Investidura en agosto u operación Viterbo

Cuenta la historia del Papado que la elección de Gregorio X fue casi tan difícil y complicada en el siglo XIII como la investidura de un presidente del Gobierno en España en el siglo XXI. Para elegirlo se tardaron 34 meses, de noviembre de 1268 a septiembre de 1271. Los 18 cardenales que participaban en la elección, reunidos en el palacio papal de la ciudad de Viterbo, en Italia, estaban divididos en varias facciones, tenían que elegir entre varias candidaturas y no lograban llegar al 75% necesario, según las disposiciones del Concilio de Letrán. Además, tanto el duque de Anjou como el emperador de Alemania querían imponer a su propio candidato.

Primero aislaron a los cardenales del mundo exterior; posteriormente, ante la falta de resultados, las autoridades de la ciudad levantaron todos los techos del palacio a pesar de que era invierno y la salud de muchos cardenales, precaria; más tarde, y mientras seguían los debates, se decidió cortarles el suministro de alimentos, que se sustituyeron por pan y agua. Por último, y tras la muerte de varios cardenales, eligieron a Teobaldo Visconti (Gregorio X), obispo de Piacenza, que luchaba en Tierra Santa cuando le llegó la noticia.

Aquí hemos entrado en el octavo mes de nuestro particular cónclave y nuestros cardenales (del PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos) siguen sin elegir a alguien capaz de pasar la investidura, ser elegido presidente del Gobierno y formar un gabinete capaz de cumplir los compromisos con Bruselas, elaborar, como nos piden, unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 que respeten los principios de estabilidad y la disminución del déficit y comenzar a regenerar la vida política del país, sumida en la peor crisis desde el inicio de la Transición en 1978, complicada estas semanas por la decisión del Parlamento de Cataluña de iniciar el proceso de desconexión con España para declarar la independencia unilateral.

Terminada la cuarta ronda de consultas del jefe del Estado, el pasado 28 de julio, el Rey volvía a proponer a Mariano Rajoy candidato a la presidencia del Gobierno, después de que en enero, tras la propuesta formal de La Zarzuela, el presidente del Gobierno en funciones declinase; algo no previsto en la Constitución que provocó un conflicto entre Moncloa y La Zarzuela. En esta ocasión, Rajoy no declinaba el mandato real, pero hacía público que podía declinar en diferido. Durante días el debate nacional ha discurrido sobre si, una vez aceptado el mandato real, el candidato puede rechazar ir a la investidura.

Desde el punto de vista constitucional, no cabe duda (artículos 99 de la Carta Magna y 170 del Reglamento del Congreso de los Diputados) de que la aceptación de la oferta del Rey lleva consigo pasar por el trámite de la investidura, entre otras cosas porque no hay otro para, dos meses después de una investidura, poner en marcha el mecanismo para la celebración de nuevas elecciones generales. En eso estamos, cuando se está cerrando este número de TIEMPO, que coincide con el tradicional periodo de vacaciones estivales. Rajoy, que quiere tener listo su Gobierno para finales de agosto (de manera que le dé tiempo a aprobar el techo de gasto y los Presupuestos de 2017 el 23 de septiembre para ser remitidos al Parlamento y, sobre todo, a Bruselas el 15 de octubre, el último plazo que ha fijado), ha iniciado una serie de consultas con dos posibles aliados.

Con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, al que quiere convencer (no se sabe a cambio de qué) que cambie su “no, no y no”, por la abstención en la segunda votación de la investidura, donde solo cuenta que los Síes superen a los Noes, y con Albert Rivera, con el que quiere pactar que cambie su abstención por un Sí para acudir a la investidura con un grueso de 169 votos (más el posible de Coalición Canaria). Negociación difícil, porque Ciudadanos sostiene que ya han cambiado el No por la abstención y que la clave está en convencer al PSOE, aunque todavía no está despejada la incógnita de si Sánchez intentará una segunda investidura con Unidos Podemos y algunos nacionalistas, opción que se ha complicado con la deriva que han tomado Convergència y Esquerra (Junts pel Sí) al plantar cara al Tribunal Constitucional y al propio Estado, iniciando el proceso de desconexión de Cataluña con España.

Se inician pues las vacaciones de agosto con la amenaza de unas terceras elecciones, que según el calendario que empieza a manejarse se celebrarían la semana anterior a Navidad, el domingo 18 de diciembre, siempre que haya investidura y que esta se celebre los días 23, 24 y 26 de agosto, algo que tampoco está garantizado, a menos que se ponga en marcha la operación Viterbo. Una operación que consiste en encerrar a los 350 parlamentarios (nada de los jefes de filas, es decir, nada de cardenales) en el Congreso de los Diputados, para que elijan un candidato que se le insinúe al jefe del Estado y que pueda formar Gobierno y evitar unas terceras elecciones. Se puede intentar, incluso, que además del aislamiento se les ponga a régimen estricto de comidas, sin llegar al pan y agua, pero desechando levantar el techo del Congreso, que en su última ampliación ha superado todo lo presupuestado previamente. Eso sí, hasta que no tomen una decisión no cobrarán ningún tipo de salario ni disfrutarán de ninguna de las ventajas que tienen como diputados.