La decisión más dramática de un registrador de la propiedad

Jamás pensó Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955), de profesión registrador de la propiedad, que el sábado 21 de octubre de 2017 iba a ser el día más angustioso de su larga vida política, después de haber pasado por todo, o por casi todo, de haber vivido el estar al borde de la intervención económica del país por Bruselas y de haber estado a punto de salir de La Moncloa de la peor manera posible, ante la imposibilidad de encontrar en lo que era su segundo mandato los votos suficientes para poder ser investido.

Dicen personas de su entorno que, probablemente, estas cuatro semanas de octubre han sido, sin duda, las más dramáticas y, sobre todo, más angustiosas, desde que entró en La Moncloa en vísperas de la Navidad de 2011. Primero, el referéndum que prometió que no se iba a celebrar y que se celebró, como simulacro, pero se celebró. Luego, el diseño de la operación de intervención policial en los colegios electorales, en la que fallaron los Mossos, y, por último, toda una operación mediática en el exterior presentando el independentismo como gran víctima de la represión política.

Una operación mediática en la que los independentistas llegaron a colocar los mensajes que querían, manipulando incluso los hechos y las cifras de una intervención policial de parecidas proporciones a las de otros países de nuestro entorno, pero que, en solo horas, consiguió una solidaridad que toda una larga lista de políticos independentistas no habían conseguido en meses de viajes, entrevistas frustradas y publicidad pagada, y que no habían calado en una opinión pública internacional, que de pronto redescubría la Barcelona y la España de la Guerra Civil, mientras decenas de aspirantes a nuevos Hemingways perfectamente informados por la Generalitat, se instalaban en Barcelona a la espera de una nueva guerra civil.

Sin embargo, a Rajoy (después de repetir una y cien veces que no quería llegar a donde le estaban llevando los acontecimientos) todavía le quedaba pasar por el trance de anunciar, en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el sábado 21, la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, y pedir que el Senado iniciase los trámites para aplicarlo. Un artículo que, desde 1978, está pendiente de desarrollo y cuyo texto es tan vago y propenso a interpretaciones, que muchos constitucionalistas sostienen que tal como está redactado ahora se trata de un artículo simplemente disuasorio,

Probablemente como disuasión, en la exposición de motivos enviada al Senado se afirmaba que en su aplicación se cumplen los dos requisitos que establece la Constitución: “Que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España”. En la situación actual, fuera de la legalidad constitucional, sostenía el Gobierno, los derechos y las libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y arbitrariedad de sus gobernantes. “Un planteamiento absolutamente incompatible con las bases del sistema democrático que ampara la voluntad del conjunto de los ciudadanos españoles y catalanes desde hace cuarenta años” .

Ese ignoto y nunca aplicado artículo de la Constitución, que puede ser interpretado como convenga, es de carácter excepcional e implica el control político de las comunidades autónomas por parte del Estado. El texto prevé que el Gobierno pueda adoptar “las medidas necesarias” para “obligar” a una comunidad el “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” que la Constitución u otras leyes le “imponen” o, si fuera el caso, la “protección” del “interés general”. En el resumen que Rajoy hacía público el día del Consejo de Ministros, reducía a dos las medidas: el cese del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Govern, de manera que las funciones pasarán a manos de “los órganos o autoridades que designe el Gobierno”; y, si el Senado lo decidía en la reunión prevista para este viernes en que Tiempo se pone a la venta, la convocatoria de elecciones en Cataluña “tan pronto como recuperemos la normalidad institucional”.

Se habla de un plazo de seis meses, pero esa normalidad institucional es muy posible que no se recupere con tanta facilidad como piensa el Gobierno central, sobre todo si el Govern no cede lo más mínimo, sigue en su empeño en una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y aprovecha el plazo que tiene el Senado para convocar unas elecciones autonómicas constituyentes (que según las encuestas, pueden ganar los independentistas, especialmente ERC) acompañadas de una declaración formal de independencia. Todas las presiones sobre Carles Puigdemont van dirigidas a evitar por todos los medios la aplicación del artículo 155. Por eso, desde los sectores más razonables de la sociedad catalana, se le pide que defienda su posición política en el Pleno del Senado que estudia el desarrollo del artículo 155, que renuncie a la DUI y que convoque elecciones autonómicas. Sería el único camino para evitar la aplicación de un artículo que puede ser el fin de la autonomía catalana.

Hasta el propio Rajoy, un registrador de la propiedad amante de los legajos y cuyo principio vital ha sido “tomar nota”, se ha venido resistiendo a aplicar un artículo que se sabe cómo empieza pero no cómo termina. Era el síndrome y el terror del registrador a lo desconocido... que, al fin y al cabo, es lo que seguirá dominando la situación de Cataluña durante muchos meses.