El sueño de los dreamers

19 / 01 / 2018 Haley Cohen (Los Ángeles)
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Hay esperanzas de que el Congreso regule la situación de los jóvenes inmigrantes indocumentados.

Cuenta atrás para el sueño americano

Es comprensible que a los dreamers (inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños) la política les dé calambres. Desde 2001 el Congreso ha debatido numerosas medidas para facilitar el acceso a la ciudadanía a estos adolescentes, un paso lógico teniendo en cuenta que muchos tienen un profundo arraigo en el país. Pero mientras que muchas de estas medidas cuentan con el consenso de demócratas y republicanos y algunas han sido aprobadas en alguna de las dos Cámaras, ninguna ha sido nunca aprobada por ambas Cámaras en el mismo año.

Harto del bloqueo en el Congreso, en 2012 Barack Obama dictó una orden ejecutiva denominada Acción Aplazada para la Llegada de Niños (DACA, en sus siglas en inglés) que otorgaba residencia temporal y permiso de trabajo a los dreamers que cumplieran ciertos requisitos educativos y no tuvieran antecedentes criminales. En septiembre, y tras numerosos recursos legales interpuestos por Estados conservadores, Donald Trump afirmó que suspendería el programa en marzo de 2018. Aunque el anuncio ha provocado críticas de políticos de toda tendencia, el presidente Trump podría haber dado al Congreso su mejor oportunidad para aprobar medidas de protección para estos jóvenes.

En primer lugar, una vez que el Estado garantiza un derecho es muy difícil revocarlo. A la mayoría de la población le parecerá cruel y extraño imponer a los dreamers un estatus legal con fecha de caducidad que además nos les provea de un camino alternativo para conseguir la residencia. Una encuesta reciente sostiene que un 86% de los estadounidenses están a favor de dar la residencia a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. Esto podría empujar al Congreso a buscar una solución para estos jóvenes.

En segundo lugar, ahora los republicanos tienen más libertad para aprobar medidas favorables a los dreamers que cuando gobernaba Obama, cuyas propuestas bloqueaban por sistema.

Sin embargo, los republicanos quieren combinar esta protección a los dreamers con un endurecimiento de la seguridad fronteriza para que no parezca que son blandos con la inmigración ilegal. Algunas de estas propuestas serán difíciles de aceptar para los demócratas, y dado que los próximos meses serán complicados por las legislativas de noviembre, cuanto más se retrase el asunto menos posibilidades habrá de que se apruebe la legislación.

Un fracaso resultaría devastador. La deportación de 800.000 personas protegidas por la DACA no solo sería cruel, sino que colapsaría los tribunales de inmigración y le costaría a la economía 280.000 millones de dólares (240.000 millones de euros) a lo largo de la próxima década, según el think tank liberal Cato Institute.

A pesar de que sigue habiendo grandes obstáculos, el Congreso parece mejor posicionado que nunca para proteger a los dreamers. No debería malgastar la oportunidad.

Haley Cohen: corresponsal en la Costa Oeste de The Economist

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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