Tercera prórroga presupuestaria

En los 39 años que cumplirá la Constitución española en 2017 esta es la tercera vez que comienza el año sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La anterior fue en 2012, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) perdió las elecciones. El nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, presentó y aprobó unos Presupuestos Generales en los primeros meses de 2012. La otra ocasión se dio en 1996 cuando Felipe González (PSOE) no pudo sacar adelante las votaciones a las cuentas públicas en el Congreso de los Diputados y tuvo que prorrogar los Presupuestos y convocar elecciones anticipadas en 1996.

La situación ahora se parece un poco a las dos anteriores, pero es diferente. En 1996, José María Aznar (PP) fue investido presidente del Gobierno en minoría pero pudo sacar adelante los Presupuestos del Estado con el apoyo de los nacionalistas catalanes, encabezados entonces por Jordi Pujol (CiU). Ahora el PP no tiene mayoría asegurada en el Congreso porque su pacto con Ciudadanos no le asegura votos suficientes y los nacionalistas catalanes están radicalmente en contra. Las cuentas le pueden salir si arrima a su ascua los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y uno más.

Esta vez, incluso para poder llevar a Bruselas el compromiso de cumplimiento del déficit mínimamente argumentado, el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto-ley una subida de impuestos que tuvo que pactar previamente para afrontar con éxito su convalidación parlamentaria. Lo mismo ha ocurrido con el techo de gasto para 2017, fijado finalmente en 118.337 millones de euros, como paso previo a la elaboración de un proyecto de ley de Presupuestos que deberá ser presentado por el Gobierno y abrir el trámite de aprobación por el Congreso.

Todos los partidos de la oposición esperan ese momento para poner sobre la mesa sus reivindicaciones y comenzar una negociación que promete ser dura y tardar varias semanas. En condiciones normales, la tramitación parlamentaria suele durar tres meses (el último trimestre de cada año), y en ese tiempo los grupos parlamentarios van proponiendo enmiendas para su debate. Sin embargo, hay un paso previo absolutamente necesario: superar la enmienda a la totalidad, que lleva aparejada su devolución inmediata al Gobierno. Podemos y los nacionalistas catalanes preparan su artillería para evitar que Rajoy salga victorioso de esa votación crucial.

Eso fue lo que le ocurrió a Felipe González en 1995. Mariano Rajoy ha dejado entrever que si le ocurre a él lo mismo, anticipará las elecciones generales. Pero no parece que lo vaya a hacer, porque el PP ha puesto a funcionar la maquinaria de contactos con otros partidos (fundamentalmente Ciudadanos y PSOE) para poder sacar con holgura su proyecto, aunque tenga que estar pactado y pase finalmente la votación con una abstención del PSOE que sería justificada por los dirigentes socialistas si logran algo importante a cambio.