Soldado que huye sirve para otra guerra, incluso en Cataluña

20 / 11 / 2017 Jesús Rivasés
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Junqueras y los consejeros encarcelados saldrán pronto en libertad, pero serán juzgados y, probablemente, condenados. Ellos confían en un indulto, pero no es tan sencillo.

Carles Puigdemont quizá pensaba en el dicho italiano “soldado que huye sirve para otra guerra” cuando emprendió su fuga a Bruselas. Tal vez, por la precipitación, no reparó en que él era el general y no el soldado y que, por eso, su grotesca huida podía provocar la desbandada de sus huestes, huérfanas de héroes y sobradas de payasos. Más dignidad, a pesar de todo, demostró incluso Carme Forcadell. Mendaz o no, como previene el juez Pablo Llanera, la presidenta del Parlament se retractó para eludir la cárcel o pasar en ella el menor tiempo posible. Lo mismo hicieron el resto de los miembros de la Cámara catalana y ahora se espera que Oriol Junqueras y los encarcelados transiten por la misma senda, mientan o no, aunque el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el hombre que presume de experiencia en los archivos vaticanos en los que habría conocido a Joseph Ratzinger, que esgrimió sus creencias y prácticas cristianas ante la magistrada Carmen Lamela, quizá tenga que entenderse luego con su conciencia. La tropa independentista, ante el espectáculo de sus líderes, no se rinde, pero anda desorientada y ha tenido que encajar el mazazo de que hasta el exuberante y volcánico Joan Tardá admita que no ha habido independencia porque no ha habido una mayoría de catalanes que lo hayan querido. La independencia está mucho más lejos, diga lo que diga Puigdemont, aunque se agarren al clavo ardiente de las elecciones del 21 de diciembre.

Los independentistas han entonado una especie de mea culpa general cuya sinceridad deberían demostrar. Antes incluso de que hablara Tardá, que luego matizó hasta el infinito sus palabras para insistir en sus convicciones, Sergi Sabrià, portavoz oficial de ERC, y Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación también huida a Bruselas, habían declarado que “el Gobierno catalán no estaba preparado para hacer efectiva la declaración de independencia”, para “implementarla”, como dicen otros que, en cualquier caso, siempre rematan con la coletilla que la culpa la tiene el Gobierno de Mariano Rajoy. Otros muchos soberanistas, hasta el teórico moderado Carles Campuzano han hecho su particular ejercicio, táctico o no, de autocrítica.

El independentismo, con sus filas desunidas digan lo que digan y aparenten lo que aparenten, intenta ganar tiempo, recuperar a sus seguidores del estado de perplejidad en el que se han quedado, con la esperanza de un resultado digno en las urnas, sin descartar, “¿por qué no?”, dicen, una sorpresa, en forma de unos resultados que les permitieran recuperar la iniciativa. Nadie quiere seguir en la cárcel, pero también hay quienes creen que lo mejor sería que el 21-D se celebre con Puigdemont en Bruselas y Junqueras en la prisión de Estremera. Lo más probable, sin embargo, es que cuando el Tribunal Supremo asuma la causa que ahora lleva la jueza Lamela, el exvicepresidente catalán y sus compañeros encarcelados tengan la oportunidad de hacer lo mismo que Carme Forcadell, es decir, acatar la aplicación del artículo 155, decir que todo fue “simbólico” y que, a partir de ahora, respetarán la ley. Pueden ser mendaces, como sabe el juez Llanera, pero eso tardaría tiempo en demostrarse y, mientras tanto, les permitiría estar en libertad durante la campaña. Esgrimirán su detención con gancho electoral, pero todos los independentistas piensan que todavía tendrían más bazas si siguen en prisión.

El gran problema llegará el día después de las elecciones, sobre todo si los independentistas pueden formar o participar en un nuevo Gobierno catalán. La maquinaría de la Justicia ya está en marcha, y todo indica que las probabilidades de que Puigdemont –en rebeldía o no–, Puigdemont, Forcadell y el resto de exconsejeros sean condenados por el Tribunal Supremo son enormes. Y no a largo plazo, sino antes del próximo verano. Las condenas pueden ser más o menos duras, y no por rebelión, sino por otros delitos. Además serán sentencias firmes –de ejecución inmediata– y conllevarán inhabilitación para desempeño de cargo público. Es decir, podría darse la situación que un presidente de la Generalitat o un consejero fueran, en el mejor de los casos, inhabilitados para ejercer el cargo que desempeñasen en ese momento. “Un lío colosal”, como reza la tan caricaturizada frase de Rajoy. El indulto sería una única salida a esa situación, y es lo que esperan desde Puigdemont y Junqueras hasta Forcadell. Sin embargo, lo que para ellos es obvio no es tan evidente. El Gobierno no tendría fácil conceder ese perdón, al menos rápidamente y, además, y si llegara a concederlo es muy difícil que levantara las inhabilitaciones. Junqueras lo sabe, e incluso Puigdemont lo intuye, y es lo que explicaría la hipótesis que colocaría a Marta Rovira, número dos de ERC, al frente de las filas independentistas. No obstante, todo depende del resultado del 21-D. Si el separatismo sufre un varapalo todo sería más fácil, aunque eso no impediría que la Justicia siguiera adelante y hubiera condenas. Con los separatistas fuera del Govern y después de que entonaran el mea culpa, el Gobierno de Rajoy podría ser más generoso, consciente incluso de que Puigdemont, Junqueras y todos intentarán volver a las andadas porque creen que “un soldado –o un general– que huye sirve para otra guerra”, en este caso independentista, pero sin épica y con muchos seguidores defraudados.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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