Una alternativa a la política recesiva

Es hoy de conocimiento general que la economía de un gran número de países atraviesa una etapa de graves dificultades, que padecemos una importante crisis económica. Muchos saben, además, cómo se generó la crisis. Algunas entidades financieras crearon unos productos engañosos que ofrecieron a clientes que no estaban en condiciones de pagar. Las deudas contraídas las vendieron a otras entidades de crédito o finanzas. Cuando llegó el vencimiento de un número de incobrables alarmantemente alto se descubrió el fraude, y bancos, cajas de ahorros y otros grupos financieros mostraron la precariedad de sus activos: grandes deudas y bienes de difícil venta, (en gran parte bienes inmuebles) a los que llamaron “productos tóxicos”. La crisis de las finanzas contagió a la economía productiva y el efecto inmediato fue una paralización económica y en muchos países una etapa de recesión económica.

A la vista de lo sucedido, las autoridades políticas y económicas expresaron su deseo, por necesidad, de reformar el sistema financiero para intentar resolver la crisis actual y para evitar nuevas crisis económicas. Fueron solo buenas palabras, la reacción real fue otra bien diferente.

Las autoridades europeas formularon una estrategia contra la crisis cuyo resultado ha sido su agravamiento. La paradójica teoría que esgrimieron consiste en presionar a los gobiernos hacia la reducción drástica de gastos. El sentido común nos dicta que ante una situación en la que la paralización de la economía está provocando graves consecuencias –especialmente en el aumento del número de desempleados y en la reducción de las prestaciones que la Administración proporciona a los más humildes de la sociedad- lo que se necesita es un incremento de la inversión que facilite la creación de mano de obra para aliviar la situación de las familias más afectadas por la crisis. No ha sido así. Los miembros de la Comisión y del Consejo Europeo están forzando a los gobiernos a reducir de manera drástica el déficit presupuestario a la vez que exigen un crecimiento de la economía. Al amparo de unas interesadas agencias de calificación se quiere dictar, intervenir, obligar a hacer algunas “reformas” (esta es una palabra que ha sufrido una evolución asombrosa: hasta hace unos años identificábamos reforma con mejora de servicios, instalaciones, organización; hoy tiene el sentido inverso, cuando se habla de reforma es en todos los casos para perjudicar los intereses de los ciudadanos). Es el caso de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y se intenta que sea el de España. En alguno de estos países han conseguido empujar fuera del poder a los elegidos democráticamente para sustituirlos por tecnócratas, que en casi todo los casos han sido antes fieles servidores de las entidades financieras responsables del estallido de la crisis.

En general los gobiernos han aceptado la imposición, a veces porque pensaban que no seguirla tendría consecuencias graves a causa de una intervención total de la economía por las autoridades comunitarias, o por temor a que los mercados castigasen deliberadamente a su país.

Ha habido una suerte de aceptación expresa en algunos casos, tácita en otros, de los gobiernos y aun de los partidos políticos y sindicatos, lo que ha precipitado al conjunto de la sociedad de cada país hacia un escenario en el que solo se puede vislumbrar la aparición de revueltas sociales cuando la situación se convierta en insostenible para millones de ciudadanos. Esta insólita conformidad con el desastre no excluye a los representantes de ningún signo; tanto progresistas como conservadores aceptan que “esto es lo que hay” sin que les mueva una fuerza inconformista para cambiar las cosas. Hasta que ha aparecido una fórmula que viene a romper ese consenso negativo.

Los socialistas franceses han hecho público un programa que combina el rigor en materia económica con la esperanza en la cobertura de las necesidades sociales. Por fin una organización expresa con rotunda claridad que combatir las graves consecuencias de la crisis económica con fuertes recortes que afectan precisamente a los más necesitados y que amplían el ejercito de parados que no pueden alimentar a sus familias, con reducción de gastos y prestaciones, no es una solución que piense en los ciudadanos, sino solo en los intereses de los grupos de poder, bancos, grandes fortunas... los poderosos, en suma.

El líder de los socialistas franceses, François Hollande, se revela como un dirigente dispuesto a decir “no” a las directrices de los mercados y sitúa su programa sobre cuatro pilares que mueven a creer esperanzados en el futuro: igualdad, crecimiento, justicia y atención preferente a los jóvenes que no encuentran hoy horizonte vital.

Ante la crisis es hora de grandes apuestas. Hollande se compromete a mantener el poder adquisitivo de las clases medias y de la mayoría de la población. Para lograr los recursos necesarios señala dos caminos: reforma fiscal y reforma financiera para lograr que los que poseen mayor riqueza contribuyan más decidida y cuantiosamente a los gastos que garanticen el bienestar general. Pretende elevar el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta y suprimir las exenciones fiscales de que disfrutan las grandes empresas y los grandes patrimonios.

Anuncia que elevará un 15% la tasa que grava los beneficios de las entidades financieras, prohibirá a los bancos franceses operar en los paraísos fiscales, impedirá el obsceno reparto de grandes sumas entre los directivos financieros, creará una banca pública, construirá dos millones y medio de viviendas sociales, modificará el impuesto de sociedades haciéndolo progresivo hasta un 35% para las empresas más grandes, establecerá un impuesto de las grandes fortunas, etc. Así, hasta sesenta medidas concretas sin contenido demagógico alguno. Los socialistas franceses están convencidos de que existe una alternativa posible, realizable, a la triste cantinela de recortar derechos y gastos. Los gobiernos que aceptan la imposición injusta de recortes masivos porque coincide con sus programas, este es el caso del nuevo Gobierno de España, poca atención prestarán a este esperanzador programa de los socialistas franceses. Los que aceptaron la imposición por el temor a la reacción negativa de autoridades comunitarias o mercados pueden ahora comprobar que las cosas no son siempre como las presentan los que dominan el poder de la coacción del dinero. Otro programa es posible, y hay que desear que Hollande y su equipo triunfen en las elecciones presidenciales francesas y que aplique con prontitud y rigor el programa que ha comprometido ante sus ciudadanos.