Ahora, con la que está cayendo, independencia

En medio de los trámites del rescate bancario, que va a suponer nuevos movimientos dentro de la banca según lo que indique la Troika, que tiene que hacer cumplir el Memorándum de Entendimiento, firmado por España y el Eurogrupo; en vísperas de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se decida a pedir el rescate de la deuda, según le vienen pidiendo Francia, Holanda, Austria e, incluso, la propia Comisión Europea; y en plena vorágine de cifras negativas sobre la crisis económica, la agudización de la recesión, el aumento del paro, según cifras de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y el posible incumplimiento de las cifras de déficit, ha estallado con toda su fuerza el conflicto de la independencia de Cataluña, larvado desde hace años, agudizado con la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y desbordado el pasado 11 de septiembre, cuando más de un millón de catalanes salieron a la calle exigiendo la separación de España y el ingreso en la Unión Europea como nuevo Estado soberano.

Desde entonces, encuestas, sondeos de opinión, análisis económicos, relatos de cómo sería una Cataluña fuera de España, estudios de viabilidad a favor y en contra, referencias y citas históricas, manipulaciones de uno y otro lado, acaloradas discusiones sobre las balanzas fiscales y las balanzas comerciales entre España y Cataluña, extensas crónicas en los grandes periódicos internacionales sobre las consecuencias que para una España en crisis y pendiente de dos rescates, el bancario y el de la deuda, puede tener lo que está ocurriendo en la autonomía catalana, ocupan los principales espacios informativos de todos los medios, hasta el punto de que el propio jefe del Estado, el rey Juan Carlos, se ha visto obligado a intervenir. Sobre todo, después de saber que los partidos en el poder en Cataluña habían pedido opinión a Bruselas sobre la posibilidad de una posible separación de España, con la correspondiente hoja de ruta para ser miembros de la Unión Europea y el euro como un Estado independiente y escindido de España.

El mensaje real, utilizando, además, la vía de Internet a través de la nueva página web de la Casa Real, venía a pedir la unidad de todas las fuerzas políticas en vísperas de la decisiva reunión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el presidente del Gobierno español para exigirle un pacto fiscal como primer paso para lo que el partido en el poder en Cataluña, Convergència i Unió (CiU), considera la “soberanía fiscal” y el final de una discriminación y un expolio por parte de España, con el argumento de que reciben mucho menos de lo que ellos aportan a la Hacienda Nacional.

Según el Rey, “estamos en un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar o arruinar el bienestar que tanto nos ha costado alcanzar” y, en estos momentos, en los que existe una verdadera ofensiva nacionalista, estimulada por el partido en el poder en Cataluña y por su presidente, Artur Mas, que, al fin y al cabo, según la Constitución, forman parte de la estructura del Estado, “lo peor que podemos hacer -según el jefe del Estado- es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras y ahondar heridas”. Esa “persecución de quimeras” es, probablemente, lo que más ha indignado a los nacionalistas, que no han querido descalificar directamente al Rey, ni su discurso, por el que dicen no sentirse aludidos, aunque aseguran que ellos no defienden ningún tipo de quimera ya que, se ha afirmado desde la Generalitat, desde hace tiempo, y desde Cataluña, se están planteando un montón de propuestas y soluciones que no son quimeras, como el pacto fiscal y diversos instrumentos de Estado, ya que ellos tienen el derecho a decidir su futuro.

Precisamente el rechazo del pacto fiscal, difícilmente encajable en la Constitución, en la que solo hay lugar para los conciertos económicos históricos del País Vasco y Navarra, es lo que provocaba la semana pasada la ruptura de puentes entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente del Gobierno, dispuesto este último a buscar nuevas formas de financiación y un nuevo modelo para todas las autonomías, pero también dispuesto a cumplir y hacer cumplir la Constitución vigente, con la que es difícil, por no decir imposible, convocar un referéndum para decidir la independencia.

En este caso, llegar a la independencia o la secesión de un territorio es un proceso complicado, largo y difícil, porque tiene que ser aprobada por el Parlamento catalán y debe convocarse el referéndum de autodeterminación contando con el Gobierno central. Un referéndum en el que se debe concretar la mayoría mínima necesaria para que tenga validez (hay provincias menos pobladas y más nacionalistas, y más pobladas y más partidarias del actual statu quo) y proceder después a una reforma de la Constitución. Esa reforma tiene que llevarse a cabo por el procedimiento reforzado del artículo 168 de la Carta Magna: aprobación por dos tercios de las dos cámaras, disolución de las mismas, elección de las nuevas cámaras, ratificación de la decisión por una mayoría de dos tercios y posterior ratificación por todos los españoles con derecho a voto, mediante el correspondiente referéndum convocado al efecto. Esas son las reglas establecidas, aunque los nacionalistas sostienen que en el referéndum de independencia solo deben participar los ciudadanos que vivan en Cataluña. Es decir, un referéndum a la carta. Algo que tendrá que aclarar el programa del Gobierno que salga de las elecciones adelantadas catalanas que pueden convocarse para finales de noviembre o principios de diciembre. Unas elecciones que CiU pretende que tengan carácter de constituyentes, hasta el punto de que es posible que el Parlamento que salga elegido haga una declaración formal de independencia... que, aunque cuente con la mayoría, será recurrida ante el Constitucional...