Regulación desigual

05 / 01 / 2018 Patrick Lane
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Más normas en Europa, menos en Estados Unidos.

La aceptación de mala gana se ha transformado en resentimiento abierto. La crisis de 2007-2008 demostró que la regulación bancaria mundial era demasiado permisiva. Desde entonces, y bajo marcos reguladores globales más duros como el Basilea 3, las normativas nacionales más estrictas y la supervisión estatal más estrecha, los bancos han reconstruido su imagen y han rendido cuentas como nunca. Tras una década en galeras, los bancos creen que ya es tiempo de aflojar las cadenas. En 2018 esta petición podría ser atendida en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, y especialmente en Europa, no habrá tanta suerte.

Flexibilizar la regulación bancaria fue una de las muchas promesas electorales de Donald Trump. Pero esta, al contrario que otras, sí tiene visos de cumplirse. Sin embargo, esto no se hará mediante la aprobación de nuevas leyes o a través de la derogación de la Ley Dodd-Frank de 2010, que impuso un paquete de nuevas restricciones y creó un nuevo regulador, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Trump prometió “poner patas arriba” la Dodd-Frank, y en la Cámara de Representantes los republicanos aprobaron la Ley de Elección Financiera, que va en este mismo sentido. Es poco probable que dicha ley sea finalmente aprobada en el Senado. Sin embargo, la carga regulatoria podría rebajarse sensiblemente sin necesidad de cambios legislativos debido a que la Ley Dodd-Frank concede amplios poderes al regulador, ya sea para endurecer las normas o para flexibilizarlas.

En junio de 2017, un informe realizado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hacía 97 recomendaciones para dar más libertad a los bancos. De ellas, al menos 62 pueden ser aplicadas por el regulador sin necesidad de que intervenga el Congreso. Estas medidas incluyen retrasar la introducción, prevista para 2018, de un “ratio de financiación estable neto”, una medida contemplada en el Basilea 3 para limitar la dependencia de los grandes bancos de los pasivos volátiles; o una interpretación más generosa del ratio de activos con respecto al conjunto de valores.

Los grandes bancos acogerán bien estas medidas. Y la banca local (que en su mayoría se nutre de pequeños ahorradores, y que en Estados Unidos cuenta con 5.000 entidades) está especialmente contenta con el informe de Mnuchin. Espera que se relajen las normas para la concesión de hipotecas. Y es probable que sean las mayores beneficiadas si finalmente el Congreso aprueba alguna modificación de la ley.

En Europa, el engranaje regulatorio aún va en la dirección opuesta. El último gran elemento del Basilea 3 en teoría se aplicará a todos los grandes bancos del mundo, pero en la práctica es probable que afecte con especial dureza a Europa. En efecto, la nueva normativa eleva el nivel mínimo de activos necesario para la concesión de hipotecas y préstamos corporativos, algo que los bancos europeos tienden a tener en cuenta en sus balances contables, pero que los estadounidenses no.

Hay otros cambios que ya son seguros. El 3 de enero entrará en vigor una nueva versión de la Directiva Europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, la MiFID II. Su exigencia más destacada es que tanto bancos como gestores de activos han de cobrar de forma separada a sus clientes por la investigación que realicen, lo que se podría traducir en menos trabajo para los analistas. Pero hay otras medidas de mayor calado. Por ejemplo, se limitarán las operaciones de los bancos en los mercados paralelos y restringidos conocidos como dark pools, impulsará los canjes de más bonos y de operaciones con derivados financieros y endurecerá en gran medida las exigencias de rendición de cuentas. 

Competitividad digital

Otra actualización normativa que entrará en vigor a comienzos de 2018 relativa al pago de servicios (la PSD2) someterá a los bancos a una mayor competitividad digital. Los clientes podrán dejar que terceros vean sus datos bancarios para ofrecerles mejores servicios de pago y rentabilidades. Las start ups financieras pretenden arrebatarle este negocio a los estáticos bancos, aunque algunos también tratarán de aprovechar la oportunidad. Por otro lado, un nuevo estándar contable internacional, el IFRS9, exigirá a los bancos que hagan provisiones de forma más temprana frente a posibles impagos.

Sin embargo, el mayor imponderable regulatorio de 2018 para los bancos europeos será el mismo que el de 2017: el brexit. Cuando Reino Unido abandone la UE, los bancos hoy radicados allí tendrán que buscar sede en alguno de los otros 27 países para poder seguir operando bajo normativa comunitaria. Y es que, ¿cuánto les costaría mantener dos sedes en términos de personal, de capital y de obligaciones burocráticas? En 2018 se espera tener una idea más clara al respecto.

Patrick Lanejefe de Banca de The Economist

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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