Rousseff y Lula da Silva, camino del banquillo

Las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en Petrobras han llegado hasta el palacio del Planalto (sede del Ejecutivo brasileño), en Brasilia, y dejan el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sumido en una grave preocupación: ¿citarán al banquillo? La Justicia de Brasil ha abierto investigaciones sobre las finanzas de las campañas electorales de la mandataria, de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y sobre dos de sus principales ministros.

Las investigaciones, en todos los casos, se basan en denuncias realizadas por el empresario Ricardo Pessoa, uno de los arrestados por participar en los fraudes en Petrobras que colabora con las investigaciones.

Campañas bajo sospecha. Por un lado, el ministro Teori Zavascki, del Supremo Tribunal Federal (STF), ha pedido al juez responsable del caso Petrobras, Sérgio Moro, que investigue sospechas de que las campañas electorales que llevaron a Lula da Silva a ser reelegido (2006) y a Dilma Rousseff al Gobierno (2010) y a la reelección (2014) recibieron dinero desviado de la petrolera estatal. Según informaciones del diario O Globo, Zavascki ha pedido que sean investigados los excoordinadores de las campañas de los candidatos el Partido de los Trabajadores (PT): el exdiputado José de Fillipi, quien fue tesorero del comité de reelección de Lula da Silva en 2006, y de la primera campaña de Dilma Rousseff, en 2010; y el actual ministro de Comunicación de la Presidencia, Edinho Silva, tesorero de la campaña de Rousseff de 2014. Según O Globo, también podrá ser llamado a declarar en el marco de esta investigación el extesorero del PT Joao Vaccari Neto, encarcelado desde abril por su implicación en el caso Petrobras.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte investiga a Silva y al jefe del Gabinete Civil de Rousseff, Aloizio Mercadante. El primero es acusado de haber coaccionado, en su calidad de tesorero del comité, a empresas contratistas de Petrobras que participaban en los fraudes para que donaran dinero para la campaña de reelección de Rousseff. En el caso de Mercadante, se le acusa de haber recibido recursos desviados para su campaña a la gobernación de São Paulo en 2014. Según Pessoa, en 2014 Silva lo coaccionó para que donase 7,5 millones de reales (1,76 millones de dólares) para la campaña de reelección de la actual presidenta.

Sobornos como donaciones. Con respecto a Mercadante, Pessoa dijo, según los medios, que le entregó un total de 750.000 reales (unos 176.000 euros) en sobornos al parecer camuflados como donaciones para su campaña electoral. De ese total, 250.000 reales (58.675 euros) fueron entregados “por fuera”, es decir, sin ser declarados ante la Justicia Electoral.

Ambos ministros han negado de manera categórica las acusaciones. En uno de sus editoriales, el diario Folha de São Paulo afirma que la apertura de los procesos de investigación de ambos secretarios de Estado refuerza la presión al Ejecutivo para que ponga en práctica una reforma del Gabinete que permita engrasar las relaciones con el Congreso, que están en pie de guerra. “La investigación sobre Mercadante y Edinho alcanza el sistema nervioso del [palacio del] Planalto”, sostiene Folha de São Paulo, que recuerda que el primero es “el brazo derecho” de Dilma Rousseff, al tiempo que Silva actúa como “bombero” de la profunda crisis política y económica que sacude al segundo Gobierno de la exguerrillera, que comenzó en enero de este año.

Auxiliares de Rousseff citados por el diario sostienen que solo una reforma total y drástica del Gabinete puede llegar a recuperar al Gobierno. “Que saque a todo el mundo, que recomience desde cero, no sé. Pero que haga algo en los próximos diez días”, ha sintetizado la desesperada situación un ministro bajo condición de anonimato.

La lupa de la Justicia se acerca a la presidenta, a sus dos principales ministros y a su mentor y líder máximo del Partido de los Trabajadores en momentos en que los dos garantes de su Gobierno, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, y el vicepresidente de la República, Michel Temer, ensayan procesos de alejamiento.

Levy estuvo a punto de salir la semana pasada, contrariado por haberse visto forzado a enviar al Congreso un presupuesto para 2016 con un déficit fiscal equivalente al 0,5% del Producto Interior Bruto. La presión provino de ministros del PT estrechamente vinculados al partido, como el titular de Planificación, Nelson Barbosa, quien defiende que se creen o aumenten impuestos y se niega a recortar gastos, algo que va en contra de la política de Levy, conocido como “el economista con manos de tijera”.

Michel Temer, a su vez, abandonó hace unos días la interlocución entre el Ejecutivo y el Congreso que le había pedido Rousseff para poder poner en marcha el ajuste fiscal destinado a sacar del pozo la economía, y el viernes declaró que “nadie puede aguantar tres años y medio [lo que resta del Gobierno de Dilma Rousseff], con una popularidad del 8%”, que es la que ostenta la presidenta.