Cataluña: historia de diez días de octubre

20 / 10 / 2017 José Oneto
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Ahogado por las presiones políticas y financieras, Puigdemont ensayó una pirueta retórica para no saltar al precipicio que ha acabado activando el artículo 155 de la Constitución.

El Parlament, tras el discurso de Puigdemont el 10-O

Ante los ojos del mundo, Carles Puigdemont ha llevado el desafío al plano de lo surrealista”. De los cientos de titulares que ha tenido que leer este cronista estos días, sobre el desarrollo de uno de los actos de la Gran comedia catalana que se viene preparando, desde hace años, primero por el delincuente Jordi Pujol i Solei, casi en la clandestinidad, y después por su heredero Artur Mas i Gavarró, con un ensayo general celebrado el pasado 1 de octubre, he querido centrarme en ese brillante titular, del periódico argentino La Nación, perteneciente a una crónica del periodista Martín Rodríguez Yebra.

El lead con el que Yebra comenzaba su crónica, al día siguiente del juego de manos que hacía el presidente de la Generalitat, era modélico: Puigdemont convocó al mundo entero a la ceremonia surrealista de la fundación de una república en suspenso. Su declaración de independencia duró los diez segundos del aplauso y alguno más, sin euforia de su bloque de diputados. La épica ya no es lo que era. Ahogado por las presiones políticas y financieras, el presidente catalán ensayó una pirueta retórica para frenar, al borde del precipicio, sin asumir el coste de decirles a la cara a sus seguidores que les había hecho una promesa imposible de cumplir.

Dijo que asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, para, de inmediato, en diez segundos, que fue lo que duró ese tercer intento de independencia, decir que suspendía los efectos de lo que acababa de afirmar para abrir una puerta al diálogo. ¿Qué significa eso? Algo así, decía el corresponsal, “como estar medio embarazada”. Se pueden quedar sin la gloria y con todas las cuentas por pagar.

Pero el peso sobre los hombros de Puigdemont se había tornado insostenible. La fuga masiva de empresas y el riesgo de un corralito bancario hicieron que se echara a temblar la burguesía catalana, sostén del partido del presidente, PDeCAT (ex Convergència). No solamente eso: miles de catalanes de a pie que ansían la independencia habían peregrinado hasta los bancos a preguntar qué hacer con sus ahorros, mientras otros miles ni siquiera habían preguntado y se dirigían directamente a los pueblos cercanos de la Franja de Aragón, huyendo de un posible corralito para poder disponer de la ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos, que garantizaba una parte de sus ahorros, mientras el efectivo salía a chorros ante la alarma del Banco de España. Al mediodía llegaba la advertencia definitiva cuando el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se dirigió al Gobierno de Cataluña: “No tomen una decisión que haga imposible el diálogo”.

La soledad de los separatistas era patente. Europa no estaba con ellos. Los tribunales, tampoco. Ni siquiera la sociedad catalana, o al menos una mitad de ella que se resiste a la ruptura con España y que, por fin, decidía salir a las calles de Barcelona y de toda España, defendiendo la unidad de la nación y la vigencia de la Constitución. Se iniciaba una situación límite, con un presidente presionado por los más extremistas de sus aliados para saltar al precipicio. Algunos le pedían acelerar y que del choque naciera una crisis inmanejable que, quizá, terminara por abrir la puerta a la independencia. Sin embargo, parece que al final, ante el miedo al precipicio, influyó más la voz de los moderados del PdeCAT, muy sensibles a la voz del poder económico, alarmado por la masiva salida de empresas encabezadas por los dos grandes bancos catalanes : el Banco Sabadell, que trasladaba su sede a Alicante, y Caixabanc, que se instalaba en Palma de Mallorca.

Detrás de ellos, la gran huida, hasta el extremo de que al menos 540 empresas han abandonado ya Cataluña con destino a otras poblaciones españolas, según datos del Colegio de Registradores de España. El gran éxodo de sedes de empresas se produjo el pasado día 9 de octubre, con un total de 212 empresas, otras 177 inscribieron el cambio societario el día 10, y 135 lo hicieron el día 11. Durante el mes de septiembre, solo 22 empresas trasladaron su sede. Una auténtica desbandada que, además, se acentuaba con un aumento del rechazo de los consumidores fuera de Cataluña a todos los productos fabricados en la comunidad autónoma.

La lista de empresas trasladadas es destacable en número, pero especialmente en el nivel y tamaño de sus integrantes. Y es que cuanto mayor es una empresa, más lejos tiene a sus clientes y proveedores. Existen otras de ámbito internacional con más opciones de elección, pero, en cualquier caso, el arrullo de la UE es demasiado cálido para ser despreciado frente al páramo que vislumbran esas empresas en una Cataluña independiente. El argumento de las empresas es, sobre todo, salvaguardar la seguridad jurídica y proteger los intereses de sus clientes. Lo que no habían conseguido los políticos, los manifestantes, las presiones y alarmas de todo tipo, lo conseguían los dueños del dinero, que aunque en algunas ocasiones apoyaron el Procés nunca creyeron que esa futura Cataluña prometedora, y rica, llegase a ser la Cataluña del paraíso, de la leche y la miel, que habían anunciado y que muchos habían creído.

A Puigdemont solo le quedaba vestir la rendición. No lo logró. Los simpatizantes que se habían reunido cerca del Parlament, convocados por la CUP y por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) el martes 10 de octubre, iban a ver la revolución en pantallas gigantes, pero se retiraron aquella noche llorando y gritando “¡traición!”. Iban a una fiesta, contaba Rodríguez Yebra, y terminaron viendo un funeral político. Empezaba el principio del fin, la gran tragedia. La primera independencia había durado unos días; la segunda, unas horas; y la tercera, unos segundos: el tiempo del sí pero no y el imposible intento de mediación y negociación, ante lo que, en estos momentos, sigue siendo un golpe de Estado.

Al día siguiente se reunía el Consejo de Ministros en el palacio de la Moncloa y antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno intervenir la autonomía, se le requería a Puigdemont si había declarado la independencia o no. Tenía de plazo para responder hasta las 10 de la mañana del lunes 16 de octubre. A esa hora, el todavía presidente de la Generalitat dudaba, presionado por todos. Pero dos horas antes de las diez de la mañana de ese lunes 16 de octubre, 15 días después del simulacro de referéndum, llevaba a Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que no se contestaba si, efectivamente, se había declarado la independencia o no y se pedía un diálogo sin hacer la mínima referencia a la vuelta a la legalidad constitucional. Horas más tarde, el presidente Rajoy advertía en otra carta de que Puigdemont será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia al artículo 155. El presidente lamentaba “profundamente” que el jefe del Ejecutivo catalán no hubiese contestado al requerimiento que le efectuó y explicaba que esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en ese artículo 155 del texto constitucional. Un artículo que pondrá en marcha el viernes 20 de octubre si, en un segundo requerimiento el señor Puigdemont, no vuelve, en el plazo de tres días, a la legalidad y a la normalidad constitucional. Simultáneamente, la Audiencia Nacional instaba el ingreso en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, investigados por un supuesto delito de sedición, mientras Josep Lluís Trapero, el major de los Mossos d’Esquadra, era privado de su pasaporte y se le ordenaba la comparecencia periódica en los juzgados.

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