Las lentejas del Constitucional

Esta tenía que ser la legislatura del gran pacto sobre la Justicia, el enésimo intento de aggiornamento de normas y métodos anclados en algunos casos en leyes aprobadas en el siglo XIX. Parecía que las últimas elecciones generales marcaban la senda del diálogo y la negociación como pauta imprescindible de la gestión política. Y parecía también que el Gobierno había entendido el mensaje. De hecho, la opinión mayoritaria en los ambientes judiciales era que el ministro Rafael Catalá parecía la persona idónea para conciliar intereses y buscar el consenso. Parecía. Hasta que se hubieron de tomar las primeras decisiones de envergadura.

El fiscal general elegido para la nueva etapa de pactos y buen rollo, José Manuel Maza, también parecía ser el hombre adecuado: abierto, flexible y de muy sólida formación. Un magistrado independiente partidario de que la investigación penal la dirijan los fiscales en lugar de los jueces, una de las reformas pendientes desde hace lustros y cuya implementación nos acercaría a los usos judiciales de los países con mayor seguridad jurídica de Europa.

Parecía, estaba diciendo, que el aire fresco que aportaban los nuevos partidos con representación parlamentaria iba a promover la despolitización de la Justicia o la desjudicialización de la política, que aun no siendo lo mismo provocan parecido desconcierto y desconfianza en la ciudadanía. Pero no. Resulta que eran lentejas. Eso sí, con chorizo. Resulta que la inercia parece tener más peso que los anhelos de reforma, y que no va a resultar nada fácil sortear los efectos perversos de las dos anomalías enunciadas: politización y judicialización.

El modo y manera en el que se han decidido ciertos nombramientos desmiente todo afán reformista y ratifica algunos de los viejos hábitos que han convertido a la Justicia en el Jurassic Park del sistema y en uno de los problemas perpetuos de nuestra democracia. La forma en la que PP y PSOE, por poner el ejemplo más elocuente y cercano, han conducido la renovación del tercio del pleno del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde al Senado, es la demostración de que la cabra tira al monte, de que en el núcleo del ADN de los grandes y viejos partidos los cromosomas de la fidelidad y de los servicios prestados se siguen imponiendo al de la meritocracia.

“Tribunal de parte”

De preocupante, como mínimo, cabe calificar el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para zanjar esta renovación. En líneas generales, nada hay que objetar a las capacidades de los elegidos. Y es que no se trata de eso, sino del desprecio al más leve espíritu de cambio que transmite el reparto de cromos y, sobre todo, del desmentido que supone a la teórica voluntad de alcanzar un verdadero pacto de Estado sobre la Justicia que comprometa a la gran mayoría del arco parlamentario.

El método empleado para elegir a los nuevos magistrados del Constitucional dificulta el consenso necesario para abordar las reformas pendientes y reaviva la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad reformista de la política. El ministro Catalá puede tener la mejor de las intenciones, pero no es este el camino apropiado para alcanzar un amplio apoyo a reformas tan imprescindibles como la procesal penal o la aprobación de la muy necesaria Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, prioridades del Ministerio para esta legislatura que pueden verse de nuevo frustradas.

Pero, si cabe, aún es más preocupante la rentabilidad que al arreglo le van a sacar los enemigos del Constitucional, algunos de los cuales no han perdido el tiempo en hablar de “tribunal de parte”. Justo cuando, ante el órdago independentista catalán, más necesitado está el sistema judicial español en su conjunto de recolectar nuevas dosis de credibilidad, justo ahora, a los dos grandes partidos no se les ha ocurrido mejor cosa que guisarse y comerse casi en secreto las lentejas del Constitucional. Y todavía, si nadie lo remedia, queda el postre, en forma de presidente del TC con el perfil más partidista de los hasta ahora conocidos y vicepresidente de contrastada vocación pancista. Para compensar.

La renovación de puestos vitales en la Fiscalía y la del tercio del Constitucional han sido la primera prueba de fuego importante de este Gobierno en la esfera de la Justicia. En ambos casos, ha faltado sensibilidad política y ha sobrado arrogancia. Las quemaduras son de segundo y tercer grado: algo más que enojo en los grupos parlamentarios excluidos; jueces, fiscales y otros colectivos del ámbito judicial enfrentados entre sí y a su vez contrariados con la gestión del Ejecutivo; y el nacionalismo acumulando leña para su particular hoguera. Un pan como unas tortas. Un error mayúsculo que puede malograr una vez más el intento de modernización de una Justicia que hace aguas.