Ya no podrán hablar en nombre de Cataluña

Ciudadanos celebra su victoria la noche del 21-D. Foto: PAU BARRENA

Son raras las ocasiones en las que unas elecciones, en términos de adjudicación del poder político, dejan sin resolver lo esencial, esto es, quién es el encargado de gestionar los asuntos vinculados al interés general. Si en algún lugar del mundo civilizado esto era posible, que tras cinco años de disparates y dos de convulsa confrontación partidaria y dramática fractura social nada sustancial cambiara; que los responsables del mayor deterioro de la convivencia y causantes fundamentales del declive económico de un territorio otrora arquetipo de progreso y emprendimiento no sufrieran apenas desgaste a pesar de su insensatez; si había un lugar así en el universo, ese no podía ser otro que Cataluña. Porque solo desde un análisis suficientemente distanciado de cualquier análisis racional se explica lo ocurrido en las elecciones del 21 de diciembre. Solo desde la constatación de que el independentismo, en tanto que, en demasiadas ocasiones, manifestación extrema del nacionalismo, es en esencia más una religión que una opción política que empuja a los fieles a obedecer sin hacerse demasiadas preguntas cuando son llamados por los sumos sacerdotes, estaremos en condiciones de explicarnos lo ocurrido. No pretendo que lo anterior se entienda como una propuesta de repetición electoral. Es más, a pesar del aparente bloqueo no debería ser esta una variable computable. Entre otras razones porque el voto constitucionalista es, salvo excepciones, más racional, y por tanto más expuesto al cansancio y menos inclinado a expiaciones. Repetir elecciones puede ser, para muchas de esas personas que anteponen la convivencia a la ciega idolatría, y la estabilidad a la montaña rusa, un castigo excesivo. Así que conviene resistir. El resultado del 21-D no es óptimo, pero tampoco es el peor.

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