El poder de la Justicia y el referéndum ilegal

25 / 09 / 2017 Jesús Rivasés
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El referéndum ya es imposible, pero ahora el gran reto de Mariano Rajoy -y también de Pedro Sánchez- es hallar una salida válida para todos en el  muy intrincado laberinto catalán.

Antonio Machado, que en un acto de surrealismo político ha llegado a estar tachado de españolista y anticatalán por un supuesto experto elegido por el Ayuntamiento de Sabadell, le hizo decir a Juan de Mairena, aquello de que “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”. Juan de Mairena, por cierto, fue el libro que, con gran aparato de imagen, regaló Pablo Iglesias a Mariano Rajoy la primera vez que acudió a entrevistarse con el presidente a La Moncloa. Ahora, el líder de Podemos habla de “presos políticos” tras la operación contra la organización del referéndum ilegal del 1-O convocado por el Gobierno de la Generalitat que encabeza Carles Puigdemont y que, enseguida, se autoconvirtió en víctima del que considera un Estado incluso opresor. La verdad, “la diga Agamenón o su porquero”, es que fue el juez Juan Antonio Ramírez, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, condecorado en su día por los Mossos D’Esquadra, quién ordenó los registros y las detenciones a miembros del equipo de Oriol Junqueras que prepara la logística del referéndum ilegal. Y todo comenzó con una denuncia  presentada por el partido Vox contra el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal y ampliada al presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi i Suñer y al secretario general de la Generalitat, Lluis Salvadó. Antes del verano, el juez ya envió a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña para averiguar quién había contratado y pagado sus instalaciones para organizar un gran acto de presentación de la Ley de Referéndum. La operación del miércoles 2o, que es el golpe casi definitivo a la consulta del 1-O, es la continuación de una actuación de la Justicia.

Mariano Rajoy y el Gobierno, por supuesto, respaldan las actuaciones judiciales. El inquilino de La Moncloa sabe que el Estado no puede permitir, desde la legalidad, la celebración de un referéndum ilegal el próximo 1-O y pondrá los medios necesarios para ello. Sí, además, algún juez –como Juan Antonio Ramírez– actúa en el marco de un procedimiento ya en marcha, no solo no hace ascos, sino que tiene la coartada para defender la legalidad. La operación iniciada en Barcelona el miércoles 13 ha generado tensión. Era inevitable y, ahora el gran objetivo del Gobierno y también del PSOE y de Ciudadanos, es que no haya incidentes irreparables, algo con lo que quizá sueñan las CUP. Puigdemont y Junqueras, después de rebelarse abiertamente contra el Estado –han insistido en que no cumplirían las leyes–, anhelaban una provocación. Creen que la han encontrado en la actuación de la Justicia, pero quizá se equivoquen. El choque de trenes ya está aquí y en la colisión todos pierden, pero la fuerza de choque del Estado español es infinitamente mayor que la de los independentistas. El día después para Cataluña comenzó el miércoles 20 de septiembre y ya no el 1-O, cuando ya es imposible que se celebre un referéndum cuya convocatoria siempre fue ilegal. Las incertidumbres se acumulan, pero como afirma un viejo dicho, también es imposible hacer una tortilla sin romper huevos.

La Justicia, con todo su poder, desarboló de repente a los estrategas de Puigdemont y Junqueras, que sostienen que el Estado “ha saltado todas las líneas rojas”, sin que quieran admitir que ellos mismos y el propio Parlamento catalán ya habían traspasado todos los límites legales y lineas rojas. Barajan disputar en la calle lo que nunca lograron en las urnas, ni tampoco con las leyes y, por eso, las incertidumbres se multiplican. El 1-O no habrá votaciones dignas de tal nombre, pero sí movilizaciones populares, que también abren más incógnitas. Por otra parte, Puigdemont presumía de estar preparado para ir a la cárcel, aunque quizá no lo estaba para que detuvieran a algunos de sus colaboradores y de Junqueras. Ahora, el presidente de la Generalitat quizá no logre ser tan mártir como él desearía.

Rajoy, durante años y meses acusado por partidarios y detractores de no hacer nada en al asunto catalán, deja hacer a la Justicia. Es su forma de actuar y solo el tiempo dirá si acierta o no. Sabe también que, con Cataluña al fondo, la extrema izquierda pretende descabalgarlo de La Moncloa y liquidar de alguna manera el llamado régimen de 1978. Y si Rajoy está en un brete, Pedro Sánchez está atrapado en un auténtico dilema. No le queda más remedio que apoyar al Gobierno, pero también tiene que distanciarse del PP. Sabe que tiene aliados como Pablo Iglesias para moverle la silla al líder del PP, pero teme que ese apoyo sea una especie de abrazo del oso y, si fuera por él, preferiría esperar a tener controlado del todo su propio partido y a tener una cómoda ventaja sobre Podemos en las urnas. Ahora, Rajoy y Sánchez, aunque a ninguno de los dos les gusta airearlo, hablan mucho –casi diariamente– desde ese 6 de septiembre cuando el Parlamento de Cataluña, ahí sí, traspasó todas las líneas rojas y se colocó fuera de la legalidad. La  política suele hacer extraños compañeros de cama y eso es lo que precisamente les ocurre ahora a Rajoy y a Sánchez, con Albert Rivera de carabina más o menos incómoda. No habrá referéndum, pero el gran reto es hallar una salida válida para la mayoría en el muy intrincado laberinto catalán.  La Justicia ha actuado. 

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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