¿Demasiada luz?

La luz puede ser el mejor de los remedios, pero en lo que se refiere a las finanzas personales tiene que tener límites: ¿por qué el vecino de enfrente tendría que saber cuánto dinero tienes en tu cuenta o si tienes un fondo para tus hijos? En 2017 el debate sobre dónde hay que colocar esta línea se intensificará a medida que se vayan poniendo en marcha iniciativas de transparencia agresivas diseñadas para atrapar a evasores fiscales y otros delincuentes financieros. Aumentarán las quejas por abusos estatales, y también las relativas a que muchos datos financieros sensibles están cayendo en las manos equivocadas.

Desde el estallido de la crisis los Estados han respondido a la indignación ciudadana por la austeridad y por la sensación de que los ricos se estaban yendo de rositas apuntando contra el secreto financiero. Estados Unidos marcó la pauta al obligar a las empresas financieras extranjeras a revelar quiénes eran sus clientes estadounidenses. Más de cien países han firmado el Estándar Común de Información (CRS, en sus siglas en inglés) que obliga a un intercambio de información regular y sistemático de los titulares extranjeros de cuentas a partir de 2017.

Sin embargo, hay quien piensa que los Estados han ido demasiado lejos en su cruzada contra el secreto financiero, hasta el punto de pisotear el legítimo derecho a la privacidad. El CRS copió el modelo de Estados Unidos, pero va aún más allá: exige todo tipo de información, y no solo la relevante desde un punto de vista fiscal.

Este enfoque innecesariamente severo tiene indignados a algunos expertos financieros. ¿Por qué, se preguntan, los Estados son unos villanos cuando exigen información de teléfonos móviles personales y se convierten en héroes cuando exigen datos financieros igualmente privados? Es posible que los móviles no sean en sí mismos herramientas para evadir impuestos, pero también pueden ser usados para cometer toda clase de delitos.

No es descartable que en algún momento se intente contrarrestar el CRS por vía judicial. El asunto podría acabar en el Tribunal de Justicia Europeo, pues sus detractores argumentan que el CRS es incompatible con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual la inclusión en la privacidad ha de ser proporcionada.

Traficando en la oscuridad

También preocupa la seguridad de la información. En la medida en que los Gobiernos intercambian cada vez más datos fiscales aumenta también el riesgo de hackeo. Si incluso los bancos tienen problemas para proteger sus datos, como sugiere la red mundial de comunicaciones financieras Swift, ¿qué puede esperarse de las agencias estatales, mal financiadas y sometidas a todo tipo de presiones? En algunos países los empleados de estas agencias podrían tener la tentación de vender datos. O sus jefes podrían filtrar a los Gobiernos información sensible para hostigar a personas que por ejemplo hubieran recibido fondos de asociaciones contra la corrupción o en defensa de los colectivos LGTB (que según el CRS podrían considerarse “instituciones financieras”).

Aquí también se espera una batalla judicial. Los contrarios a estos intercambios de información masivos tienen el apoyo de las agencias de protección de datos. Un grupo de expertos convocados por la Comisión Europea para estudiar la implementación del CRS concluyó que este era muy similar a una directiva que ya había sido declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE.

Se avecinan otras batallas. Con un ojo puesto en la evasión fiscal y otro en el saqueo de los países pobres, algunos Gobiernos están pensando en crear registros de propietarios de empresas como el que ya existe en el Reino Unido. Pero hay mucha controversia. El argumento contrario es que apostar por estos registros antes que por una mejor regulación empresarial podría empeorar las cosas si los contenidos de dichos registros no están bien controlados o las penas por acusaciones falsas no son lo bastante duras.

En resumen, aún hay mucho que batallar. Las medidas conducentes a una mayor apertura financiera son populares porque se perciben como herramientas para combatir criminales. Pero hay a quienes preocupa que algunos derechos fundamentales y la seguridad personal puedan verse comprometidos. El año que viene veremos si estas voces pueden hacerse oír frente al coro de quienes piden mano dura contra la vileza de cuello blanco.