Cataluña a 64 días del pulso final

Secreto absoluto sobre la ley de referéndum que solo ha sido esbozada e insinuada, en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC), pero no publicada; decisión de no hacer público el correspondiente decreto para la compra de urnas, después de que la Guardia Civil advirtiese a las empresas concursantes de que cometerían un delito si participaban en la fabricación de unas urnas para un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional; purga en el Govern exigida por su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la CUP de todos los consejeros que manifiesten sus dudas sobre la celebración del referéndum y no estén dispuestos a poner en juego su patrimonio personal en la aventura; tensión creciente entre diputados del PDeCAT y de ERC, que forman grupo en el Parlamento como Junts pel Sí, y ofensiva jurídica del Gobierno central contra los planes de la Generalitat.

Una ofensiva en los peores momentos de ese largo proceso hacia la independencia y la ruptura con España que inició el expresidente Artur Mas el 9 de noviembre de 2014, por el que fue condenado por el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años de inhabilitación por desobediencia y ahora, según la petición de la fiscalía, a una posible multa de 5,2 millones de euros, cantidad que dice no tener, por lo que será embargado. Todo eso en medio de la intervención de la Guardia Civil, en el Parlament y en la Generalitat, para registrar las dependencias en busca de pruebas sobre el pago de comisiones del 3% que, durante años, han ido a parar al partido de los padres independentistas, Jordi Pujol i Solei y Artur Mas i Gavarró.

Este es el panorama a 64 días del anunciado referéndum independentista del 1 de octubre, para el que no hay urnas (la Generalitat sostiene que las comprará en secreto y no descarta que la fabricación se haya encargado ya en China), ni papeletas, ni locales (los ayuntamientos ya han sido advertidos de la ilegalidad en la colaboración con los planes independentistas y de cuantiosas multas), ni funcionarios, que ya han anunciado que permanecerán fieles a la Constitución, ni siquiera censo electoral. Todo un disparate de un Procés que ha descarrilado, según corroboraba un grupo de intelectuales, artistas y escritores que han decidido rechazar el referéndum por ilegal. Que personajes tan representativos de la sociedad catalana como Juan Marsė, Eduardo Mendoza, Joan Manuel Serrat, Francisco Rico, Javier Mariscal, Lluis Pascual, Mario Gas o Isabel Coixet hayan puesto de manifiesto la ilegalidad de la consulta y la creencia de que el proceso ya ha descarrilado, es un duro golpe al independentismo porque, además, viene de un sector que no tiene nada que ver con “la caverna”, sino que es uno de los más representativos de la cultura catalana.

A este golpe le ha precedido una decisión que ha levantado ampollas en Cataluña al decidir el Gobierno de Mariano Rajoy que vinculará el pago de los fondos regionales a Cataluña a la remisión de certificaciones semanales que garanticen que no se han autorizado gastos relativos a la consulta. La amenaza de cortar los fondos a la endeudada región se produce en un momento ya tenso de la relación entre Madrid y Barcelona, a medida que el envite independentista se acerca a un punto de no retorno.

Y todo eso, dentro del mayor misterio sobre la forma de actuar y proceder. Esta semana tendría que debatirse en el Parlamento catalán el proyecto de ley esencial para las pretensiones independentistas, sobre la que pilotará posteriormente la ley del referéndum y que por decisión de los independentistas, será de lectura única, sin posibilidad de enmiendas y aprobados todos sus artículos por vía de urgencia, para no dar tiempo al Gobierno central a plantear los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional, sin que eso suponga un freno a la actuación del Gobierno, que tiene movilizados todos los mecanismos jurídicos y legales, tiene alertada a la Abogacía del Estado, al Consejo de Estado y tiene previsto, incluso, anular las vacaciones de funcionarios que tienen algo que ver con el Procés.

Por otra parte, remiso a utilizar el artículo 155 de la Constitución, por el que la Administración central asume determinadas funciones de la Generalitat, y descartada de momento la aplicación de la Ley de Defensa Nacional, que es lo que realmente quieren los independentistas para movilizar a sus partidarios, el Gobierno parece haber dado con la tecla para desmovilizar a muchos nacionalistas de boquilla: la de que respondan con su patrimonio personal y familiar de lo que está costando ese referéndum de independencia que viene a ser una dilapidación de los caudales públicos. En cuanto les ha afectado a la cartera, han sido muchos los que han dado un paso atrás, algo que ha sido utilizado por Junqueras y la CUP para forzar una auténtica purga en el Govern, que se ha extendido hasta la misma jefatura de los Mossos d’Esquadra, que en caso de conflicto tendrá que obedecer las órdenes constitucionales que reciba del Gobierno central, aunque el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, asegura que los Mossos respetarán la legalidad catalana y que no solo no impedirán la celebración del referéndum, sino que la “facilitaran”. Algo tan sorprendente como lo que ha manifestado el propio presidente de la Generalitat al periódico francés Le Figaro: que si el Tribunal Constitucional le suspende de sus funciones, como cabe dentro de sus competencias, no aceptará la decisión. “Solo el Parlamento catalán puede suspenderme”, ha desafiado al propio Rajoy y al Tribunal Constitucional.