Los fantasmas del pasado

La Constitución de 1978 se redactó con la conciencia de que había que cerrar el largo capítulo de dos siglos de enfrentamientos entre españoles. Guerras civiles, golpes de Estado, sublevaciones, asonadas habían hecho imposible la vertebración de un país antiguo sin acceso a la modernidad por una absoluta falta de respeto a la opinión de unos y otros, por una grave intolerancia que impedía la instalación de una democracia estable que garantizase amplios periodos de libertad. Se hizo entre todos, mediante el recurso al consenso, y con la participación en los debates de los grupos nacionalistas que no se opusieron a su aprobación, los nacionalistas catalanes la apoyaron con entusiasmo. Más aún, en el debate sobre la autodeterminación dejaron testimonio claro de que ellos no aceptaban ese concepto por lo que de independentismo pudiera significar; y ellos, proclamaron, nunca estarían por la independencia.

Cuarenta años después los viejos fantasmas del pasado, del golpe de Estado, de la sublevación, de la independencia aparecen de nuevo, creando una vez más un grave problema a la convivencia entre españoles. Cuando alguien se enfrenta a un problema difícil de resolver la mejor manera de enfocarlo es reduciendo la complejidad de asuntos a la esencia del problema. Más allá de las cuestiones laterales ¿qué ha ocurrido en Cataluña? Respuesta llana, sin retorcimientos de posiciones políticas diversas: las autoridades de la comunidad autónoma han decidido proclamar un Estado independiente. Es a ese acto al que toda España, incluida Cataluña, tiene que enfrentarse. Sin distracciones de qué está pasando con las competencias, la financiación, etc... Tiempo habrá de resolver las cuestiones concretas que se puedan plantear. Ahora todos deben empeñarse en combatir una decisión de las autoridades autonómicas que no les corresponde, que no es legal, que no quiere Cataluña, ni España, que es injusta, que puede acarrear –ya está haciéndolo– graves perjuicios para los catalanes y todos los españoles.

Es preciso que todos se percaten de que si los insurrectos continúan con su plan, las consecuencias serán graves y en cierto sentido irreversibles. Detrás de la puerta que separa hoy a los rebeldes del conjunto de la nación lo que se anuncia es la balcanización de España, la fractura violenta de un Estado que defiende su integridad. Poco antes del estallido violento de Yugoslavia nadie podía prever que pudiera terminar en una confrontación que produjo centenares de miles de muertos. Algunos dirán que este es el discurso del miedo. No, es el de la responsabilidad. Si sabemos que pueden suceder terribles consecuencias ¿cómo no advertirlo? Es lo que explica que en las horas previas a adoptar las medidas de intervención tanto el Gobierno como la oposición hayan estado reculando en la toma de decisiones inevitables, intentando cualquier salida antes de poner en marcha lo que en ningún caso puede dejar de ser el control de un proceso delictivo que está cerca de destruir la convivencia entre vecinos y en las familias.

Todo el mundo está asustado. Los primeros, la camarilla independentista; se dan cuenta de que no tienen salida, la han cerrado ellos mismos. Si continúan su plan de subversión las consecuencias serán la detención e inhabilitación por años, si dan marcha atrás, los suyos, a los que han estado engañando con un paraíso inexistente, les repudiarán como los grandes mentirosos del proceso. También sienten cierto pavor los del Gobierno y los partidos aliados, pues se adentran en un terreno desconocido y temen tener que enfrentarse al fanatismo nacionalista en las calles de Cataluña. Hay que volver a lo esencial: un grupo de autoridades autonómicas ha anunciado que se constituyen en Estado independiente. Tal acto irresponsable y delictivo exige la respuesta del Estado de Derecho, y no puede concebirse otro final que el de ahogar la sublevación. Así que cuanta prudencia puedan, pero cuanta firmeza tengan. El conjunto de los españoles lo exigen, y cinco siglos de historia contemplan cómo se erradica la epidemia de los mentirosos.

