Urdangarin y la infanta Cristina, a la espera de la sentencia del caso Nóos
25 / 01 / 2017 Javier Otero
Las penas se darán a conocer como muy tarde en el mes de marzo.
¿Se acabará el calvario en 2017?
En 2017 finalizará el “martirio” que, según la Casa Real, supone el caso Nóos. La jueza ponente de la sentencia tiene hasta el mes de marzo para redactarla, según ha decidido la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha ampliado el plazo hasta esa fecha “atendiendo a la complejidad del asunto”. Este tribunal también ha decidido que la ampliación es improrrogable.
Efectivamente, la sentencia analizará la complejidad de una investigación en la que se juegan su futuro la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, además de su socio, Diego Torres, y otros acusados. Anteriores decisiones de la Audiencia Provincial sobre el caso Nóos fueron excepcionalmente extensas. El propio juez instructor del caso, José Castro, se quejó de que para imputar a la infanta Cristina tuviera que exponer sus argumentos de manera que podría parecer un tratado de Derecho.
Las decisiones más complejas se refieren principalmente a dos cuestiones. La primera es la acusación contra la infanta. El tribunal debe decidir si la declara inocente al considerar que no decidía ni conocía la trascendencia de las decisiones que tomaba su marido respecto a sus empresas. En alguna de ellas participaba la infanta como administradora junto a Urdangarin.
Más complejo aún es dictar una sentencia en la que el principal responsable de la acusación popular, Miguel Bernad, se encuentra en prisión acusado de extorsión. Bernad lideró esta acusación a través de Manos Limpias. La abogada de esta acusación, Virginia López Negrete, ha mantenido la representación de esta parte a pesar de la operación policial que desmanteló esta organización y aunque la Fiscalía pidiera al tribunal que fuera apartada del caso. La Fiscalía ha pedido la absolución de Cristina de Borbón, con lo que la única parte acusadora es la representada por López Negrete.
La investigación judicial sobre Miguel Bernad relata que Manos Limpias podría haber negociado presuntamente la posible retirada de la acusación popular en este caso a cambio de cuatro millones de euros. La operación no llegó a culminar.
