Las pensiones se hacen un hueco en la agenda

Según las últimas encuestas conocidas, a nueve de cada diez españoles les preocupa su pensión. La futura y la que ya perciben. La crisis se ha comido la caja de resistencia en poco más de un lustro y el número de perceptores de algún tipo de pensión siegue creciendo a velocidad supersónica. La que marca el extraordinario aumento de la esperanza de vida al que estamos asistiendo a partir del último cuarto del siglo XX. En 2050 el número de españoles mayores de 65 años se aproximará a los 17 millones, un tercio de la población. Parece lejos, pero es pasado mañana. La longevidad ha venido para quedarse y ya nunca más será noticia la abuela centenaria de una perdida aldea gallega. De aquí a mitad de siglo la expectativa de vida crecerá dos años por década. El sistema, tal y como lo conocemos, no se sostiene. ¿Cuál es la buena noticia? Que, por esta vez, parece que aún no es demasiado tarde; que estamos a tiempo de esquivar la catástrofe.

Y la primera señal que induce a un cierto optimismo es que, afortunadamente, el debate ha estallado. Llevamos años dándole la espalda a la realidad. Nadie con responsabilidades políticas en vigor había osado a encarar por lo derecho un vidrioso asunto que, por fin, se ha puesto encima de la mesa. Esta legislatura debiera ser, además de la del reencuentro con Cataluña, la que dejara encarrilada la solución a un problema que puede arrollarnos. Y no se trata solo de cuadrar las cuentas. Racionalizar y estabilizar el sistema de pensiones no es solo necesario desde un plano económico; es una prioridad social y como tal debe ser manejada por las fuerzas políticas.

Nadie pone en duda la necesidad de buscar el máximo consenso en materias tales como educación, política territorial, lucha contra el terrorismo o creación de empleo. Sin embargo, el peso que tienen las pensiones en un modelo de equilibrio y solidaridad social al que no debemos renunciar, es, como mínimo, igual, si no superior, al de algunas de las materias citadas. La reciente experiencia es bien elocuente. La depresión económica sufrida por nuestro país en los últimos ocho años ha provocado una disminución significativa de la riqueza media, la multiplicación acelerada de situaciones de empobrecimiento y la mayor fractura generacional que hemos conocido los nacidos después de la Guerra Civil. Y gracias al sistema de pensiones vigente, no hemos pasado a mayores; del drama a la tragedia. Dicho sea en términos generales, no concretos.

La red de solidaridad

Los casos de las familias que han aguantado situaciones extremas gracias a la pensión del abuelo –todos los miembros de la familia en el paro, por ejemplo–, han sido moneda corriente desde que nos estalló la crisis en la cara y en los bolsillos. Durante la crisis, las pensiones han sido la red de seguridad que ha evitado mayores calamidades. Garantizarlas en el futuro debe ser, por tanto, una de las prioridades esenciales de los responsables políticos. Pero no nos engañemos, ni engañemos a la gente. No es fácil. No sirven las recetas simplistas que plantea esa izquierda marciana que todo lo arregla con el aumento del déficit y el incremento lineal del gasto, metodología que, lejos de garantizar nada, lo que a medio y largo plazo provocaría es el agrandamiento descontrolado de la factura financiera del Estado y consecuentemente una merma de recursos destinados a las políticas sociales. Tampoco las de la derecha ultraliberal, patrocinadora del famoso eslogan “búscate la vida” y deseosa de trasladar al mercado el apetitoso y gigantesco negocio de la privatización de la solidaridad.

En una reciente jornada sobre pensiones organizada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Embajada de Francia, nadie defendió ninguna de estas dos posturas extremas. Sí se pudieron constatar, en cambio, dos grandes líneas de pensamiento que, no obstante, compartían en gran medida el diagnóstico. Sería absurdo, incluso contraproducente, negar la carga ideológica que incorpora el posible tratamiento del problema, según sean los ingredientes y proporciones que se utilicen. Pero, sea cual sea el camino elegido, la posición de partida debe estar conectada con las cifras reales y las proyecciones solventes de instituciones y centros de estudios privados.

Desde el Partido Popular la consigna es desde hace tiempo que la mejor política social es la creación de empleo. Difícil discutir obviedades. El empleo es la duramadre de toda estabilidad económica. Pero el optimismo no es un concepto derivado de las ciencias exactas. Hará falta algo más que buenas intenciones para consolidar la que se ha demostrado como la gran red de solidaridad del país. El Pacto de Toledo debe caminar hacia el blindaje de las pensiones a través de una política fiscal mucho más exigente con los que no han sufrido la crisis y todavía están en condiciones de aportar. Aquí tiene razón la izquierda sensata: los pensionistas españoles han sido los grandes héroes de la depresión. Ahora toca compensar su esfuerzo.