El conflicto nacionalista

20 / 02 / 2017 Alfonso Guerra
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La pasividad y la política de apaciguamiento frente al independentismo en Cataluña han dado muy mal resultado. Es hora de cambiar de estrategia.

No hay un conflicto catalán, sí un conflicto nacionalista en Cataluña. Si alguno aún no lo había comprendido así, bastaría con visionar las imágenes de televisión en las que un grupo de autoridades catalanas se manifestaban ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para negar su autoridad judicial, acusándole de ser instrumento de “un montaje”, una persecución política. Tal espectáculo es un acto antidemocrático que, seguido por miles de personas, señala que en Cataluña no hay una situación normal de democracia.

Todas las opciones pueden expresarse en una sociedad libre, siempre que se respeten las leyes. Aquellos ciudadanos de Cataluña que defienden la independencia tienen derecho a hacerlo, pero no pueden dar un golpe a las normas de convivencia estableciendo unilateralmente una nueva realidad política. Si son demócratas han de conseguir que se cambien las leyes, y no es argumento oponer que no pueden hacerlo porque no tienen la mayoría necesaria para cambiarlas. Si no tienen mayoría no es democrático pretender su imposición por una minoría.

Más allá de las muchas opiniones que se emiten sobre el conflicto nacionalista, acertadas o erróneas, lo importante es atenerse a los hechos que son incontrovertibles.

Un grupo de representantes políticos nacionalistas durante varios años se expresan y actúan con desprecio de las normas que establece la Constitución de 1978, apoyada en referéndum por la inmensa mayoría de españoles, entre ellos los catalanes (que, por cierto, la apoyaron más que los madrileños). Además no lo ocultan, hacen ostentación de convocar consultas, plenamente conscientes de que no están amparados por la legalidad vigente. Han reiterado la presión sobre los ciudadanos para convencerles de la legitimidad y legalidad de sus acciones. Han utilizado dinero público, es decir de todos, para lograr una opinión pública que apoye sus aventuras contra la ley. Han usado sin límite los medios de comunicación públicos para intoxicar a los ciudadanos de Cataluña con mentiras e invenciones (a recordar el “España nos roba”), con el apoyo de los medios privados. Han sido tenaces en la utilización de insidias y falsedades en una grave operación de manipulación. Llegados ante un tribunal han mantenido una actitud propia de cobardes, excusándose con que nadie les advirtió (después de sentencias del Tribunal Constitucional prohibiéndoles seguir adelante) y han descargado la responsabilidad sobre los supuestos voluntarios. La imagen que intentó ofrecer el expresidente Artur Mas de dignidad ultrajada recuerda con tristeza a la arenga del pater familias Jordi Pujol en 1984 en el balcón de la Generalitat, acusando a Madrid (sinónimo de España para los nacionalistas) de un ataque a su persona lo que era un ataque a Cataluña, según Pujol, un ataque a su integridad, a su honradez. Aquel día en el que proclamó que ya solo ellos podrían hablar de ética, ya tenía la fortuna oculta en Andorra.

Toda esta rebelión contra la democracia está protagonizada por unos nacionalistas rodeados por la corrupción, por unos “servidores” de Cataluña que ingresaban un 3% de todas las obras públicas. Pero si la Justicia persigue esos delitos, responden con que se trata de impedir la independencia. En realidad, la radicalización independentista de los nacionalistas catalanes se ha producido al compás que la Justicia iba desenmascarando su sistema mafioso de estafar a los ciudadanos

Las fechorías de los nacionalistas catalanes han tenido estos días algunos episodios relevantes: presionar a los funcionarios para que pidan vacación para acudir a la manifestación contra el Tribunal de Justicia y el estúpido descaro de un juez y senador que hacía una gira de conferencias para exponer cómo actuaban de manera ilegal para conocer los datos de los contribuyentes. En el colmo del despropósito, este juez redactor de una supuesta Constitución catalana provocaba a su público advirtiéndoles “estáis todos fichados”. ¿Herederos de la Stasi?

Ante estos hechos irrebatibles, ¿qué puede hacerse? ¿Cuál será el camino que recorrerá la sociedad catalana?

Para contestar a estas preguntas hay que hacerse algunas advertencias. La responsabilidad de lo que está ocurriendo es de los nacionalistas rebeldes contra la Constitución. No comparto insinuaciones como la de “evitar el choque de trenes”. No hay dos trenes en este conflicto, solo un tren y un muro contra el que el nacionalismo quiere embestir, el muro es la Constitución de 1978. Porque la actitud independentista de los nacionalistas catalanes es una estrategia para ocupar el poder sin control de los mecanismos democráticos de contrapesos. Recuérdese que en el momento de la conformación del Estado social y democrático de Derecho, los nacionalistas catalanes se posicionaron contra la autodeterminación y contra la independencia.

No obstante, existen motivaciones para ser críticos con los que no han ayudado a encauzar el conflicto planteado por los nacionalistas. El Gobierno de España ha optado por una “complaciente” espera, bajo la creencia de que las cosas se arreglarían solas, postura cómoda e irresponsable, pues el resultado está a la vista. El nacionalismo ha interpretado esa pasividad como un signo de debilidad y ha contestado con una escalada de provocaciones y amenazas.

Políticos y periódicos, ante un hecho grave y transcendente como un intento de secesión, andan templando gaitas. Se recurre a una entelequia de apelación al diálogo, mientras el nacionalismo da pasos cada día hacia la ruptura de la nación. ¿Por qué se ignora que la Constitución establece los mecanismos para solucionar los casos en los que las autoridades no cumplen con las responsabilidades mandatadas mediante elecciones libres y democráticas? No es fácil entender que Gobierno y partidos constitucionalistas no exploren la posibilidad de que a la vista de que “una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España (…) el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. (Constitución Española).

La independencia de Cataluña está fuera de la Constitución y de las leyes, no sería en ningún caso reconocida por las instituciones internacionales y pondría a Cataluña en manos de unos políticos que han dado muestras de sectarismo y de no respetar los derechos de los ciudadanos.

Con este panorama no se puede seguir contemplando el horizonte. La respuesta más general es una llamada al diálogo. Habrá que interpretar que se refieren a un diálogo que cumpla con las leyes, no cabe otra opción.

El tiempo se les acaba a los nacionalistas, han propiciado una frustración colectiva, la del pueblo catalán, por perseguir el poder absoluto. Los que les han apoyado, Podemos e Izquierda Unida, han perdido toda legitimidad por su estrategia oportunista. Los partidos constitucionalistas han de despertar antes de que sea tarde y las consecuencias sean aún más graves.

La política de apaciguamiento que pretenden algunos está apoyada sobre una falacia más: lo que ocurre con los nacionalistas es una judicialización de la política. No es verdad. Si un ciudadano no cumple las leyes, intervienen los jueces. Si el ciudadano que viola las leyes tiene como actividad la política ¿no deben intervenir los jueces? Y si el político ocupa, además, una alta representación pública que le obliga a hacer cumplir la ley, y es él quien la incumple, ¿no deben intervenir los jueces?

Esta defensa, este burladero de acusar a todos menos a los que rompen las reglas democráticas ha dado un espantoso resultado. Es hora de cambiar de estrategia, es la hora de analizar qué está pasando en Cataluña, y de actuar en consecuencia.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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