La legislatura fantasma

Agotado el plazo previsto para la formación de Gobierno, la solución constitucional pasa por volver a las urnas. En estos meses se ha hablado poco de este cauce tan singular, de su razón de ser y de su dudosa eficacia; con candidatos y programas idénticos poco deberían variar las preferencias expresadas por los ciudadanos hace apenas cuatro meses. Pudiera parecer que el constituyente pensó que las declaraciones, negociaciones y, en general, el comportamiento de las fuerzas políticas arrojarían nueva luz sobre los electores y serían un motor suficiente para el reacomodo de sus votos. Como es natural, nada indica que vaya a ser así; con toda probabilidad, el recuento de junio arrojará un equilibrio político semejante al de diciembre y exigirá también pactos entre dos o más grupos para poder conformar un Gobierno estable.

En realidad, la Constitución diseñó un procedimiento de investidura cuyo sentido principal es preservar la facultad del Rey de presentar al candidato. No son los electores, ni los partidos, ni el Congreso de los Diputados quienes pueden decidir quién ha de someterse a la investidura, es el jefe del Estado el que, ejerciendo un protagonismo infrecuente en una monarquía parlamentaria moderna, tiene capacidad de elegir al candidato. El problema que se trata de prevenir no es el que surge de la incapacidad de los partidos para entenderse y formar Gobierno, sino una posible confrontación institucional entre la Corona y las Cortes Generales. Si el Congreso se negase reiteradamente a respaldar las propuestas del Rey sería entonces el electorado quien tendría que dirimir la pugna; lo que jamás pensó nadie es que el monarca tuviera que rebuscar un candidato con la única finalidad de hacer correr los plazos. Para estimular el acuerdo entre partidos minoritarios hay fórmulas en el Derecho Comparado mucho más sencillas y eficaces, como la que en España permite elegir con rapidez al presidente de las Cámaras. Cabría establecer la investidura del candidato con mayor respaldo –sin perjuicio de su posterior sustitución mediante una moción de censura si surge una mayoría alternativa– o, más fácil aún, dejar que el Gobierno establecido continuase en pleno ejercicio de sus competencias hasta que surgiese otra mayoría o la falta de respaldo parlamentario le forzase a una disolución anticipada. Esta segunda solución nos libraría, además, de la problemática impostura del Gobierno “en funciones”.

Lo que ocurre es que el Rey, adecuado a los nuevos tiempos, no considera razonable ejercer con plenitud las potestades que la Constitución le otorga, y que nuestros dirigentes no han estado a la altura de las circunstancias. Los nuevos partidos han envejecido con rapidez y todos comparten la responsabilidad de haber hecho de esta una legislatura fantasma. Los socialistas encarnan el fracaso: incapaces de conformar una mayoría suficiente, se han negado de plano a colaborar con quienes no aceptasen hacer presidente al que quedó segundo con un exiguo resultado. A su alrededor, surge una nueva coalición entre populistas y comunistas que ofrecerá una nítida alternativa de izquierda radical, y permanece un centro derecha dividido que verá reforzado su atractivo como anclaje seguro para quienes reclaman cierta estabilidad. Más que a los votantes, la reflexión y el cambio les corresponde ahora a nuestros dirigentes.