupuesto catalán.

La semana pasada, tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de que esa cumbre del día 23 “es un síntoma de unilateralidad” además de ser una “exigencia de los radicales de la CUP”.

Cuando la principal preocupación de la Generalitat debería ser cómo hacer frente a un auténtico “estado de emergencia económica”, no se entiende que toda su política se centre en ocultar qué es lo que se hace con el dinero que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que ya se eleva a 40.000 millones de euros (el 4% del PIB nacional), mientras la deuda pública está a punto de superar los 17.000 millones de euros. Un disparate que se intenta ocultar con otro disparate: el de la separación de España para crear un nuevo Estado independiente, pagado por el Estado del que se pretende escindir.