Cataluña: el gran ridículo de una república de papel

Casi a escondidas, con la papeleta bien cerrada excepto los que se pronunciaban por el No, quienes desafiantes han estado luchando por la independencia de Cataluña durante años, enfrentándose con la Justicia y contra distintas resoluciones del Tribunal Constitucional, se refugiaban el viernes 27 de octubre en una votación secreta para declarar en el Parlament, al margen de la legalidad, la independencia de Cataluña y convertir la comunidad autónoma en una república “como Estado independiente y soberano, de Derecho, democrático y social”. Una república de papel no reconocida por nadie que ni siquiera es aceptada por los propios catalanes.

Era el último acto de un gran ridículo, eso que el expresidente de la Generalitat catalana Josep Tarradellas decía que era lo único que no se podía hacer en política (“en política es pot fer tot, menys el ridícul”). Eso lo aplicó hasta el final de su vida, una vida que tuve el privilegio de que me contase durante sus pactos con Adolfo Suárez y después, cuando se retiró de la política y comprobó que quien pretendía ser el padre de la patria catalana, Jordi Pujol i Solei, identificaba su persona con Cataluña. “La gente se olvida de que en Cataluña gobierna la derecha; que hay una dictadura blanda muy peligrosa, que no fusila, no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte”.

Si algo nos ha demostrado todo el proceso catalán que ha terminado con la destitución del presidente de la Generalitat y de todo su Gobierno, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas el jueves 21 de diciembre, tras la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, es que, en efecto, en política se puede hacer todo, menos el ridículo. Y ridículo es celebrar una parodia de votación secreta en el Parlament, en contra de los propios letrados de la institución que la habían declarado ilegal, sin la participación de los partidos constitucionalistas y aprobar por 70 votos (con los que es imposible aprobar una ley importante o elegir, por ejemplo, al máximo responsable de la televisión pública catalana) la independencia de Cataluña, al tiempo que se proclamaba la República Catalana.

Ridículo fue celebrar una parodia de referéndum con papeletas traídas de casa; sin un censo creíble; con urnas que parecían recogedores de desechos escondidas en sacristías y en domicilios de miembros de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC); sin junta electoral, porque todos sus miembros dimitieron para evitar ser multados; invocando un derecho de autodeterminación como si Cataluña fuese una colonia que tiene que independizarse de la metrópoli; y sin que la consulta tenga los mínimos requisitos que establecen las disposiciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Todo un disparate al que se ha llegado tras hacer el ridículo meses y años, después de recorrer las cancillerías vendiendo una mercancía averiada, contratando a mediadores internacionales profesionales de cobrar por todo; sondeando a expresidentes de Estados Unidos que ni les han abierto sus despachos; repartiendo informes a embajadas tan manipulados que algunas los han reenviado a vuelta de correo...

Uno de los últimos ridículos ha sido dirigir sus argumentos internacionales, no hacia esa Dinamarca del Sur como modelo que no ha creído ningún país europeo, sino hacia Kosovo, el último país independizado y reconocido por muchos países europeos y EEUU. Para eso, los independentistas reforzaban la campaña para intentar vender la imagen de España como Estado antidemocrático, que no respeta los derechos humanos y que tiene oprimida a Cataluña, acogida al derecho de autodeterminación. Las operaciones judiciales contra la consulta del 1-O y las cargas policiales de esa jornada son los agravios que el separatismo esgrime para sostener su tesis. El objetivo es forzar una mediación internacional y preparar el terreno para una vía Kosovo, el “último recurso”, según los asesores de la Generalitat: una secesión unilateral apoyada en la supuesta vulneración de derechos humanos.

La prioridad del independentismo es consolidar en el escenario internacional la imagen de Cataluña como pueblo oprimido. En las redes sociales se ha venido manteniendo una intensa actividad para difundir imágenes del uso de la fuerza policial el 1-O, pero también de la reciente movilización violenta de la ultraderecha en Valencia. Hashtags como “Help Catalonia” o “SupportCatalonia” se reproducen con cientos de menciones dirigidas a personalidades internacionales. La ANC ha sido la más activa en esa campaña que pide a ciudadanos el envío de emails a los jefes de Gobierno de la UE. El documento que la ANC manda a las cancillerías europeas dice: “¿Podemos mirar hacia otro lado ante la brutalidad de la Policía contra su propia población? ¿Contra mujeres y gente mayor? ¿Hasta cuándo se puede mantener el silencio cuando reprimen a nuestros vecinos por sus opciones políticas? No es propio de una democracia avanzada del siglo XXI”.

La campaña en busca de argumentos para la vía Kosovo ha sido tan eficaz que más de 70 académicos británicos e irlandeses han elaborado un documento en el que aseguran en que en España no se respeta la libertad de expresión, se violan los derechos humanos, que hay una represión contra la población por “fuerzas paramilitares” y que existen presos políticos como los presidentes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes un tribunal ordenó prisión sin fianza en el marco de la investigación de los acontecimientos del 20 y el 21 de septiembre. El tribunal ha establecido como hechos probados que convocaron a miles de personas que destrozaron coches de la Policía y les animaron a rodear un edificio oficial donde la Policía y miembros de una comisión judicial fueron retenidos durante horas.

Después de numerosas rectificaciones y maniobras de todo tipo, han ganado la partida los sectores más radicales, los diputados y la estructura de la CUP, que han condicionado todo el mandato de Carles Puigdemont; los dirigentes de la ANC y Òmnium; y toda una serie de Comités de Defensa del Referéndum y de Comités de Defensa de la República (CDR), copiados de esa estructura de control total de barrios creada por la dictadura cubana. Esos son los que, al final, han llevado a Cataluña a un precipicio en el que muchos ya han empezado a comprobar que no está esa Dinamarca del Sur, sino el fantasma de Kosovo, el camino que los dirigentes secesionistas quieren recorrer para que esa independencia tenga en el futuro alguna viabilidad.

Es decir, que no hay garantías de que una vez establecida la legalidad con el cese en la Generalitat de todos los que han propiciado el golpe de Estado contra el Estatuto y la Constitución y tomadas las medidas para restablecer la normalidad con la intervención de los correspondientes tribunales de Justicia (lo que no significa que se pueda controlar la calle) dejen de hacer el ridículo... porque parece que eso está en su ADN. Si no, no se explica el mensaje de Puigdemont insistiendo en que es presidente de la Generalitat o que algunos consejeros se hayan incorporado a sus despachos anunciando que están allí como ministros de la nueva República Catalana, y que van a ser defendidos por los Comités de Defensa de la República... de esa república de papel que, ¡más ridículo!, puede tener su sede en Bruselas tras la huida de Puigdemont y cinco de sus consejeros para pedir asilo político en Bélgica simultáneamente a las querellas presentadas contra él y su Gobierno por sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.