Advertencia inquietante

En los primeros años de mi juventud leí una pieza dramática del autor italiano Ugo Betti que me impresionó desde su título: Corrupción en el Palacio de Justicia. Sentí una inquietud angustiosa ante el terrible hecho de que aquellos en quienes debemos confiar para la persecución del delito pudiesen tener la tentación de cometerlos. Tal comportamiento dejaría a la sociedad inerme ante las injusticias dolosas, porque ¿quién vigila al vigilante de nuestra seguridad jurídica?

Traigo a colación este recuerdo de mis preocupaciones juveniles porque la repetición de casos de corrupción política y empresarial (sí, ya sé que solo se airea la primera, pero esta no es posible sin la segunda, ambas resultan complementarias) está poniendo en evidencia algunas conductas de titulares de la magistratura que resultan de muy difícil comprensión para los ciudadanos. La obligada lucha contra cualquier atisbo de corrupción solo cabe perseguirla ateniéndose escrupulosamente a los procedimientos judiciales y con respeto a los derechos que asisten a todos los ciudadanos, iguales ante la ley.

El acontecimiento que ha levantado inquietud y sospecha ha sido la “curiosa” detención de Rodrigo Rato y la inmediata pelea desatada desde las instancias judiciales y del Ministerio Fiscal para apropiarse del caso.

A la extrema gravedad de los posibles delitos de un exvicepresidente económico del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional, se suma la explosiva gestión de la investigación, registro y detención (por unas horas) del afectado. Las contradicciones entre la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado levantaron sospechas sobre cuál había sido la intervención del Ministerio de Hacienda en la rocambolesca gestión del caso Rato.

Mi incertidumbre era compartida por muchos otros, y fue un amigo, buen conocedor de los procedimientos judiciales, quien me dio algunas claves que, a su parecer, explicaban el bochornoso proceder de las instancias judiciales y gubernamentales.

Me advirtió el amigo que los responsables políticos no han sabido reconocer algunas señales de un proceso político-judicial que podía estar corroyendo las bases del sistema democrático de partidos políticos.

Partía él de un hecho irrebatible: la proliferación de casos de corrupción y las escasas, y demoradas largamente en el tiempo, consecuencias para los personajes acusados de tan graves delitos, habían levantado un clima de cólera e indignación en gran parte de la población.

A tan evidente hecho añadía él una suposición que basaba en la actuación de algunos jueces y fiscales. La separación de la carrera de un juez que abre diligencias sobre responsabilidades en la dictadura, la pugna a carne abierta del juez y el fiscal en el asunto de un miembro de la Familia Real, la separación temporal (en la práctica, la expulsión de la carrera) del juez que “osó” meter en la cárcel al presidente de una caja de ahorros fraudulenta, la nula consideración de una jueza a las indicaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo (¿hubo alguna vez un juez que desobedeciera a tantas instancias superiores?), levantaba una gran inquietud en el buen conocedor de los procedimientos judiciales.

El derecho a la independencia del juez es un derecho que asiste al reo, como garantía de un proceso libre de cualquier coacción. En España ha pasado a ser un derecho, no del reo, sino del juez, que reivindica su absoluta libertad de actuación, más allá de los pronunciamientos de otras instancias judiciales.

Mi amigo llamaba la atención sobre unos sucesos comprobables. Así fue, opinaba, como comenzó el desmantelamiento de la democracia en Italia. Algunos, pocos, jueces y fiscales, tomaron la decisión, en base a los casos de corrupción política, no solo de perseguir el delito sino de ordenar la situación política. Es la vieja tradición de las estructuras burocráticas: “Se van a enterar de quién manda aquí”. Es lo que explicaría que un magistrado pueda espetar a un imputado: “Le iba a hacer dos preguntas más, pero ya no las hago, porque usted no me convence”. No es la investigación lo que interesa, sino la discusión como si de una tertulia se tratara.

En Italia, una sistemática operación de destrucción de los partidos políticos desembocó en la figura del salvador patrio, un tal Silvio Berlusconi, que como todos saben reunía todas las virtudes éticas, que resplandecieron frente a los partidos agotados en su podredumbre. (No creo que sea necesario declarar el sarcasmo de la frase anterior, pero la incluyo por si acaso, a la vista de todo lo que estamos viendo). En aquel país, la operación respetó a un solo partido, el Partido Comunista Italiano (PCI) a condición de que se hiciera partido de orden. En meses pasó de abominar de la Internacional Socialista a solicitar ser miembro de ella, previo cambio de nombre; hoy tienen la responsabilidad del Gobierno.

En España ¿se actúa favoreciendo a algún partido? En los más sonados casos, los de Gürtel, Púnica, Pujol, Rato, ¿se está siguiendo alguna línea que explique los paradójicos bandazos en los procedimientos que hacen difícil la comprensión de los procesos?

Insiste mi amigo, no se trata de una operación coordinada, no. Se trata de la acumulación de decisiones individuales que pueden estar marcando una tendencia de “rebeldía” de algunos jueces y fiscales ante las instancias judiciales y los mecanismos que garantizan la limpieza de los procedimientos.

Habrá que permanecer atento a las explicaciones que debe dar –¿las dará?– el Gobierno sobre el desbarajuste de la gestión del caso Rato. Las acusaciones al exdirector del Fondo Monetario Internacional, ya son en sí mismas de una extrema gravedad política y moral, como para añadir sospechas sobre la actuación del mundo judicial.

Los poderes tienen la obligación de perseguir y castigar la corrupción y a sus implicados, pero no pueden actuar (ni permitir que se actúe) con otros objetivos políticos. El Gobierno, los partidos políticos y los medios de comunicación deben exigir la mayor transparencia en los procesos judiciales y no callar ante actuaciones que levantan sospechas de arbitrismo o favorecimientos políticos o personales. Lo que está en juego no es solo impedir la impunidad de los corruptos, sino la vida de la democracia y la libertad.