Presupuestos amables para tiempos broncos

Cristóbal Montoro ha hecho su trabajo, el que le encargó Mariano Rajoy, y ha alumbrado unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 que se podrían calificar como amables, adornados de dosis notables de guiños sociales. Es decir, unas cuentas del Estado más socialdemócratas que otra cosa. El PSOE, en pleno lío interno –juego subterráneo incluido entre los aspirantes al liderazgo– se opondrá con bronca y vehemencia, pero José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes, en sus tiempos en el Gobierno, los firmarían con matices mínimos. El ministro de Hacienda no encaja bien que le tilden de socialdemócrata. Tampoco agrada en el PP esa etiqueta. Sin embargo, la inmensa mayoría de ministros y la práctica totalidad de dirigentes del PP alardean del esfuerzo en gasto social de la Administración y, cuando lo hacen, se sienten más que confortables. Además, tienen la coartada suprema de que, al necesitar apoyos para alcanzar la mayoría parlamentaria, todos los aliados exigen gestos sociales de gasto, añadidos a las peticiones autonómicas habituales. Los escasos liberales que quedan, tanto en el Gobierno como en el partido, intentan capear el temporal, mientras invocan a Friedrich Hayek, el liberal adversario de John Maynard Keynes, que dedicó uno de sus libros más famosos “a los socialistas de todos los partidos”.

Los Presupuestos de Montoro son los Presupuestos posibles y, en cierta medida, de transición. Lo explicó el otro día Luis de Guindos, el verso más liberal del Gobierno, cuando precisó que “las reformas ambiciosas esperarán hasta que se clarifique el PSOE”. Efectivamente, para algunas reformas tan importantes como necesarias es imprescindible un gran acuerdo parlamentario, que incluye al PSOE. Dependerá de quién triunfe en las primarias pero, gane quien gane, nadie garantiza que se den las condiciones para un acuerdo global que amarre algunos de los flecos que dejan pendientes las cuentas de Montoro, apoyadas por Albert Rivera, el PNV, Coalición Canarias y ya se verá cómo lo hace Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Mientras tanto, los Presupuestos permiten avanzar la legislatura, dan oxígeno a las comunidades autónomas y facilitan que el Gobierno –superada la crisis– pueda ofrecer su cara más amable a amplios sectores de la población, incluidos algunos de sus votantes más reticentes en los últimos tiempos y que podrían volver al redil.

La política se hace, sobre todo, con los Presupuestos que, por otra parte, tienen bastante de arcano y, por eso, permiten incluso interpretaciones enfrentadas. Los datos, sin embargo, están ahí, diga lo que diga Pablo Iglesias y todos los que anunciaron su oposición a esas cuentas antes de conocer ni una sola cifra. En 2017 el conjunto de las administraciones públicas gastarán 479.991 millones de euros, 7.743 millones más que en 2016, lo que significa un aumento del 1,64%, algo que sabrá a poco a los paladines del gasto, pero que es mucho dinero. Eso es posible porque los ingresos, si se cumplen las previsiones del equipo de Montoro –y los primeros meses del año apuntan bien–, serán los mayores de toda la historia de la Hacienda española y alcanzarán los 443.962 millones de euros, un 5,2% más que en 2016 y casi 1.500 millones más que en 2007, quizá el mejor año de todos los tiempos para la economía española. El ejercicio 2017, por otra parte, batirá algunos récords: el gasto en protección social llegará hasta los 191.264 millones, también el mayor de la historia, 50.000 millones superior que el de 2007 y 10.000 por encima del de 2012, el primer año del Gobierno de Rajoy. El gasto en sanidad –68.840 millones– y en educación –45.382– también está muy por encima del de 2007 y prácticamente igual al mayor de la historia, registrado en 2011, con 69.240 millones en sanidad y 47.137 en educación. La crisis y la austeridad, al menos en las cuentas públicas, parece algo del pasado, aunque haya muchos que reclamen más.

La otra cara –más agria– de estos Presupuestos es doble: déficit y deuda que, a medio plazo, pueden volver a poner al país en graves apuros. España en 2017, a pesar de todo, gastará 36.028 millones más de los que ingresará. Significa que el déficit bajará, pero solo hasta el 3,1%, más o menos dentro de los criterios reclamados por las autoridades europeas, y todavía muy alto. De hecho, el déficit español es el mayor de todos los países de la UE. Nadie tiene mucho interés en poner el dedo en la llaga del déficit y la deuda, pero son dos problemas que están lejos de estar resueltos y que condicionarán el futuro de la economía española y también de las prestaciones sociales de mañana. Los 36.000 millones de déficit de 2017 hay que financiarlos. Eso quiere decir que España debe volver a pedir prestado ese dinero en los mercados. Lo obtendrá con facilidad, pero tendrá que pagar y, a largo plazo, devolverlo o refinanciarlo. Esa cantidad se sumará –menos lo que se amortice– a la inmensa montaña de deuda pública, un billón –con b de barbaridad– en números redondos. En 2017, con los tipos de interés actuales España pagará unos 30.000 millones de intereses, pero si los tipos de interés suben –y subirán– la cifra se dispararía y entonces, gobierne quien gobierne, volverían los recortes. Montoro ha alumbrado unos Presupuestos posibles –por la aritmética parlamentaria– y amables para tiempos broncos, pero que quizá pequen de falta de ambición.