Cataluña: a 30 días del referéndum de independencia

Cerrábamos julio (ver el número 1.804 de TIEMPO) con Cataluña a 64 días del pulso final y abrimos agosto a 30 días de ese pulso para el que el independentismo, según ha anunciado el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través del Financial Times, ya tiene preparadas 8.000 urnas. Es decir, que si creemos a los portavoces oficiosos del independentismo, ya tienen urnas guardadas en alguna sede diplomática en Barcelona, colegios preparados en ayuntamientos independentistas, y funcionarios dispuestos a obedecer las órdenes de la Generalitat, y no las del Gobierno.

Esta semana ya Junts pel Sí (JxS) y la CUP han dado un paso decisivo presentando en el Parlament la ley de transitoriedad nacional, bautizada como “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”, la principal de las “leyes de desconexión”, prevista para, en caso de que ganara el Sí a la independencia en el referéndum, crear un marco legal alternativo al español. La ley define a Cataluña como una república democrática y social, fija los límites territoriales del Estado, los derechos de los ciudadanos y las condiciones para acceder a la nacionalidad catalana. También establece cómo se llevará a cabo la sucesión de ordenamiento y administraciones. Igualmente se desarrollan las funciones estatales de Cataluña. También se incluye la creación de un Tribunal Supremo que suplantaría las competencias del Tribunal Constitucional (TC). Uno de los puntos claves de la norma es la recuperación de artículos del Estatuto de Cataluña que fueron derogados por el TC. La norma establece las reglas del proceso constituyente para elaborar la Constitución catalana. El nuevo Supremo catalán mantendrá el mismo nombre, hará de máxima institución del sistema judicial en Cataluña y contará con un espacio donde se debatirán materias constitucionales y de garantías de derechos, la Sala de Garanties.

Ahora se espera la publicación de la ley del referéndum, que puede ser firmada como decreto ley por Puigdemont, con lo que tendrá que asumir las responsabilidades por desobedecer al Constitucional o, por el contrario, puede ser presentada en el Parlament por el camino de lectura única gracias a la Ley de reforma del reglamento, igualmente rechazada por el Constitucional. Es decir, que aunque desde el punto de vista jurídico están cerradas todas las puertas, no se descarta que tanto JxS como la CUP sigan adelante con el referéndum, según ha declarado Puigdemont, que la semana pasada rompía una tregua no escrita de ataques al Estado central tras los graves atentados terroristas de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, que durante diez días han puesto a Cataluña en una situación crítica, mientras se emprendía una de las mayores operaciones policiales de la historia de los Mossos d’Esquadra, que, utilizando todos sus medios, transmitían al mundo la imagen de una Policía integral capaz de hacer frente a una grave amenaza terrorista sin la ayuda de la Guardia Civil, la Policía Nacional o los servicios antiterroristas.

En pleno proceso independentista, los atentados eran aprovechados para transmitir al exterior la imagen de que, de hecho, ya Cataluña podía funcionar como un Estado. Había que aprovechar la crisis para demostrar al mundo que el futuro Estado catalán tenía suficiente entidad como para desarticular la trama terrorista que había sumido en el miedo a España entera. Ese era el mensaje político que había que transmitir al mundo, sin que los Mossos, muchos de los cuales vienen del Ejército, de la Benemérita o de la Policía Nacional, tengan nada que ver con él y al margen del trabajo desarrollado. La tesis dominante la establecía The Wall Street Journal, basándose en que Cataluña era capaz de exhibir su capacidad de gobernarse con la investigación de los atentados y que “había actuado como si fuera un Estado”, semanas antes de un referéndum que Madrid se ha comprometido a bloquear.

Pero es que, además, el héroe de España (más bien de Cataluña, hasta el punto de aparecer su rostro grabado en camisetas) era, en esos días, según la prensa alemana, Josep Lluís Trapero, comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, “una Policía fundada en 1719 y con ello, la unidad de Policía más antigua de Europa. Su existencia es una concesión a la autonomía catalana. En su caza a los terroristas, actuaron con extrema seguridad en sí mismos y máxima eficacia. Trapero renunció a la ayuda de sus compañeros de la Guardia Civil en Madrid”. Ahora, mientras siguen las investigaciones en las que participan, por decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, todos los cuerpos de seguridad del Estado, y tras una manifestación de duelo y repulsa del terrorismo que los independentistas convertían en un ensayo general de las grandes movilizaciones que se esperan a partir de la Diada del 11 de septiembre y hasta el mismo 1 de octubre, fecha del referéndum, las posiciones están más radicalizadas que nunca. La gran pregunta que se hace la opinión pública es hasta cuándo aguantará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en esta ocasión ha recibido todo el apoyo del líder de la oposición, Pedro Sánchez, para poner en marcha toda una batería de medidas que dice tener preparadas para cualquier eventualidad.