Contra la política falsaria

En mis primeros contactos con los exiliados republicanos españoles, era yo muy joven, aprendí una lección que nunca olvidé. Cuando en las reuniones rechazábamos el origen espurio del poder franquista, incidía yo en el carácter fascista de los que perpetraron el golpe militar, una parte del Ejército en julio de 1936. Un viejo militante socialista me corrigió: no es lo más importante la ideología de los golpistas, no, lo más importante, lo más grave es que se sublevaron contra el Gobierno legítimo de la República. Esa era la clave, no su orientación política (que en aquel caso era totalmente rechazable también), sino que no hubieran respetado la legitimidad de un sistema político democrático al que no se puede asaltar sin devenir golpista y totalitario.

Este es el aspecto casi nunca explicitado de la actuación de los parlamentarios de la Cámara autonómica catalana y del Gobierno de la Generalitat. Perpetraron una sublevación contra el Gobierno legítimo, contra el sistema democrático, contra los tribunales, contra la Constitución que habían jurado defender y hacer cumplir. ¿Y qué pensaban, que un golpe institucional no habría de tener consecuencias? Algunos ahora se escandalizan de que la Justicia les haya encarcelado, y responden acusando al Gobierno de la prisión de los golpistas. Otros huyen a otro país para denigrar a su país propio. No es casual que los sublevados eligiesen Bélgica para su oprobiosa y ridícula fuga. Desde 1980 el partido ultranacionalista belga ha estado malmetiendo contra España, siempre cabalgando sobre el lomo del nacionalismo. Un diputado ultranacionalista belga en el Parlamento Europeo, el señor Coppieters, presentó ante la Eurocámara un proyecto de resolución que pretendía obstaculizar las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad Europea. Argumentaba que no estaban presentes los partidos nacionalistas, dado que, según él, la Constitución española había sufrido una reforma importante con la aprobación de los Estatutos de Cataluña y Euskadi, lo que exigía la negociación a tres bandas. El Parlamento Europeo le atendió como en la ocasión presente, que no ha aceptado ni tan solo la presencia del expresidente de la Generalitat en una sala de la Cámara.

Mucho más próximo en el tiempo, en octubre de 2012, un grupo de cuatro europarlamentarios españoles encabezados por Raül Romeva dirigía un escrito a la Comisión Europea advirtiendo de “amenazas sobre el uso de la fuerza militar contra la población catalana” y señalando que “la Comisión Europea debe ser capaz de determinar cuándo empezar el procedimiento del artículo 7 [del Tratado de la Unión Europea, TUE] contra el Estado español” y recordando que “el artículo 7 del TUE establece un procedimiento de control y de recomendaciones, el cual puede derivar en la suspensión del derecho a voto de un Estado en el Consejo”.

Como puede comprobarse, el intento de boicot contra su propio país no es de ahora, aunque afortunadamente haya recibido siempre una respuesta razonable y lógica de las instituciones europeas, un desdén muy elocuente.

Ello no ha sido obstáculo para seguir con sus pretensiones. Aprobaron leyes cuyos proyectos estaban suspendidos por los tribunales, declararon la creación de una República Catalana, aunque tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución han meditado sobre qué fue aquello: ¿una declaración de independencia, una fiesta simbólica, una broma?

A propósito del artículo 155, causa asombro contemplar a políticos que claman por la democracia, que recurren a los derechos y libertades que garantiza la Constitución española pero que condenan como contrario a la democracia un artículo concreto, el 155, aprobado por cierto por unanimidad, con el voto de los nacionalistas.

El Gobierno, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, ha aplicado el 155, a lo que solo cabrían dos críticas: debería haberlo hecho antes, y no se comprende cómo entre las medidas adoptadas no hay ninguna referencia a TV3, la televisión vergonzosamente sectaria del nacionalismo, que seguirá falseando la realidad en la campaña electoral.

Los nacionalistas basaron su política de movilización callejera en unos argumentos todos los cuales se han revelado falsos: la población de Cataluña quiere la independencia, la República Catalana será una realidad que nada ni nadie podrá evitar, estamos totalmente preparados para llevarla adelante, las empresas y los bancos se pelearán por venir a Cataluña (Oriol Junquerasdixit) y Europa nos recibirá con los brazos abiertos. Todo falso, todo mentira. Como ha dicho el novelista holandés Cees Nooteboom: Carles Puigdemont ha conducido a muchos como El flautista de Hamelín.

El resultado más importante de la juerga separatista tiene dos vertientes, una negativa, la otra positiva. Han dividido a la sociedad catalana; y han logrado reconciliar a los españoles (incluida la izquierda sin adjetivos) con su bandera y con el nombre de España, lo que no se había conseguido en cuarenta años de democracia. La izquierda, en un error histórico, había regalado la bandera, el concepto de España y casi la Constitución a la derecha. Tal error se intentaba explicar por la patrimonialización que el franquismo hizo de la patria y sus símbolos. Debemos reconocer a los independentistas que han conquistado para muchos españoles el amor por España y su Constitución.

Lo que importa ahora es qué hacer después de las elecciones del 21 de diciembre. Sea cual sea el resultado electoral, Cataluña seguirá su historia y los catalanes seguirán su vida y querrán mejorar sus condiciones.

Después del fracaso del nacionalismo independentista, después del ridículo protagonizado por los fugados, de los renegados de la independencia, no parece probable que puedan repetir un Gobierno de la Generalitat como el ahora cesado. Y aunque así fuera, ya no pueden en ningún caso repetir la misma jugada, y ya están anunciando que hay otras fórmulas distintas a la independencia.

Situados en la posibilidad más probable que la contraria, de que el independentismo quede en minoría, ¿qué solución de Gobierno encontrarán los partidos constitucionalistas?

Desde el PSC y desde el PSOE hemos oído que no facilitarán un Gobierno de los partidos independentistas, culpables de un golpe institucional, pero también que no aunarán sus votos a los de los partidos constitucionalistas. Tal panorama desembocaría en una situación sin salida, o lo que sería peor, podría ser que se le regalase el Gobierno de la Generalitat a Esquerra Republicana de Catalunya si se confirmaran los datos de las encuestas de opinión. Y tal dejación no sería perdonada por la inmensa mayoría de los españoles.

Hay que poner toda la esperanza en que los socialistas actúen consecuentemente, y esperar que las encuestas sean vencidas por la sabiduría del pueblo catalán y se conjure una solución distinta a la de los renegados independentistas.