Cataluña y España, al borde del precipicio

13 / 10 / 2017 José Oneto
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El Gobierno ha dado el primer paso para activar el artículo 155 tras la declaración de independencia y su suspensión para que se establezca un diálogo ya imposible.

Cuando escribo, el miedo se ha apoderado de parte del Gobierno de la Generalitat, a la espera de que pasen las horas para que llegue la temida tarde del martes 10 de octubre, en la que el presidente Carles Puigdemont ha convocado al Parlamento catalán para valorar lo que él llama la “situación política” de la comunidad autónoma. En ningún momento se habla, oficialmente, de otra cosa ni se dice nada por escrito, aunque en el fondo de la convocatoria está implícita la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que tenía que haberse realizado en la sesión parlamentaria del lunes 9 de octubre, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, ante un recurso de amparo presentado por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Puigdemont tenía la intención de comparecer ese lunes ante el pleno del Parlamento para valorar los resultados y los efectos del 1-0 con la declaración de independencia sobre la mesa.

Ya estaban cerrados los resultados y las presiones para hacerlos públicos aumentaban por horas y, además, Banco Sabadell y Caixabank, que veían cómo aumentaba espectacularmente la salida de efectivo y cómo una importante parte de sus clientes se llevaban sus cuentas a las sucursales de la Franja de Aragón, ya habían decidido trasladar sus sedes sociales a Valencia y Palma, respectivamente. Se lo habían advertido los presidentes de las entidades, Josep Oliu e Isidre Fainé, al vicepresidente económico, Oriol Junqueras, y al propio Puigdemont, horas antes de su discurso en el que quiso responder al discurso del día anterior del Jefe del Estado. En ese discurso, el Rey se había limitado a exigir que como representante del Estado en Cataluña, Puigdemont volviese a la normalidad y al acatamiento de la Constitución y del Estatuto.

Puigdemont, que tenía mucho interés en responder al discurso del Jefe del Estado, se agarraba a la Constitución (que no acepta y que ha violado), para insistir en que Felipe VI tiene un papel de árbitro que no está ejerciendo; sostenía que su discurso ha sido el discurso de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Pero lo más importante era su empeño en recorrer el camino (el de la independencia) que muchos países, decía, ya han recorrido. No se había querido enterar de que el Rey se dirigía al país para abortar un golpe de Estado, como hizo su padre un 23 de febrero de 1981.

Mientras tanto, bajo la presión de la CUP, se hacían públicos unos resultados electorales que carecían de la mínima credibilidad. Los datos del recuento definitivo hechos públicos no cuadraban con los avanzados por el Govern con el 95% escrutado. Nada preocupado por eso, el Govern anunciaba públicamente que el 1 de octubre hubo 2.286.217 de votantes (43,03%), de los cuales 2.044.038 votaron a la independencia (90,18%); 177.547, No (7,83%); 44.913, en blanco (1,98%); y 19.719, nulos.

Simultáneamente la Generalitat trasladaba estos resultados al Parlament en una carta firmada por el vicepresidente Junqueras; el portavoz, Jordi Turull; y el conseller de Exteriores, Raül Romeva. Si el Govern aplica el artículo 4 de la ley del referéndum, el Parlament debe celebrar en un máximo de dos días (se cumplían el lunes de la sesión que suspendió el Constitucional) tras la proclamación oficial de resultados, “una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña” El Govern señalaba en el mismo comunicado que él ha sido el responsable del recuento ejerciendo de Administración Electoral de Catalunya (no hay junta electoral porque todos los miembros han dimitido ante el anuncio de que serían multados con 12.000 euros diarios) y concluye que, publicando el resultado, “el Govern de la Generalitat ha cumplido el mandato del Parlament de celebrar el Referéndum de Autodeterminación de Cataluña”.

Sin embargo la preocupación aumentaba cuando se producía una verdadera carrera por abandonar Cataluña temiendo una DUI. La lista aumentaba por horas: Gas Natural, Banco Mediolanum, Dogi, Oryzon, Service Point, Eurona, Arquia Banca, Catalana de Occidente, Aguas de Barcelona, Abertis, Torras, Colonial, Renta Corporación, y, a la espera, Codorniu y Freixenet. Una sangría que supone el 40% del PIB catalán

Y, para colmo, la víspera del día histórico se producía el gran conflicto dentro del partido de Puigdemont, el PDeCAT, partidarios unos de una declaración puramente simbólica y otros de una declaración a la eslovena, en diferido, con tiempo para negociar, mientras la CUP insistía en que había que cumplir lo aprobado y lo votado. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional de Cataluña llamaba a concentrarse en las puertas del Parlament una hora antes de la sesión definitiva... porque no se fían de Puigdemont. Es decir, todos los que han llevado a Cataluña y a España al borde del precipicio enfrentados entre sí y sin saber qué hacer.

PS: cerrada la edición de este número el Gobierno ha dado el primer paso para activar el artículo 155 para intervenir la autonomía catalana tras la declaración de la independencia y su suspensión para que medien intermediarios y se establezca un diálogo que a estas alturas es imposible. De lo que responda el presidente Puigdemont al requerimiento de que vuelva a la legalidad y rechace la independencia, dependerá lo que pase los próximos días.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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