Choque de trenes suave y fracaso de la vía Torcuato

Mariano Rajoy no utilizará el artículo 155 de la Constitución como salida al lío catalán. El presidente no quiere dar argumentos para que Puigdemont, Junqueras y los demás independentistas -sobre todo los antisistema de la CUP de Anna Gabriel– cabalguen más a lomos del victimismo. El Gobierno, ante el penúltimo órdago independentista baraja otras fórmulas. Pueden ser igual de eficaces y hay algunas que ya están avaladas incluso por el Tribunal Constitucional, que preside José González Rivas, en una sentencia que desestima por unanimidad un recurso que había interpuesto la Generalitat. En la época de la postverdad el artículo 155 de la Constitución se asocia a suspensión de la autonomía. Falso. El texto, en sus dos apartados no la prevé en ningún caso y solo habla de que “el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar” a una comunidad autónoma a cumplir las leyes. Serviría, obviamente, para evitar esperpentos como la farsa democrática ideada por Puigdemont y Junqueras para el 1 de octubre (1-O), pero Rajoy, con Soraya Sáenz de Santamaría de adelantada y también Jorge Moragas, han previsto otras fórmulas, a pesar de que muchos, entre ellos Alfonso Guerra (ver Turno de palabra “El momento de actuar en el número 1.798 de TIEMPO), hayan llegado a plantear “¿por qué no se aplica el artículo 155 de la Constitución? La respuesta es simple: no hay que dar bazas al victimismo.

Puigdemont, con un Junqueras que siempre está algo de perfil, y Artur Mas en la trastienda, han rizado el rizo con el anuncio de que el president declararía la independencia en dos días si triunfara el sí por un solo voto el 1-O. Toda una provocación, jaleada por los antisistema, que, ahora sí, parece conducir a un inevitable “choque de trenes”.  Puigdemont y quienes le empujan han arrojado a la papelera la llamada vía Torcuato y prefieren una confrontación que no pueden ganar y que, con toda probabilidad destrozará definitivamente al PDeCAT, el partido heredero de Convergència, ya hundido en las encuestas. La destitución fulminante del conseller de Empresa Jordi Baiget por sus dudas sobre la consulta del 1-O ha hecho temblar los cimientos del perímetro exconvergente.Baiget, desde un sentimiento conservador, temía por su patrimonio –podría ser sancionado y multado si firmaba la convocatoria de la consulta–, y ese temor por la hacienda propia lo comprende muy bien la clientela electoral que en otros tiempos dio mayorías absolutas a los convergentes.

Torcuato Fernández Miranda –quizá las huestes de la CUP no lo recuerden– fue el hombre elegido por el rey Juan Carlos para pilotar los primeros pasos de la Transición como presidente de las entonces Cortes Españolas. Férnandez Miranda, que ponía la letra a los deseos del rey, ideó una fórmula que él mismo definió como “de la ley a la ley”. Es decir, utilizó las normas legales de la dictadura franquista para desmontarla –derogación de la mayoría de las leyes incluida– y dar paso a la legalidad democrática, algo que ha sido reconocido en todo el mundo como una de las grandes hazañas políticas del siglo XX, aunque ahora haya quiénes como Pablo Iglesias entre otros la pongan en solfa. Puigdemont y Junqueras no está claro que lo hayan intentado, pero es obvio que han elegido una vía que no va precisamente “de la ley –democrática– a la ley”, y que eso es lo que los coloca fuera de la legalidad. La historia no se repite, pero casi todo está escrito. En 1932, en un artículo, Josep Pla afirmaba que “la política catalana tiene desde hace años un aspecto caótico. Fuera del ámbito catalán difícilmente se comprende. Su complejidad se debe más que nada a la acumulación de problemas, porque aparte de los derivados de la política general, hay en Cataluña problemas de política particularista”.

Rajoy también empieza a temer que el choque de trenes sea inevitable y, por eso, trabaja para que si llega se quede en un golpe suave, un asunto de chapa y pintura que se pudiera arreglar tras un paso por el taller, en este caso elecciones autonómicas. Descartada la opción de aplicar el artículo 155 de la Constitución, y despreciada por Puigdemont la “vía Torcuato” –de la ley a la ley– el Gobierno prepara sus opciones para actuar en 24 horas, como ha sugerido la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. En La Moncloa repasan, por ejemplo, la “Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional”, dirigida, como dice el artículo 3, “a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. Fue pensada y aprobada, con el apoyo del PSOE, para otros asuntos, pero podría ser utilizada en Cataluña, sobre todo en una “situación de interés para la Seguridad Nacional, como determina el artículo 23”. La Generalitat intentó recurrirla, pero el Constitucional, por unanimidad, rechazó el recurso y avaló la ley, aunque con el matiz de que no sirviera para quitar a la Generalitat el control de los Mossos d’Esquadra, pero sí para “preservar los derechos y libertades, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales”, entre otras cosas. Ya lo inventó Fernández Miranda, “de la ley a la ley”, aunque algunos hayan despreciado esa fórmula y otros ignoren quién fue Torcuato.