La conspiración de la Justicia y el juego de los barquitos

El cese-dimisión del fiscal anticorrupción más breve de la historia de la Fiscalía, Manuel Moix, una historia que ni siquiera ha durado los cien días que normalmente sirve para hacer balance de un nombramiento, es quizás el mejor ejemplo de la crisis en la que se encuentra ese intento de control de la Justicia, especialmente en lo referido a los casos de corrupción, convertidos en una verdadera plaga. Un control centrado, sobre todo, en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía Anticorrupción y en la Audiencia Nacional.

Este es el diagnóstico que hace a este cronista un ex alto cargo judicial que ha pasado por la política, y que, como gran parte de la judicatura, ha contemplado los sucesos de la pasada semana con la preocupación y el convencimiento de la existencia de una “operación”, que él relaciona con el fiscal y magistrado del Supremo Manuel Marchena, dirigida a controlar lo que el Gobierno entiende como “rebelión en un sector de la fiscalía”, especialmente en la Fiscalía Anticorrupción, y falta de control de la Audiencia Nacional, donde se encuentran los principales casos de corrupción, especialmente los que afectan al Partido Popular. Según esta fuente, Marchena sería el inspirador de toda la estrategia ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Después del nombramiento del fiscal general Eduardo Torres Dulce (en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia), que actuó con total independencia y decidió irse cuando se multiplicaron las presiones a raíz de algunas actuaciones en el contencioso catalán, el Gobierno ha estado buscando para Justicia un nuevo “Federico Trillo”, que se convirtió en el asesor jurídico y estratega de Mariano Rajoy, en cuanto surgieron los primeros casos de corrupción del PP, que tan bien conocía quien fue ministro de Justicia con Rajoy. Con su nuevo puesto de embajador en Londres, se terminó esa influencia.

Federico Trillo, con José María Aznar y, en una primera etapa, con Mariano Rajoy hasta que se fue a Londres, ha sido el eterno asesor del Gobierno en materia de Justicia y el que ha diseñado la estrategia a seguir en los primeros casos de corrupción del PP, especialmente en el caso Gürtel y en los numerosos casos de corrupción de la Comunidad Valenciana. Esa labor no pudo, o no quiso, hacerla Ruiz-Gallardón, el eterno sucesor en potencia de Rajoy, que se equivocó, se metió en todos los charcos y tuvo que dimitir de su cargo en septiembre de 2014.

A Gallardón le sucede Rafael Catalá, a quien entre Rajoy y, sobre todo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quieren convertir en un nuevo Trillo. Desde su llegada, este cronista pensó que Catalá podía ser, por sus condiciones, experiencia, carácter y capacidad de diálogo, un buen ministro de Justicia. Su brillante currículum lo atestiguaba. Pero el intento de convertirlo en un nuevo Trillo ha resultado una catástrofe.

Sobre todo, desde su desesperado intento de empezar a poner orden por la Fiscalía Anticorrupción. Su candidato, desde el principio y quizás por inspiración de Marchena, era Manuel Moix, que como fiscal en Madrid había sido tan dócil con los primeros escándalos en la comunidad autónoma que si hubiese actuado de otra forma esos escándalos no hubieran llegado a donde han llegado, porque tuvo la oportunidad de desmontar muchas tramas y no lo hizo. Por eso se entiende el interés del hoy preso Ignacio González, según las conversaciones telefónicas grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en que fuese Moix el que se encargase de Anticorrupción. “Ese es el que nos conviene”, llega a decirle por teléfono al exministro Eduardo Zaplana.

A ese nombramiento se opuso en su momento la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, según le comunicó ella misma al ministro de Justicia. Catalá, de acuerdo con instancias superiores, decide nombrar a José Manuel Maza, que accede al nombramiento de Moix, inaugurando además una nueva etapa para un mayor control de los fiscales, especialmente de los que están llevando los más escandalosos casos de corrupción, como los fiscales del caso 3% en Cataluña, que han sido retirados de la investigación. Esas intervenciones, según fuentes judiciales, respondían a un plan al que no serían ajenos el propio presidente del Gobierno, la vicepresidenta y el ministro de Justicia, para poner orden en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía.

Por ahora, ese plan ha terminado en una auténtica catástrofe política y con un desgaste notable para el Ejecutivo. Hasta el punto de que la última encuesta realizada por Metroscopia presenta un panorama descorazonador: el 67% de los ciudadanos considera que los fiscales anticorrupción no pueden actuar con total libertad. El 84% de los entrevistados tiene, además, la impresión de que los jueces reciben presiones para condicionar su actuación en los casos de corrupción. Una mayoría aplastante (82%) está de acuerdo con la idea de que los miembros de los partidos prefieren no darse por enterados de las prácticas ilegales “para no meterse en líos” ni “crear problemas” a sus formaciones. Esta sensación también es muy mayoritaria (72%) entre los votantes del PP, el partido estatal más afectado por los escándalos, y se dispara (87%) entre los partidarios del PSOE.

Ahora, como en el antiguo juego de los barquitos, estamos en una situación curiosa: Maza y Catalá, tocados, y Moix... hundido.