Canción de agosto, con sol y luna, para políticos

“Agosto / el sol dentro de la tarde / como el hueso de una fruta”, escribió Federico García Lorca. Murió un 18 de agosto, justo ahora hace ochenta años, víctima de la intolerancia en un país dividido, que acababa de iniciar su página más negra. Todo falló en 1936 y eso estuvo muy presente en los llamados padres de la Constitución de 1978 cuando la discutieron, pactaron y redactaron. Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca (todos de UCD), Gregorio Peces Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE-PSUC), Manuel Fraga (Alianza Popular) y Miquel Roca (minoría catalana) alumbraron la Carta Magna, que fue uno de los primeros pasos para el desarrollo y la consolidación de la democracia española. Está lejos de ser perfecta, pero ha permitido el mayor y más largo periodo de prosperidad y estabilidad de toda la historia de España.

Los redactores de la Constitución de 1978 vivían en un ambiente político en el que existía la creencia –cierta o no– de que en 1936, antes del golpe de Estado y de la guerra, lo que fracasó fue el diálogo y que, quizá, las instituciones no habían establecido todos los cauces para que se desarrollara. Por eso, cuando los siete políticos abordaron los detalles de la nueva Constitución, hubo algo en lo que estuvieron de acuerdo desde el principio. La incipiente democracia debería fomentar el diálogo y la negociación y, para eso, había que conceder todo el tiempo que fuera necesario para que las fuerzas políticas hablaran, discutieran y negociaran. Cualquier cosa antes que repetir enfrentamientos trágicos del pasado. Casi cuarenta años después parece inverosímil, pero en 1977 y 1978 el fantasma de los conflictos pasados estaba muy presente en la sociedad y en la política. Por eso, los redactores de la Constitución diseñaron y establecieron unos plazos realmente generosos –largos– para que los políticos se pusieran de acuerdo y evitar cualquier otro enfrentamiento.

El éxito de la Constitución de 1978 no significa que sea perfecta ni inmutable. Hace casi cuarenta años podía ser conveniente que los plazos de discusión y negociación fueran todo lo extensos que hiciera falta. En 2016, sin embargo, con un Parlamento sin mayorías, hay plazos constitucionales que son más propios del siglo XIX que del XXI. Por ejemplo, desde que se celebran las elecciones hasta que el Congreso abre sus puertas pueden pasar hasta 25 días, que siempre se agotan. No hay razón práctica ni política que impida acortar a la mitad o más ese  periodo. Lo mismo ocurre con los plazos para la convocatoria electoral o los dos meses que fija la Constitución para convocar otras elecciones tras la primera investidura fallida. Entre las prioridades de la legislatura que acaba de comenzar debería figurar –si hay Gobierno– la revisión de esos plazos decimonónicos y la corrección de las lagunas que la realidad ha hecho aflorar. Es una reforma constitucional posible y puede hacerse con rapidez con un pacto de las principales fuerzas políticas. Si no se acomete, en un escenario multipartidista, España puede estar condenada a largos periodos sin Gobierno tras cada convocatoria electoral.

El bloqueo político que ha vivido España desde las elecciones de diciembre de 2016 no es culpa de la Constitución de 1978, pero algunas de sus ambigüedades sí lo han fomentado. Por eso, parece inevitable algún retoque que podría retrasarse porque la apertura de una reforma constitucional requiere unos pactos que quizá tampoco sea fácil conseguir. Una reforma de la Constitución sin una mayoría abrumadora, que roce la unanimidad, podría ser contraproducente. En 1978 todas las partes cedieron y, por eso, el resultado fue positivo. Ahora, aunque parece obvia la necesidad de cambios, es imprescindible que todos los partidos estén dispuestos a transigir.

Cualquier posible reforma constitucional transciende, por supuesto, la actual pugna política y el bloqueo consiguiente, que debería desatascarse cuanto antes. Hay una fecha clave en el horizonte. Antes del 15 de octubre, España debe remitir a la Comisión Europea sus previsiones de cuentas para 2017 y si no lo hace, entonces sí, nadie nos librará de una multa de 5.000 millones de euros y de la congelación de los fondos estructurales. Eso implica, claro, tener aprobados unos Presupuestos Generales del Estado y solo se puede hacer si hay un Gobierno. Mariano Rajoy no quiere ser el primer presidente que no repite mandato, lo que no significa que tenga que ser de otros cuatro años. Los políticos con futuro por delante deberían tenerlo en cuenta. Pedro Sánchez desea ver cómo Rajoy pierde una investidura, pero también teme por su propio puesto y por eso, a veces, no descarta intentar el llamado pacto Frankenstein, es decir, todos menos Ciudadanos, que se quedaría en tierra de nadie. Albert Rivera vive momentos complicados y decisivos, atrapado en su propio sudoku imposible. Se resiste a investir a Rajoy pero no puede facilitar, por acción u omisión, un pacto de izquierdas, ni tampoco aparecer como alguien que contribuye al bloqueo de la situación. “Agosto / los niños comen / pan moreno y rica luna”, escribió Lorca, víctima de la intolerancia un 18 de agosto, una historia negra que la Constitución del 78 intentó evitar –y lo ha logrado– que se repitiera, aunque ahora haya que retocarla para evitar que muera de éxito. Canción de agosto, con sol y luna, para políticos.