Cataluña: …y llegó el choque de trenes

Cuando este número de Tiempo esté en manos del lector, se habrá iniciado ese inevitable choque de trenes con el debate en el Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre, de la Ley de Referéndum del 1 de octubre, que está previsto que se convoque esta semana, y la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República: el primer paso de una ley de ruptura con España para, en caso de que en el referéndum gane el Sí, declarar la independencia de Cataluña y proclamar una república.

Es verdad que se viene hablando de ese choque de trenes desde hace años y, especialmente, desde que en octubre de 2016 el Parlament aprobó la hoja de ruta del proceso independentista. Desde entonces, la Generalitat y los partidos independentistas han estado jugando al ratón y al gato para dar las menores pistas posibles con el objeto de impedir la reacción del Gobierno central y los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional (TC). Lo único que ha perturbado el ardor independentista y, en algunos casos lo ha enfriado, es la actuación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas exigiendo responsabilidades económicas a los políticos por los gastos de la Generalitat en cualquier tipo de referéndum.

Esa decisión produjo una profunda crisis en el Gobierno de Carles Puigdemont y una recomposición del Govern, porque había consejeros que decían estar dispuestos a ir a la cárcel, pero no a poner en riesgo su patrimonio. Es por eso que varios altos cargos de la Generalitat decidían poner sus bienes a nombre de terceros, para evitar ser embargados por la Justicia, algo que es un claro alzamiento de bienes. La decisión es tan firme que el Tribunal de Cuentas ha iniciado el procedimiento para condenar por malversación de caudales públicos a Artur Mas, Joana Ortega y a los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau, por el referéndum del 9-N de 2014, lo que supondría que tendrían que pagar de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó aquella primera experiencia.

Superada esa crisis que obligó al presidente Puigdemont a remodelar su Gobierno, el Ejecutivo catalán lleva semanas retrasando la discusión en el Parlament de las leyes del referéndum y de “Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”. Cuando se escribe esta crónica esta última ley todavía no ha sido publicada en la web de la Generalitat, ni en ningún otro sitio, por temor a que el Gobierno la recurra inmediatamente ante el TC.

Sin duda, es el paso más importante que ha dado el independentismo a favor de la ruptura de España y constituye un auténtico desafío al Estado de Derecho, ya que habla de Cataluña como un territorio desgajado ya del territorio nacional que se constituye como república independiente, con su Justicia propia, sus instituciones administrativas al margen del Estado, la forma específica en que se pagará la deuda de Cataluña y los tres idiomas (español, catalán y aranés) en que podrán expresarse los catalanes y los que pidan la nacionalidad catalana.

Una vez iniciado el proceso de independencia, el presidente de la Generalitat será reconocido de forma automática como jefe del Estado catalán, un cargo que ocupará durante el periodo de transitoriedad. La Constitución definitiva de la nueva república se redactará tras un proceso constituyente, que tendrá tres fases: una primera de deliberación en la que se creará un foro social de discusión, una segunda que consistirá en unas elecciones para escoger la Asamblea Constituyente y una tercera constituida por un referéndum para aprobar esa Constitución.

La mayoría parlamentaria para aprobar esa nueva Constitución catalana será de tres quintas partes del Parlament, 81 diputados; una cifra muy inferior a los dos tercios necesarios ahora para modificar el referéndum. En esas elecciones constituyentes podrán votar todos los catalanes y todas aquellas personas que hayan solicitado la nacionalidad catalana. Una disposición final insta a aprobar todas las solicitudes de nacionalidad antes de las constituyentes. La prisa que la Generalitat, presionada por la CUP, se ha dado en anunciar esa Ley de Transitoriedad da idea de que dan por celebrado el referéndum y que dan por sentado que ganará el Sí. Lo acaba de confirmar Puigdemont en unas declaraciones al periódico La Vanguardia: “Todo el mundo sabe íntimamente que esta vez será la vencida”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha endurecido su discurso y ha señalado que el problema más acuciante que tiene el país es “el golpe a la democracia que un puñado de gente instalada en el extremismo” y “secuestrados por radicales” pretende llevar a cabo en Cataluña, y que “busca la voladura de la Constitución”. A Rajoy, presionado por una parte por su partido para que aplique ya el artículo 155 de la Constitución (que será difícil de aplicar porque ya han pasado todos los plazos que la ley establece para que Generalitat conteste a las requisitorias del Senado) cada vez le quedan menos recursos, a menos que recurra a la Ley de Seguridad Nacional, en la que él debería asumir todos los poderes ante una crisis.

Si, finalmente, la Mesa da el visto bueno a cada una de las leyes, en el palacio de la Moncloa se celebrarían sendos consejos en días consecutivos y con un único punto en el orden del día: el recurso ante el Tribunal Constitucional. Para este viernes 8 de septiembre ya quedaría el tercer Consejo de Ministros, el ordinario, donde se abordarían los diferentes acuerdos previstos para la semana.