Colombia: hacia una paz justa y verdadera

Como miembro de la V Caravana Internacional de Juristas he tenido la oportunidad y la certeza histórica de ser testigo directo del acuerdo de paz en Colombia, y de testar este proceso en primera persona, junto con varios colegas abogados de otros países. Un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) largamente perseguido, fallido en anteriores intentonas –Caguán, Tlaxcala y La Uribe–. En su tramo final, los 38 días que van desde el anuncio del acuerdo el 24 de agosto hasta el plebiscito que se celebrará el 2 de octubre, el pueblo colombiano decidirá sobre lo acordado en La Habana. Un referendo al que han sido encomendados todos los firmantes para llegar, como mínimo, al 13% del censo electoral vigente, esto es, en torno a cuatro millones y medio de votantes. Estas semanas previas al acuerdo he tenido la fortuna, como miembro de la Caravana Internacional de Juristas por los Derechos Humanos, de participar, junto con colegas de otros países, en la observación de la situación de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto, manteniendo reuniones y largos encuentros con organizaciones sociales, sindicales y de víctimas, así como con administraciones y miembros del cuerpo diplomático.

Paradigma

 Algunos han calificado este proceso como una simple permuta de la entrega de las armas por parte de los guerrilleros a cambio de su incorporación a la vida política. Muchos otros, en cambio, opinamos que este acuerdo de casi 300 páginas que desarrollan seis puntos, supone todo un paradigma en favor de la anhelada transformación de un país, cuya violencia ha mantenido cautivas a varias generaciones. Seis puntos muy determinantes, contenidos en otros tantos epígrafes: la reforma rural, la participación política, el cese del fuego y la reincorporación a la vida civil, la solución al problema de las drogas ilegales, el acuerdo sobre las víctimas y la justicia ante la impunidad y, por último, la verificación, implementación y el refrendo del acuerdo en sí, para consolidar el denominado posproceso.

Sobre la mesa están la reorganización de la Colombia más rural, la situación de las víctimas –más de ocho millones–, las desapariciones forzosas, los falsos positivos, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la concentración en zonas y áreas estratégicas –caso de la zona Norte– de grandes reservas petrolíferas y de carbón. Y, también, la actuación de los paramilitares, que siembran el terror en sus territorios, con el ejercicio de la más cruel de las violencias.

Es la mirada de un país enfrentado entre ciudadanos de la misma nación, que comenzaron el conflicto por la tierra, y que deben poner, de ahí que sea el primer punto del acuerdo, paz frente al desequilibrio económico y territorial de la misma.

Implementación

La voluntad en el acuerdo ha quedado manifestada, pero ahora toca el camino de la aplicación de normas, si saliera Sí en el plebiscito. Y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz –encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros–, encargada de investigar, juzgar y sancionar, de acuerdo con las normas colombianas y con marcos jurídicos internacionales de derechos humanos y normas penales internacionales. A la misma serán sometidos los propios guerrilleros, que han suscrito el acuerdo de paz, de los cuales serán procesados aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y reconozcan la verdad ante esta Jurisdicción. Existirá una sala de amnistía e indultos para guerrilleros, y otra de tipificaciones penales para militares y civiles sobre delitos políticos no considerados como de lesa humanidad.

En relación a las víctimas, hay todo un capítulo sobre la memoria, la verdad y la reparación. Un punto clave, por cuanto estamos hablando de más de ocho millones de víctimas, de desplazados forzosos y de desaparecidos. Los que formamos parte de esta Caravana Internacional de Juristas creemos que es fundamental la presencia de las víctimas en el posproceso. Por ello resulta decisivo el desarrollo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para lo que resulta absolutamente necesario mayor presupuesto y una implementación a lo largo de todo el país, para atender a los miles de desplazados y víctimas para su proceso de compensación y de justicia.

Como abogada y miembro de la Caravana Internacional de Juristas quisiera resaltar la impunidad de miles de casos en los que defensores de derechos humanos, colegas que llevan años luchando frente a la impunidad de un sistema casi cataléptico, en medio de un conflicto armado han sido las víctimas. Y en esto, desde el ámbito de la esfera internacional, hemos de persistir e insistir, en este posproceso, en la defensa del respeto a los derechos humanos y en el apoyo al trabajo que realizan miles de defensores en Colombia.