Crónica (todavía incompleta) de una frustración

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat porque así lo quisieron los antisistema de la CUP –y sobre todo Benet Salellas, que fue quien propuso su nombre– dio el paso definitivo el miércoles 6 de septiembre, con un estrambótico esperpento parlamentario, que a veces tenía un aire de la tan fantasmal como peligrosa Asamblea Constituyente de Venezuela, impulsada por Nicolás Maduro. Puigdemont, por fin, ha soltado los frenos y se ha lanzado al choque de trenes. Desde hace tiempo explica a quien quiera escucharle que está dispuesto a inmolarse por la independencia catalana y que incluso está preparado para ir a la cárcel, como en su día fue Lluís Companys, encarcelado por el Gobierno de la República por proclamar el Estado Catalán en 1934, aquella aventura que duró apenas unas horas y abortado por el general Batet.

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, quizá menos convencida de lo que parecía, tuvo que retorcer los reglamentos hasta el infinito para tramitar la norma que, en teoría, permitirá celebrar el falso referéndum del 1-O (primero de octubre), exigido por la CUP que encabeza la antisistema Anna Gabriel que, este mismo verano, proclamaba a los cuatro vientos que su objetivo principal, más allá de la independencia, consiste en abolir la propiedad privada. Forcadell, no obstante, se preocupó de recusar –si es que tiene algún valor– a todos los miembros del Tribunal Constitucional, que ahora preside Juan José González Rivas. Forcadell quería guardarse las espaldas, justo después de que el Tribunal de Cuentas que preside Ramón Álvarez de Miranda conminara a Artur Mas y a otros diez altos y medios cargos de la Generalitat para que paguen 5,12 millones, como responsables de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, con la advertencia de que si no lo hacen podrá embargar sus cuentas y, en definitiva, su patrimonio. Oportuno o no, para algunos son palabras mayores. Lo advirtió el ex conseller de Empresa Jordi Baiget, que con sinceridad expresó la preocupación por su patrimonio, puso en cierta manera en solfa el procés y fue destituido por Puigdemont. Ahora hay muchos más patrimonios en el aire y algo más que patrimonios.

Carles Puigdemont decidió hace tiempo que no hay vuelta atrás. Quizá él no hubiera llegado tan lejos, aunque ya nunca se sabrá. El programa electoral de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) no incluía expresamente la convocatoria de un referéndum. Fue una de las exigencias de la CUP, tras vetar a Artur Mas, para permitir la formación del Gobierno que encabezan el propio Puigdemont y Oriol Junqueras. El presidente de la Generalitat asumió enseguida como suyo ese compromiso y lo llevará hasta el final. El líder de ERC, señalado tanto por sus partidarios como por sus detractores por estar siempre de perfil, siempre apoyó la idea, pero nunca dio ningún paso explícito. Está convencido de que será el próximo presidente de la Generalitat y que deberá administrar la frustración que quedará tras el 1-O, porque la independencia es una quimera.

Las leyes catalanas de la ruptura –la del referéndum y la de la desconexión– quiebran la legalidad vigente y, de alguna manera, se llevan por delante el Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en teoría, quedaría en papel mojado. Ambas normas pueden estar firmadas, como se ha debatido tantas veces, por todos o varios de los miembros del Gobierno de la Generalitat, pero esas firmas no significan nada. El único responsable legal sería Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, lo que en la práctica permitiría a Oriol Junqueras eludir una futura inhabilitación, como la que ya ha caído sobre Artur Mas, por ejemplo.

El choque de trenes, tras lo acontecido en el Parlamento de Cataluña, aparece como inevitable, con un Puigdemont entusiasta de maquinista del convoy catalán y, ahora así, para alarma de casi todos en Cataluña y fuera de Cataluña. Hay rumores de que empresarios independentistas –nadie facilita nombres– han facilitado los fondos y han encargado por su cuenta parte de la infraestructura necesaria para la consulta del 1-O. Otros empresarios –también sin nombres, porque sí, hay miedo– han enviado mensajes al Gobierno de Mariano Rajoy para que evite que al final haya urnas en las calles el día elegido por Puigdemont. Temen, más que a una independencia imposible, un hipotético Gobierno de extrema izquierda en Cataluña y admiten que quizá han tardado en reaccionar, pero ahora reclaman más que firmeza al Gobierno español.

El 1-O, de una o de otra manera, llegará a una Cataluña cada vez más dividida, con unas instituciones secuestradas por la minoría radical de la CUP, seguida por los líderes y dirigentes de Junts pel Sí. Haya o no haya urnas en las calles y haya o no haya incidentes –que es lo que en última instancia persigue Puigdemont–, el día siguiente será el día de la gran frustración, porque la independencia es imposible y el propio presidente de la Generalitat es consciente de ello. Además se habrán roto demasiados puentes internos en la propia sociedad catalana. El problema es quién administrará esa frustración, cuya crónica todavía está muy incompleta, y sin que parezca emerger nadie para terminar de escribirla, porque quien no lo hará será Carles Puigdemont.