Cuando la Justicia no hace política, para aflicción de algunos

10 / 11 / 2017 Agustín Valladolid
  • Valoración
  • Actualmente 5 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tu valoración
  • Actualmente 5 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¡Gracias!

A la vista del estropicio, las momentáneas consecuencias jurídicas del golpe independentista son de un benévolo casi extravagante.

Protesta en Bruselas de los alcaldes independentistas catalanes el pasado día 7. Foto: G. Vanden Wijngaert/AP

No les gusta la cárcel. A nadie le gusta la cárcel, salvo al carcelero. Y no siempre. Hasta ahí, todo normal. Lo que ya no es tan común es que haya quienes contravienen a conciencia el entero Código Penal y luego protestan cuando un juez les manda al talego. Dicen que son presos políticos, pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Son políticos presos, se les ha dicho de todas las maneras posibles, y tan presuntamente culpables como los que han pasado por Alcalá Meco o la prisión cinco estrellas de Estremera por aceptar sobornos o haber birlado a las arcas públicas unos cientos de miles de euros. Incluso puede que acaben siendo aún más culpables que estos, porque el maldito procés nos va a costar un congo a los españoles todos. Hasta 27.000 millones de euros, de continuar así, con la crisis catalana repercutiendo como un martillo pilón en la campana protectora de la economía. La cifra aparecía hace unos días en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España (IEF). Así que pocas bromas. Una debacle que acabará afectando a la calidad de vida de todos los españoles, y en especial a la de los catalanes.

Ciertamente, el que una juez, en su libérrima interpretación de las leyes, y desde el blindaje constitucional de su independencia, ordenara prisión preventiva contra los miembros, no huidos, del último Govern, pudo parecer una medida excesiva, y políticamente inoportuna, a ojos de no pocos ciudadanos. Cierto también, como ha argumentado el consultor institucional Jiménez Asensio, que “la función existencial de los tribunales es pacificar, a través del Derecho, los conflictos y controversias, no echar más leña al fuego”. Y cierto, por último, que la discordancia entre la decisión de la juez Lamela y el criterio, en apariencia más magnánimo, aplicado por el Tribunal Supremo en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, recomendaría una rápida armonización de la jurisprudencia aplicable. Pero lo que no puede achacarse a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, como ha hecho el nacionalismo, es haber actuado con torticera motivación política. Tampoco parece en este caso muy serio, a tenor de la gravedad de los hechos, que ciertos juristas hayan acusado a la juez de dictar un auto de prisión de “dudosa sustentación penal”.

La batalla de las urnas

Porque como muy bien ha defendido Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, los ahora encarcelados o fugados “no están siendo juzgados por organizar un referéndum, por querer que la gente vote; han sido encausados porque, aun sabiendo cuáles eran las posibles consecuencias jurídicas, decidieron saltarse el ordenamiento jurídico a la torera y no una, sino diversas veces (algunos dirían que incluso de forma continuada). No están siendo perseguidos por defender unas ideas (no son presos políticos), sino porque han tratado de defender sus ideas haciendo caso omiso de la legalidad vigente”. Esa, y no otra, es la realidad jurídica de la crisis provocada por el nacionalismo catalán. Si me apuran, una realidad de una benevolencia casi extravagante, porque algunos de los efectos más graves de la deslealtad de Puigdemont, Junqueras y compañía, como el choque social y el enorme deterioro de una convivencia antes ejemplar, no acarrean ningún tipo de penalización legal.

Cosa distinta será lo que ocurra en el terreno de la estricta batalla política. Nadie se atreve a pronosticar de qué modo impactará en las urnas lo vivido y sufrido hasta ahora. Los sondeos reflejan lo que los expertos llaman “escenario electoral catalán congelado”, esto es, un mapa político sin apenas variaciones. Difícil de creer después del terremoto. Yo hablaría más bien de perplejidad; y de dos voluminosas bolsas que, junto a la movilización extraordinaria del constitucionalismo, pueden acarrear sorpresas no pequeñas: la de un voto más oculto que nunca, y la compuesta por los indecisos, entre ellos los alrededor de 125.000 ciudadanos que, según el profesor Oriol Bartomeus, apoyaron en 2015 a Junts pel Sí y, tras la traumática experiencia, estarían dispuestos a regresar al “centro catalanista”.

Procés

Puigdemont versus Junqueras

Las relaciones entre los dos máximos responsables del cesado Govern se vienen deteriorando desde que Puigdemont sustituyó a Mas. La actitud siempre escapista de Oriol Junqueras ha sido la causa principal, pero fue en la larga noche anterior a que el Parlament declarara la independencia, cuando la tensión llegó a tal punto, gritos incluidos, que hasta los escoltas de ambos protagonizaron un más que tirante amago de enfrentamiento.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

COMENTARIOS

No hay comentarios

ENVIA TU COMENTARIO

  • Los campos marcados con "*" son obligatorios

Grupo Zeta Nexica