De la semana negra a la semana del horror

La semana negra de Mariano Rajoy convertida en semana trágica (ver el número 1.791 de Tiempo) con la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se ha transformado en semana del horror tras la difusión de la lista de más de medio centenar de investigados en el escándalo –saqueo– de la comunidad madrileña, convertido en uno de los mayores episodios de corrupción del Partido Popular de los últimos años. Un escándalo que, como una bomba de racimo, ha comenzado a estallar poco a poco, y que engloba los mayores y más graves casos de abusos económicos de los diez últimos años.

Investigado durante meses a través del control de su teléfono y de un servicio de escucha en su despacho profesional, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco (antiguo director general de Justicia de la Generalitat valenciana en la época de Eduardo Zaplana y Francisco Camps), Ignacio González ha sido imputado formalmente en posibles delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a banda criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. La situación de quien era su jefa, Esperanza Aguirre, era insostenible. Toda una serie de delitos que constituye un auténtico catálogo que se complementa con los de Francisco Granados, el otro hombre de la comunidad madrileña preso en la cárcel de Estremera y con el que constituía la pareja inseparable de Aguirre, que se veía obligada a dimitir como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, en esa semana del horror, según ella “traicionada por dos de sus colaboradores más estrechos.

Según la información en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los primeros datos de la investigación empiezan a conocerse en julio de 2016, aunque realmente el caso estalla hace dos semanas, con una docena de detenciones, entre ellas la del propio González que, según fuentes de la investigación, ya esperaba su arresto, por filtraciones por parte de sus privilegiadas conexiones con la Administración.

Los hechos que se le atribuyen a González se estructuran en varios apartados: la instrumentalización de la Agencia de Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar al PP; la obtención de comisiones ilegales por adjudicaciones relacionadas con el Canal de Isabel II, organismo del que se hizo cargo en 2003 siendo vicepresidente autonómico, con Aguirre de presidenta; el enriquecimiento a través de plusvalías ilícitas en inversiones realizadas por el Canal; el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a OHL del tren de Móstoles a Navalcarnero; la ocultación y lavado del dinero conseguido y el sobrecoste pagado por empresas en Latinoamérica que, en algunos casos, habría sido cuatro veces superior a su precio.

Toda una serie de delitos, algunos de los cuales eran conocidos por el propio presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, informado por el extesorero Álvaro Lapuerta y por enviados de algún miembro de la familia Villar Mir, harto de pagar comisiones a través de Javier López Madrid, amigo de González e implicado, también, en el escándalo de las tarjetas black. Lo sabía Rajoy (que en público puso en duda la honorabilidad del político madrileño antes del congreso de Valencia), lo sabía Lapuerta, lo sabía Luis Bárcenas, lo sabía el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, que informó a Génova de la existencia de una cuenta numerada en Suiza utilizada por González. Lo sabían Juan Carlos Vera, coordinador de Organización, vocal del Comité Ejecutivo Nacional y secretario Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, y Carlos Floriano, portavoz adjunto del Grupo Popular, que pensó que se trataba de una pelea entre miembros del partido por las listas electorales...

En fin, lo sabía el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (ahora en prisión acusado de blanqueo de capitales, organización criminal, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude). Era la comidilla de Génova y la única que luchaba por la honorabilidad de González, a capa y espada, era Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, abducida por el personaje.

Sin poder seguir defendiéndole y teniendo en cuenta que a todos los cargos que había llegado González, había sido por designación de ella, se veía obligada a dimitir de sus cargos el pasado abril, en medio del desconcierto de la mayoría de los dirigentes del PP, que no entendían cómo se había llegado a esa situación en la que se habían cruzado todas las líneas rojas. Rajoy emprendía un viaje oficial por Brasil y Uruguay, Pedro Sánchez exigía su dimisión, el PSOE y Ciudadanos pedían su comparecencia ante una comisión para investigar la financiación ilegal del PP, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, anunciaba la presentación de una moción de censura, sin haberla planteado antes con nadie de su partido ni, por supuesto, del resto de los partidos. Una moción destinada al fracaso pero que ante la situación crítica creada por el escándalo González, convertía las semanas negra y trágica de abril en una auténtica semana del horror.