El año negro, negrísimo, que nos espera
09 / 01 / 2012
José Oneto
Empieza un año con las peores previsiones económicas. El país acaba de entrar en una nueva recesión y el Gobierno ha aprobado el plan de ajuste más duro de toda la democracia.
Año negro el que se fue con las doce campanadas la pasada Nochevieja, y año negro, negrísimo, el que comenzó el pasado 1 de enero, con las peores previsiones económicas, con un país que, según el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de entrar en una nueva recesión, que es posible que se extienda a todo el año 2012, y con el primer plan deajuste que ha aprobado el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, el plan más duro de sacrificios que ha conocido el país en todo el periodo democrático.
Un plan de ajuste que incluye un aumento de impuestos (después de que durante años los liberales de la dirección del PP hayan venido defendiendo que había que ir a una rebaja de impuestos, para que ese dinero que va a parar al Estado esté en manos de los ciudadanos y de las empresas, que son los que consumen y crean puestos de trabajo), un encarecimiento de los servicios básicos, una congelación salarial de hecho, un aumento de las horas trabajadas por el mismo salario, un recorte de determinados beneficios para jóvenes y un plan de ahorro trimestral, de casi 9.000 millones de euros, que, por el momento, no afecta al Estado de Bienestar, pero que, en todo caso, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es solo “el inicio del inicio”, dando a entender que el verdadero ajuste se producirá a partir de marzo, con la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Todo para intentar cumplir el Plan de Estabilidad con el que el Gobierno se ha comprometido, para llegar a finales de 2012 a un déficit del 4,4% del PIB, objetivo difícil de cumplir si, efectivamente, como sostiene el nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el déficit de 2011 se cierra, como parece, en un 8% y no en un 6%, como realmente estaba presupuestado y pactado con Bruselas.
¿Es posible, con una economía en dura recesión y con un paro que supera los cinco millones de desempleados, afrontar un ajuste de más de 36.000 millones de euros, una cifra que triplica los ajustes que tuvo que abordar, presionado por Bruselas, el Gobierno de Rodríguez Zapatero? ¿No corremos el riesgo, si no existe el mínimo estímulo económico, de caer en una crisis a la japonesa, que dura ya 20 años? ¿Es posible pasar, en un solo año, de un 8% de déficit del PIB a un 4,4% sin que eso produzca una fractura social en un país que, aunque sensibilizado con el ajuste, teme que recaiga sobre los de siempre?
Año negro, negrísimo, para la economía y, también, para la política, salpicada por numerosos casos de corrupción, hasta el punto de que un presidente autonómico, el valenciano Francisco Camps, está compareciendo estos días ante un jurado popular por el escándalo de los trajes, derivado de la denominada trama Gürtel, y otro, el de la Comunidad de las Islas Baleares, Jaume Matas, se enfrenta a partir del día 9, en Palma de Mallorca, a uno de los múltiples juicios pendientes por el llamado caso Palma Arena, de desviación de fondos públicos, por el que se solicitan para él ocho años de prisión por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
Para colmo, un exministro, José Blanco, puede ser imputado en los próximos días por delitos de tráfico de influencias y cohecho, y está pendiente de declarar ante el Tribunal Supremo, mientras que el yerno de su majestad el rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, ha sido citado para declarar en el Juzgado número 1 de Palma, para finales del mes de febrero, por un asunto también relacionado con el caso Palma Arena.
De esta forma, por primera vez en la historia española, alguien relacionado con la Familia Real, tendrá que comparecer ante un juez y ante un fiscal anticorrupción, acusado de posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, delito fiscal y blanqueo de capitales, delitos que pueden suponer la petición de más de ocho años de prisión.
Un panorama, como se ve, negro, negrísimo.
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