El cupo catalán

Miquel Iceta ha saltado con energía al campo de juego electoral. Sin duda es un buen delantero para el regate corto pero, me temo, con muy escasa visión de gol. Sabe de lo que habla, y con declaraciones medidas y cambios de ritmo intenta despistar al adversario, al de fuera pero también a los que hacen política con la misma camiseta socialista. La propuesta de crear un consorcio entre la Hacienda del Estado y la propia de la Generalitat, con capacidad para gestionar la totalidad de los tributos en esa comunidad autónoma no es nueva y, efectivamente, está contemplada como una opción en el Estatuto vigente. Pero no todo lo que es posible resulta deseable y es este segundo aspecto del debate, saber si es deseable, el que cobra ahora mayor interés.

Fraccionar la Hacienda Pública en uno o varios consorcios no aporta absolutamente ninguna mejora en la gestión y recaudación de los tributos y, sin embargo, provocaría graves problemas de coordinación y de equidad en la efectiva aplicación de las normas. No es por lo tanto un incremento de la recaudación lo que se persigue sino algo distinto que no se acaba de precisar. Una aproximación más clara al verdadero propósito de esta propuesta la ofreció el propio Iceta hace ahora cinco años: “Los socialistas catalanes proponemos otra vía para que Cataluña obtenga una Hacienda propia a partir de un acuerdo para constituir un consorcio entre el Estado y la Generalitat presidido por esta y que actuase como única administración tributaria en Cataluña, aumentando el porcentaje de recursos generados en Cataluña que se quedasen aquí, consiguiendo unos mecanismos de solidaridad más sencillos y transparentes que no penalizasen a las comunidades más solidarias, reduciendo el déficit fiscal catalán a límites razonables, y limitando también la brecha entre el rendimiento del régimen de concierto y el que se acordase para Cataluña”. En estos días, Iceta también ha explicado que mediante este mecanismo quedaría resuelto el problema que ahora plantea el sistema de anticipos a cuenta. Puesto que el nuevo consorcio presidido por la Generalitat recaudaría la totalidad de los ingresos, sería esta la que tendría que ingresar en las arcas del Estado la cantidad que le correspondiera para atender los gastos comunes, es decir, el cupo. No se dice, claro está, cómo se calcularía esta aportación a las arcas del Estado, pero sí se nos anuncian los resultados: más recursos para Cataluña, menos solidaridad interterritorial.

Con su propuesta, que al parecer asume todo el PSOE, Iceta ofrece a los independentistas un claro avance en la construcción de las estructuras de Estado que tanto anhelan, pero su esencia no es solo de orden político-administrativo sino también financiero; no se trata solo de quién gestiona los impuestos sino también de quién se los va a gastar. Limitar la progresividad del sistema tributario o cuestionar la redistribución alcanzada son planteamientos políticos perfectamente legítimos, pero en teoría muy alejados de las posiciones de la izquierda socialdemócrata. Y como no cabe atribuir tanta ignorancia o ingenuidad a las propuestas del PSC, podemos concluir que la campaña se ha iniciado con un inmenso ejercicio de cinismo.