El testigo Mariano Rajoy y otros asuntos del PP

La primera vez que Felipe González declaró como testigo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo llegó nervioso y preocupado. Fue el lunes 22 de septiembre de 1997 y tuvo que acudir a petición de la acusación popular del caso Filesa, impulsada entre otros por José María Ruiz-Mateos, por medio del abogado Marcos García Montes. El único temor, pero real, del expresidente del Gobierno era que el letrado intentara ridiculizarle. No era probable, pero sí posible, aunque el presidente de la Sala, José Augusto de Vega, tenía la potestad de impedir que la acusación entrara en cuestiones que no considerara pertinentes. No llegó a ser necesario y la declaración de Felipe González puede resumirse con una de sus frases: “No sé si debo agradecer a los compañeros que no me informaran, pero nunca conocí Filesa”, una trama de financiación irregular del PSOE que se saldó con condenas para personajes secundarios del partido. Alfonso Guerra, que también compareció como testigo el mismo día, y que no llegó ni preocupado ni nervioso, explicó algo parecido: “Nunca me dediqué a cuestiones administrativas del partido”.

Felipe González tuvo que volver casi un año después, el 23 de junio de 1998, a declarar también como testigo ante la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo, entonces presidida por José Jiménez Villarejo, en el transcurso del caso Marey y otra vez a instancias de la acusación popular, una figura consagrada en la Constitución, pero que levanta más que polémicas y que podría ser revisada –para quedar mucho más acotada– en una futura reforma de la Constitución, llegue cuando llegue.

Mariano Rajoy nunca imaginó que tendría que acudir –lo haga de la forma en la que lo haga– a declarar como testigo ante la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional por el llamado caso Gürtel, una trama de supuesta –hasta que haya sentencia– financiación del PP. Como le ocurrió a Felipe González, Rajoy debe declarar como testigo a instancias de la acusación popular, en este caso Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), encabezada por el abogado próximo al PSOE José María Benítez de Lugo. La diferencia, no menor, entre los testigos González y Rajoy es que el primero lo fue cuando ya había dejado de ser presidente del Gobierno y el segundo, cuando está al frente del Ejecutivo. Más allá, todo indica que el testigo Rajoy también alegará desconocimiento de los asuntos –y sobre todo de los detalles– sobre los que le pregunten y estará en manos del presidente de la sala, Ángel Hurtado, considerado conservador y cercano al PP, que tiene la potestad de acotar el interrogatorio que intente realizar la acusación popular. Para el líder del PP y para su partido la citación como testigo es, sobre todo, una piedra en el camino, que la oposición política utilizará como ariete, pero legal y penalmente no supondrá ningún problema para el inquilino de La Moncloa. Enturbia el momento positivo que vive Rajoy como jefe de uno de los Gobiernos ahora más estables de Europa, con una oposición dividida y a la que se le acumulan los problemas y con el espaldarazo, que no es ni mucho menos menor, del Fondo Monetario Internacional, que augura que la economía española será la que más crezca este año.

Rajoy, que siempre cuenta con el manejo del tiempo como uno de sus grandes aliados políticos, también espera esta vez que escampe. Sin embargo, todo se enredó con la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en una operación contra la corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II, que presidió durante una serie de años, en su etapa de vicepresidente de la comunidad madrileña cuando estaba al frente de ella Esperanza Aguirre. Rajoy puede alegar –y lo hará– que él impidió que Ignacio González fuera presidente, como quería, de Caja Madrid-Bankia y que repitiera como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en unas elecciones en las que fue sustituido por Cristina Cifuentes como cabeza de cartel del PP. Precisamente, la operación que ha llevado al arresto de González procede de una documentación que el equipo de Cristina Cifuentes puso en manos de la Justicia cuando accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

El líder del PP, a pesar de todos estos accidentes en el camino, sigue adelante con su plan de prolongar la legislatura todo lo que pueda y mantiene abierta la incógnita de si volverá a ser candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones. Es algo que solo sabe él y que, fiel a su estilo, no parece haber compartido con nadie. Sin embargo, en su entorno –antes de ser llamado a declarar– circulaban dos teorías. La primera defiende que si la legislatura se agota más o menos técnicamente, Rajoy consideraría seriamente dejar paso a otro candidato, siempre que todos los asuntos del PP pendientes de la Justicia estuvieran resueltos o en su recta muy final. Nadie quiere hablar de sucesores, pero a Alberto Núñez Feijóo, el eterno teórico aspirante, se ha unido el nombre del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. No obstante, si la legislatura tiene un final rápido y el PP sigue con asuntos en los tribunales, Mariano Rajoy, que podrá esgrimir unos datos incluso mejores de lo esperado, volvería a ser candidato otra vez a la presidencia del Gobierno.