Colombia: la maldición del carbón

19 / 04 / 2017 T. Rodríguez y G. Ismar (DPA)
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La Justicia hostiga a la mayor minera del país para que reduzca su impacto medioambiental y sobre la salud.

Un camión cargado de carbón bordea la explotación a cielo abierto de la compañía minera El Cerrejón en La Guajira (Colombia). Foto: José Gómez/Reuters

Desde hace más de 30 años, la explotación masiva de unas 32.000 hectáreas de carbón en el norte de Colombia ha sido un dolor de cabeza para las comunidades indígenas wayuu de esa zona, que se sienten afectadas por la contaminación que la actividad genera.

Aunque la compañía minera Carbones el Cerrejón, ubicada en esa región cercana a la frontera con Venezuela, intenta mitigar la situación usando grandes cantidades de agua para disminuir el polvillo que genera la extracción, los problemas no paran ahí. Con la producción de 33 millones de toneladas anuales de carbón (de los cerca de 80 que se extraen en Colombia), Cerrejón se consolida como la principal compañía explotadora del mineral en el país y una de las más grandes del mundo a cielo abierto.

Exportación

La compañía, propiedad de la inglesa Anglo American, la australiana BHP Billiton y la suiza Glencore Xstrata, exporta hacia Europa, el Mediterráneo y parte de América, y ayuda sustancialmente a la consolidación del país como el cuarto exportador de carbón a escala mundial.

Cada día Cerrejón transporta entre siete y nueve trenes con 150 vagones llenos de carbón hacia el municipio de Puerto Bolívar, en el departamento norteño de La Guajira. Hasta 2014 la compañía registró 35 ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que le produjeron la pérdida de hasta 40 vagones. Por esa razón, la oportunidad que se abre para la minera tras la firma del proceso de paz con las FARC no solo es económico sino también turístico, teniendo en cuenta que el 39% de la producción de Cerrejón tiene como destino Europa, en donde el carbón es utilizado para producir energía.

No obstante, la inevitable emisión de partículas que se da en los yacimientos carboníferos es un tema que la compañía no puede ocultar. Órdenes judiciales, denuncias formales y enfrentamientos con las comunidades han sido permanentes y se seguirán produciendo por lo menos hasta 2033, cuando se prevé que termina la concesión.

Según el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, las proyecciones de la empresa siguen siendo positivas debido a la demanda de carbón en países de África y Asia, en donde se concentran gran parte de las 1.200 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica y usan el carbón como alternativa. “El carbón va a seguir creciendo en consumo debido a que hoy en día el 41% de la electricidad se genera con carbón”, declara Junguito al destacar diversas acciones sociales y ambientales que la empresa ha liderado a lo largo de los años.

Aunque para Junguito, “Cerrejón es una compañía sumamente responsable en el manejo de recursos”, para las comunidades aledañas la explotación de carbón es causa de enfermedades respiratorias en niños y ancianos, de la contaminación del agua y del desplazamiento forzado de decenas de familias. “[Cerrejón] nos ha quitado el agua, los alimentos, ¡todo!”, afirmó Wilman Palmezano, uno de los campesinos afectados, en entrevistas hechas por la Corte Constitucional en marzo de 2015, cuando ese tribunal inició la investigación sobre una denuncia contra la compañía por los efectos de la explotación en el territorio.

Decisión de los tribunales

Esa acción legal finalizó con un fallo a favor de las comunidades, en el que la Corte obligaba a la compañía minera a garantizar a los pueblos aledaños el acceso al agua potable y a acatar la orden del Ministerio de Ambiente, que pidió en 2010 el reasentamiento de 40 familias que fueron desalojadas por Cerrejón. En una reciente decisión de la Corte sobre otra denuncia hecha por una comunidad indígena cercana, se consideró que efectivamente la explotación del carbón a cielo abierto afecta la salud de los pobladores del norte de La Guajira.

El pasado 1 de marzo la Corte solicitó al Ministerio de Ambiente, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al Ministerio del Interior y a la empresa Cerrejón, “revisar la situación ambiental de La Guajira y las afectaciones que podría generar la empresa El Cerrejón en la comunidad indígena”. “Es evidente la afectación por contaminación debido a las partículas de carbón a las que están siendo sometidas las personas, la fauna, la flora, el agua, el suelo y el recurso aire, hacia el área que habitan las comunidades que se encuentran en la zona por parte de Cerrejón”, concluyó el tribunal.

En el acuerdo sobre el cambio climático suscrito durante la convención de la ONU en 2015, las naciones desarrolladas y subdesarrolladas se comprometieron a disminuir significativamente las emisiones de carbono con el fin de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados. Pese a esto, explica Junguito, solamente existen dos alternativas eficaces para lograr lo planteado en París que necesitan no solo inversión económica sino también apoyo político. “Una es liberar las plantas existentes y crear unas de nuevas tecnologías que reducen el carbono y la otra es hacer inversión en tecnología CCS [por las siglas en inglés de Captura y Almacenamiento de Carbono] para capturar ese carbono y guardarlo en depósitos en la tierra”, detalló.

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