El riesgo es que el Estado carezca de las fuerzas necesarias para resolver, con los mínimos perjuicios, el problema de un nacionalismo desrealizado que pone en crisis la propia existencia de una comunidad con siglos de vida. El objetivo separatista ha encontrado un cómplice, el grupo Podemos, que no le pide nada y que le ayuda en la destrucción de la comunidad civil, económica, cultural, espiritual que componen los españoles. El Estado tiene que defender a los ciudadanos de estos grupos liberticidas que fundamentan sus discursos en la mentira, creando un club de los mentirosos en la vida política. El Gobierno ha anunciado las medidas para las que solicitará la aprobación del Senado. Asimismo ha dejado constancia de lo que ya sabíamos, que los partidos PSOE y Ciudadanos han contribuido a elaborar el conjunto de las disposiciones.

En lo sustancial, las medidas adoptadas son apropiadas para cortar la sublevación secesionista. Cabría, sin embargo, alguna crítica: deberían haberse tomado antes, al menos los días 6 o 7 de septiembre, cuando el nacionalismo pretendió dar el tiro de gracia a la autonomía de Cataluña y a la democracia española; el plazo para celebrar elecciones en Cataluña es demasiado corto (seis meses, pero los aliados del Gobierno, en una filtración irresponsable, han fijado el mes de enero) para la labor de normalización política en la comunidad autónoma; y por fin, no parece razonable que el Senado necesite de una semana para que puedan ponerse en práctica las medidas. Es este un claro ejemplo de la debilidad del Estado que ante un golpe contra la democracia ha de esperar siete días dando un margen de maniobra amplísimo a los golpistas. Estos, en su locura fanática, seguidos por los nihilistas de Podemos, reaccionaron acusando a los demócratas precisamente de lo que son ellos. Tras un golpe de Estado claman contra las medidas para restaurar la democracia, calificándolas de golpe de Estado, en un intento desesperado de que les escuche alguien en el mundo exterior, más allá de los que alimentan con pagos dinerarios. El Gobierno tiene una tarea compleja, sustituir en los centros de poder a los sectarios por personas objetivas que actúen con legalidad y lealtad. Hay dos centros claves: el orden público y la difusión de las noticias que crean opinión pública.

El control democrático de los Mossos (otro ejemplo de la debilidad del Estado, el jefe de un cuerpo policial investigado bajo acusación de sedición sigue al mando del cuerpo) es imprescindible y si muestra resistencia, su disolución. Hay que considerar que cuando Lluís Companys inició su aventura independentista en 1934 contaba con un centenar de Mossos, ahora hay 17.000 Mossos armados. En cuanto a la red pública de medios de comunicación es absolutamente necesario el desmontaje de las mentiras instiladas cada día en los oídos de los catalanes. Si ahora se difundiera una clara, inteligente y objetiva información, muchas personas engañadas por los secesionistas cambiarían su posición. Son tareas complejas, difíciles, pero insoslayables para el Gobierno.

En cuanto a los partidos que apoyan la decisión, debemos agradecerles su posición y advertir al líder de Ciudadanos que la impaciencia electoral no ayuda demasiado. Al dirigente socialista, que ha renunciado al “no es no”, bienvenido al mundo de la responsabilidad. Tendrá que lidiar con algunos que le acompañaron y que hoy ya arrastran los pies a la hora de seguirle en su posición, y habrá de buscar el apoyo de aquellos a los que consideró demasiado cerca del Gobierno de Mariano Rajoy por la abstención en la investidura. Son las lecciones de la responsabilidad a la demagogia.

Con objeto de evitar la puesta en práctica de las medidas dispuestas por el Gobierno algunos solicitan a Carles Puigdemont que convoque elecciones, dicen que para salvar la dignidad de la autonomía de Cataluña. No han entendido que la única forma de salvar la dignidad de Cataluña es sacando de sus despachos a la camarilla de delincuentes que hoy ocupan los puestos de mando de la Generalitat.