Crisis y corrupción en Sudáfrica

El último día de marzo fue un día histórico para Sudáfrica. Su presidente, Jacob Zuma, fue declarado culpable por un tribunal de violar la Constitución al haber utilizado una cuantiosa suma de dinero público para realizar varias reformas en su residencia familia de Nkandla. El escándalo salió a la luz cuando un periodista que estaba por las inmediaciones entrevistando a sus vecinos para saber cómo era tener a un presidente viviendo tan cerca de ellos, tuvo acceso a la vivienda y vio lo que allí estaba sucediendo. Entonces Zuma se estrenaba como presidente de Sudáfrica, y poco había tardado en aprovecharse de su cargo. Entre las reformas de la casa, cuya razón de ser era mejorar la seguridad, se encontraban varias obras muy difíciles de justificar. Una piscina, un anfiteatro, un centro para visitantes, un recinto para el ganado y un gallinero fueron las cinco inversiones que el tribunal dictaminó que el presidente debería devolver a las arcas públicas. Un total de 23 millones de dólares (20 millones de euros) fueron invertidos en dichas obras y aún se desconoce la cifra que deberá reembolsar. El 1 de abril, el dirigente se dirigió a la nación en un discurso televisado para pedir perdón públicamente y disculparse por la “frustración” que había generado durante el largo proceso judicial, iniciado en 2014, y prometió devolver hasta el último céntimo que el tribunal le ordenase. Cuatro días después, el Parlamento debatió a petición de la oposición su destitución por considerarle “no acto para gobernar”. Su mayoría de diputados, 247 de los 400 que conforman la Cámara, le sirvió para superar la moción y mantener su cargo, pero con mucho trabajo por delante.

Polémica compra de armas

Zuma es perro viejo de la política sudafricana. Con solo 17 años comenzó su militancia en el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), el mismo partido del aclamado Nelson Mandela. Nació en una familia pobre y pronto comenzó a luchar contra el apartheid. En 2009 alcanzó la presidencia del país, al mismo tiempo que se libraba del primer escándalo que le vinculaba con corrupción. Entonces, un cuestionable tratado de compra de armas por valor de 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) le puso por primera vez en el punto de mira de la oposición. Sin embargo, su victoria en las urnas hizo que el caso fuera archivado y los cargos retirados.

Mientras tanto, y tras décadas a la cabeza como una de las potencias económicas más importantes del continente, la economía sudafricana ha comenzado una recesión importante, como anunció el propio ministro de Finanzas, Pravin Gordhan: “No hay ninguna duda de que estamos en crisis”, dijo en febrero pasado. En 2016 se espera que el crecimiento sea del 0,9%, y los mayores desafíos a los que deberá hacer frente el país son el crecimiento de la contracción, una tasa de desempleo superior al 25% y la pobreza generalizada que asola el país. Además, la moneda local, el rand sudafricano, ha sufrido una fuerte devaluación en los últimos cinco años, hasta llegar a valer unos 0,06 dólares (o,o5 euros). Las medidas anunciadas por el Parlamento para evitar la recesión y apaciguar a las agencias de calificación –que han amenazado con rebajar la nota a Sudáfrica–, comienzan con recortes en el gasto público, la congelación de las nóminas de los funcionarios y algunas subidas de impuestos (entre ellos las tasas medioambientales), con las que se espera conseguir un extra de 18 millones de rands (1 millón de euros).

Los analistas explican que la desaceleración económica responde a factores como la reducción de los precios de las materias primas, la peor sequía en cincuenta años y la disminución de la demanda de China, quien era su mayor socio comercial y que ahora está presente en casi la totalidad del continente. Por otro lado, los más críticos con la gestión del Gobierno apuntan a que el principal factor de la crisis que está por llegar tiene nombre y apellidos: Jacob Zuma. El 40% del presupuesto sudafricano se destina a pagar a los trabajadores del Gobierno, debido a la concentración de la función pública y a las empresas del Estado. El Gobierno ha prestado más de 14.000 millones de dólares (12.300 millones de euros) a las empresas de propiedad estatal, a pesar de que muchas de ellas se encuentran en situación de riesgo y no pueden garantizar que vayan a devolver esas sumas. Además, su gabinete cuenta con 35 ministros y 37 viceministros, con unos privilegios que van desde los viajes internacionales de avión en primera clase, hasta dos coches oficiales cada uno además de una vivienda a cargo del Gobierno así como los trabajadores domésticos. Este año será recordado como uno de los más difíciles para el gigante africano.