Meritxell Borrás

La Administración catalana, cuya responsable directa es la consejera Meritxell Borrás, decidió que, a efectos laborales, la jornada de huelga del 3 de octubre no sería considerada como tal, sino como “aturada”, lo que implica que no se descontarían salarios. En definitiva, concedía un día de fiesta –con cargo al erario público catalán– de forma discrecional y, de alguna manera, enviaba el mensaje a entidades dependientes y también a muchas empresas privadas para que tampoco descontaran los salarios a quienes no fueran a trabajar, lo que significa en la práctica que los costes económicos directos de la “aturada” serán multimillonarios.