Cataluña: estamos donde estábamos, pero cada vez peor

Con la entrevista entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, se cierra oficialmente el calendario político y se inicia el largo paréntesis veraniego que se verá alterado por la Diada del 11 de septiembre en Cataluña, que este año tendrá un especial significado, al celebrarse a solo dos meses del anunciado referéndum independentista y por su carácter especialmente reivindicativo dado que se celebra el 300 aniversario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión, un hecho que se ha convertido en todo un símbolo de la independencia. Nada que ver con ese concepto de “algarabía” con el que el poder, y especialmente el presidente Rajoy, ha venido observando la fiesta oficial catalana.

Un referéndum que, a última hora, intentan parar los grandes empresarios catalanes y, sobre todo, quienes manejan los bancos que tienen su sede en la comunidad autónoma, con una propuesta conocida como la “tercera vía”, que llega demasiado tarde, pero que es un intento del poder establecido para frenar el “choque de trenes” que lleva, inevitablemente, a la consulta soberanista sobre la escisión del territorio nacional. Esa “tercera vía” está articulada en torno a cuatro ideas básicas: el reconocimiento de Cataluña como nación; la plena competencia de la Generalitat en todo lo que se refiera a la lengua y a la cultura; la plena capacidad para la organización local; y un pacto fiscal similar al que en su momento dio lugar al Concierto Económico vasco, para que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos mediante una Agencia Tributaria propia. Fue precisamente la negativa de Rajoy al pacto fiscal la que provocó la escalada de Mas que, por el momento, ha terminado con la convocatoria del referéndum independentista.

El año pasado, el curso político terminaba con la inquietud que suponía que las únicas tres vías que los independentistas planteaban como salidas a la crisis pasaban por un referéndum secesionista, unas elecciones plebiscitarias seguidas de una proclamación de independencia o, directamente, una declaración unilateral de independencia desde el Parlamento autonómico. Un año después, estamos donde estábamos, pero peor. Con un presidente de la Generalitat más desgastado políticamente y desplazado por su aliado Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que, además, ha tenido que asumir el coste de la dimisión del secretario general de su partido, Convergència, Oriol Pujol, tras su procesamiento por soborno y tráfico de influencias. A ese desgaste contribuía la semana pasada el máximo responsable de Unió, el portavoz de CiU en el Parlamento, Josep Antoni Duran i Lleida, que dimitía de su puesto de secretario general de la federación en disconformidad con la forma de llevar el proceso soberanista el presidente de la Generalitat. Y, también con un presidente del Gobierno que no ha dado el mínimo paso hacia la reconducción del proceso, convencido de que las aguas se serenarían, cuando ha ocurrido lo contrario: la tensión ha seguido subiendo, la hoja de ruta le ha sido arrebatada a la Generalitat por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), cuyo plan último para 2015 es repetir en la barcelonesa plaza de Cataluña lo ocurrido en la plaza de Maidan en Kiev, y el nacionalismo catalán ha ido adquiriendo más radicalidad y más fuerza, hasta el punto de que, hasta ahora, no se vislumbra ningún tipo de acuerdo que no pase por la convocatoria del referéndum, a pesar de todos los pronunciamientos internacionales en contra. Un referéndum que, diga lo que diga Mas, no se va a celebrar.

Ha pasado un año; ha abdicado el rey Juan Carlos; ha sido proclamado Rey su hijo Felipe de Borbón y Grecia, Cataluña sigue siendo el primer problema político, se ha abierto un debate sobre el papel del nuevo monarca en el entendimiento entre Cataluña y el resto de España, y la realidad es que estamos como estábamos, pero con el calendario en los talones, a menos que la entrevista entre Rajoy y Mas haga cambiar sustancialmente la situación, algo que no parece probable, porque Mas ha llegado demasiado lejos para echarse atrás.

Esto es en lo que insiste un grupo de escritores y periodistas, encabezados por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en un manifiesto que lleva por título Libres e iguales, en el que rechazan “cualquier negociación” con los nacionalistas catalanes que, con el pretexto de evitar el conflicto que plantea el secesionismo, “limita la soberanía del conjunto de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos”. A este manifiesto le ha ido seguido otro de un grupo de catedráticos e intelectuales encabezados por Nicolás Sartorius en el que afirman que la única salida pasa por una negociación que termine en una reforma constitucional de corte federal y que garantice “el reconocimiento de las identidades diversas que componen nuestro país, el establecimiento de una cámara territorial con atribuciones legislativas exclusivas en sus competencias, una distribución clara de competencias entre la Administración general y las comunidades, una financiación justa y equilibrada, basada en los principios de igualdad de derechos, de solidaridad entre los territorios y de cordialidad, en el sentido de que ninguna comunidad se empobrezca por causa de la referida solidaridad”.

Y ahí tenemos al presidente Rajoy entre manifiestos, contramanifiestos, dimisiones, declaraciones, propuestas y contrapropuestas, y hasta peticiones de reforma de la Constitución, que amontona sobre su mesa de trabajo, esperando que las cosas se calmen.