En la recta final de un día histórico…

A poco más de una semana del referéndum de independencia de Cataluña del domingo 1 de octubre –un día histórico  porque pase lo que pase las cosas no serán iguales– la Generalitat insiste en  llevar a cabo su proyecto pese a los siete recursos del Tribunal Constitucional, insistiendo en la ilegalidad de todas las medidas que se han venido tomando, incluyendo la Ley de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la República catalana, que es una ley de “desconexión con la legalidad española”, la  Constitución y el propio Estatuto de Cataluña.

De hecho, esa “desconexión” ya ha empezado al anunciar el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, al Ministerio de Hacienda que rompe todos sus compromisos adquiridos, con lo que ha dejado de enviar informes sobre el destino de los gastos de esos 1.500 millones de euros que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) envía mensualmente a la Generalitat para permitir su funcionamiento ya que ningún organismo está dispuesto a prestar financiación, al calificar las tres agencias de calificación la situación financiera de la comunidad catalana y su deuda como “bono basura”.

Tras recordar que en julio ya dejó la deuda de Cataluña en un BB con perspectiva negativa (nivel cuestionable o más conocido como bono basura) debido a las tensiones políticas, la agencia Fitch acaba de advertir  que las relaciones con el Gobierno central son “importantes para el perfil de la deuda catalana” ya que la región es “muy dependiente del apoyo de liquidez del Gobierno central”, con lo que significa que la situación económica de la comunidad se complica hasta unos extremos preocupantes. Y no solo se complica, sino que tiene sus repercusiones en la economía española. Lo ha recordado el ministro de Hacienda en su comparecencia en el Parlamento: “Las políticas secesionistas están amenazando la recuperación económica en Cataluña y en el resto de España”. Y eso que hablamos de la  región que más aporta al Producto Interior Bruto Español (PIB), la que cuenta con la mejor situación económica de todas las comunidades autónomas y la que menos paro tiene. Pero el problema es que las agencias han rebajado la calificación de la deuda catalana a bono basura. Algo que, según Montoro, no se explica si no es por su actual situación interna de división y la paralización de toda la actividad que no sea la encaminada a forzar el referéndum y la posterior secesión.

No deja de ser significativo que una publicación económica como Business Insider que habla de un nuevo término bautizado como “catalexit”,  jugando con el brexit británico, afirme que una separación de Cataluña de España “podría ser peor que el brexit” británico. La mayor parte de la discusión sobre el “catalexit”, se ha centrado en las consecuencias políticas  y culturales. Sin embargo el banco holandés ING ha estudiado los posibles impactos  económicos de la ruptura de vínculos de la región con España. El impacto sobre la economía puede ser “mayor proporcionalmente que el impacto del brexit”, ya que saldría automáticamente de la UE”.

Al igual que con el brexit, se piensa que un “catalexit” sumiría a la región en un largo periodo de incertidumbre y preocupación y, probablemente, sería negativo para el sector privado, escribe el economista de ING Geoffrey Minnie en una nota titulada “Cataluña: el precio de estar soltero”. “Si la preocupación se convierte en pánico, también podría desatarse un pánico bancario y controles de capital”. La declaración de independencia respecto de España “implicaría automáticamente que Cataluña tendría que abandonar la Unión Europea, lo que inevitablemente provocaría problemas sobre su pertenencia al mercado único europeo”.

Todo esto explica que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante la gravedad del anuncio de desconexión, que ha vuelto a alarmar a las agencias de calificación, no haya tenido más remedio que intervenir la Hacienda catalana, entre  otras cosas , para impedir que cualquier gasto vaya a parar al ilegal referéndum. Es decir, a partir de esta semana, será el Gobierno central el que se encargará de pagar los servicios básicos de la Generalitat, los gastos de Educación, de Sanidad, así como de los funcionarios y los proveedores.

Una medida que, efectivamente,  puede ser una interpretación económica del espíritu del artículo  155 de la Constitución, uno de los instrumentos, junto con la Ley de Seguridad Nacional , que el Gobierno tiene en cartera para aplicar en su momento. Esa aplicación ha vuelto a ser insinuada, en un tono más de lamento  que de autoridad, por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, ante la junta del PP catalán: “Nos van a obligar a llegar a lo que no queremos”.

Y ¿qué es lo que no  se quiere? No se  quiere sobre todo, equivocarse después de meses y meses de indecisión, pensando que todo era un suflé que iba a bajar y que nunca se llegaría a esta situación por los mensajes que Oriol Junqueras le enviaba a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. No se quiere caer en la trampa de que lo que en estos momentos es una farsa, pueda convertirse en tragedia…