La corrupción también invade Portugal

No diga Portugal, diga corrupción. Que aquí se escribe corrupção y se pronuncia corrupsau. Porque hablando rigurosamente es imposible entender el 2014 en el país vecino sin los vicios detectados en la política, y en la banca, y en la policía, y en la educación, y en la Justicia, y en un largo etcétera de sectores clave para una democracia con 40 años de vida.

El calendario luso del año que ha terminado es al tacto un papel arrugado con rabia. Cada mes está señalado en rojo, unas fechas con más intensidad que otras. Aunque solo sea por empezar por algún sitio, la despedida ha sido histórica: por vez primera desde la caída de la dictadura, en 1974, un exmandatario ha sido detenido. El ex primer ministro (de 2005 a 2011) José Sócrates se ha convertido en el preso número 44 de la cárcel de Évora, acusado de varios delitos: fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsificación documental y corrupción. En el mismo saco ha caído su círculo más cercano: el administrador del grupo de construcciones Lena, Carlos Santos Silva; el conductor João Pena; y el abogado Gonzalo Ferreira. Estos amigos son quienes presuntamente le facilitaban un tren de vida de más de 15.000 euros al mes en su exilio parisino, algo “incompatible con los rendimientos declarados” por el socialista, explica José Antonio Saraiva, el director de Sol, el diario de referencia en la investigación de este asunto.

La conocida como operación Marqués es la última gota en un vaso que ya rebosaba. Aunque solo sea por exceso de trabajo, el aparato judicial luso se ha puesto las botas en 2014. Nunca antes en su historia democrática había encausado tantos rostros conocidos. “No ha sido casualidad”, recalca el fundador del Movimiento Anticorrupción, Micael Sousa, quien apunta motivos tanto “positivos, de origen cívico”, como “negativos: de influencia y ataque de las élites gobernantes contra sus adversarios”.

En el conjunto de la Unión Europea, Portugal ocupa el puesto 16 del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (TI), con una puntuación de 63 (tres puntos por encima de España), en una escala que va del 0 (totalmente corrupto) al 100 (complemente limpio). “Las condiciones sociales y económicas en las que estamos inmersos nos vuelven más exigentes con las instituciones del Estado y con el poder judicial en particular”, argumenta la coordinadora del Observatorio de la Justicia Portuguesa, Conceição Gomes. La Asociación Transparencia e Integridad, versión lusa de TI, señala que ocho de cada diez portugueses entiende que la situación ha empeorado en los dos últimos años. Su presidente, Paulo Morais, denuncia que “el Parlamento, con todos los partidos que ahora mismo lo conforman, es el mayor símbolo de corrupción en Portugal”. Precisamente de allí, del palacio de São Bento, han brotado los principales escándalos.

El precipicio del actual Gobierno.

A mediados de noviembre dimitía el ministro del Interior, Miguel Macedo, vinculado a la operación Laberinto, una trama de concesión de visados a grandes inversores de fuera de la UE que, también por vez primera, provocó la detención del jefe de un organismo de la policía criminal, Manuel Jarmela. Y a principios de septiembre fue condenada la ministra de Educación en el Ejecutivo de Sócrates, Maria de Lurdes Rodrigues (2005-2009), por haber contratado al hermano de un compañero de bancada.

Ni siquiera el primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha salido limpio de salpicaduras. Dos bombas informativas han quebrado la estabilidad del Gobierno, formado por el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y la derecha del Centro Democrático Social Partido Popular (CDS-PP).

La primera acusa a Coelho de haber violado su régimen de exclusividad, al cobrar 150.000 euros extra en su época de diputado entre 1997 y 1999. La revista Sábado habla de fraude fiscal y de falsificación de documentos, delitos que, aun habiendo prescrito, han dañado la imagen del líder del PSD. La segunda revelación, en este caso en las páginas del semanario Visão, reúne decenas de campañas de los socialdemócratas envueltas en negocios polémicos cuando no ilícitos, con facturas falsas, evasión fiscal, una empresa fantasma y financiaciones encubiertas. Se habría beneficiado un gran número de cargos, entre ellos también Passos Coelho.

El mayor banquero.

Portugal ha utilizado la corrupción como combustible para las máquinas. Por eso la banca tampoco sale ilesa en 2014. En septiembre fue condenado por la investigación Face Oculta Armando Vara, exministro socialista y antiguo administrador de la Caixa Geral de Depósitos y del Millenium BCP. Sobre sus espaldas pesan tres delitos de tráfico de influencias.

El plato fuerte llegó el 24 de julio con la detención por fraude fiscal y blanqueo de capitales del banquero más importante del país. Ricardo Salgado salió en libertad bajo fianza pero veía cómo caía la pieza más codiciada de su imperio, el Banco Espírito Santo (BES). La que fuera segunda entidad financiera más grande del país está hoy dividida entre una fracción buena (Novo Banco) y otra mala. Tal era la supremacía de Salgado que es conocido como ODT(o dono disto tudo: el dueño de todo esto).

Son apenas las cabezas más visibles de una corrupción que ha arrastrado a decenas de cargos medios. ¿Casualidad o consecuencia? “Hay una Justicia nueva, más independiente del poder político”, confirma Antonio Saraiva. “Los últimos casos acentúan la idea de que la Justicia puede llegar a quien tiene o tuvo mucho poder e influencia”, apunta Conceição Gomes, que pide sin embargo paciencia tanto para ver el final de los casos todavía pendientes como para comprobar que, efectivamente, se trata de “una actuación sistemática”.