Toda la ciudad es un hotel

Hace unos años, los propietarios de tres pisos del número 14 de la plaza de Tirso de Molina de Madrid, a tiro de piedra de la Puerta del Sol, hicieron cuentas. Tenían sus casas alquiladas por entre 600 y 650 euros al mes. Pero llegó alguien que les propuso gestionar para ellos otro tipo de alquiler, no convencional sino de estancias cortas, orientado al turismo. La empresa, que hoy tiene apenas tres años de vida, se ofreció a reformarlos, decorarlos, encargarse de las reservas, de recibir a los inquilinos y de la limpieza. Ahora a cada uno el piso les renta una media de 1.800 euros al mes.

La experiencia de estos tres propietarios ilustra una de las caras del fenómeno de los alquileres turísticos que está provocando una de las mayores transformaciones desde hace años en grandes ciudades de muchos países y que en España afecta sobre todo a Barcelona y Madrid, pero también a Andalucía, Baleares o Canarias. En sus barrios más emblemáticos se multiplican los alojamientos para turistas en pisos particulares, distintos a hoteles, hostales y otros establecimientos tradicionales. Botones y recepcionistas dejan paso a propietarios o empleados que llegan, entregan las llaves y se van para regocijo de quienes se benefician de un buen negocio y horror de los vecinos, que ven como una maldición la llegada de turistas, porque aseguran que provocan un alza de los alquileres hasta obligar a inquilinos convencionales a irse de sus casas y provocan un encarecimiento general de los barrios. El Sindicato de Inquilinos es el último colectivo surgido, en Barcelona, en contra de la “burbuja” de los precios del alquiler, un combate que libran desde hace años las asociaciones de vecinos de las zonas con más concentración de alquileres turísticos y a la que hace unos meses, en Madrid, se ha sumado la asociación vecinal Dónde vas, Lavapiés, contra “la expulsión de vecinos y vecinas del barrio” como consecuencia de la proliferación de los alquileres turísticos. Reconociendo la envergadura del fenómeno y los equilibrios necesarios entre la actividad económica que acarrea el turismo y la oposición a la toma de los barrios por parte de los turistas, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona ya han tomado medidas o las están estudiando. No se trata solo del número de viviendas que mutan desde el alquiler convencional al turístico, con sus consecuencias sociales y económicas. También de que hasta sus ayuntamientos admiten que, al margen de la actividad reglada y legal, es mayor aún la oferta de pisos ilegales, que no cumplen con los requisitos que ponen las comunidades autónomas, encargadas de regular esta actividad. Un reciente estudio de Exceltur (alianza de empresas del sector turístico) dice que de las 20.000 viviendas en alquiler turístico que hay en Madrid, solo 3.000 figuran en el registro de la comunidad autónoma. En Barcelona, el ayuntamiento va a reforzar su plantilla de ojeadores que van casa por casa para descubrir pisos que se alquilan de manera ilegal; ya ha abierto 3.000 expedientes por este motivo y espera a interrumpir la actividad en otros 3.000 pisos antes del final de esta legislatura. Son viviendas que operan sin licencia, que se obtiene cumpliendo unos requisitos de dimensiones e instalaciones mínimas, que no están sometidos a ningún control y de los que, de paso, Hacienda tampoco tiene noticia.

En medio de este tira y afloja, miles de particulares alquilan pisos enteros o habitaciones. Según Fotocasa, el 81% de los arrendatarios de una vivienda turística en el último año a través de Internet cree que así les compensa más que el residencial o de larga duración, porque ganan más dinero y resulta más fácil y rápido alquilar por periodos cortos. Según un informe encargado por el Ayuntamiento de Madrid, el principal motivo por el que un particular alquila es el económico, en el 65% de los casos. Para el 92%, estos ingresos suponen “una importante ayuda a la economía familiar” y para el 71% es el principal motivo de seguir alquilándola. Es el caso de Daniel, que empezó a alquilar a través de Airbnb una de las dos habitaciones de la casa en la que vive de alquiler tras la ruptura con su pareja, para poder pagar la renta hasta que finalizara el contrato. “Pero luego me empezó a gustar, porque conocía a mucha gente y me gusta el ambiente”, explica. Empezó para “sobrevivir” gracias a los 500 euros que ingresa por este concepto y ahora sigue por gusto. Suele tener unos tres inquilinos mensuales –en el último mes, de Estados Unidos, China e India– que suelen quedarse tres o cuatro días, a entre 40 y 50 euros la noche. Entiende la oposición vecinal a esta actividad “pero sobre todo por los pisos enteros, gente que compra solo para alquilar, que especula con ellos”. 

Daniel es el actor más pequeño de una cadena que pasa por diversos tipos de empresas, hasta llegar a los fondos de inversión que, primero en Barcelona y ahora también en Madrid, están comprando inmuebles enteros para dedicarlos a esta actividad. El Ayuntamiento de Madrid es consciente del movimiento de estos fondos, “que invierten en el sector turístico y gestionan importantes volúmenes de viviendas”. También se están quedando con buena parte de edificios en barrios de Barcelona como el de Ciutat Vella-El Raval. Pep García, presidente de su asociación de vecinos, está cansado de recibir a vecinos que llegan a informarle de que un fondo –“ingleses, holandeses o de algún país del Este son los que operan por aquí”–, ha comprado un edificio en el que solo quedan ellos viviendo. Si aún tiene renta antigua, “no se pueden tocar”, pero “colocan a okupas profesionales que te hacen mobbing hasta que te acabas marchando”.

En 2016, Airbnb, el gigante multinacional del alquiler entre particulares, tenía 187.000 hogares anunciados en España, de los que 13.000 están en Madrid, el destino que en 2016 eligieron 642.000 huéspedes de su plataforma, 78% más que en 2015. Barcelona, la ciudad española donde con más intensidad se está produciendo este fenómeno, tiene más de 19.500 viviendas anunciadas –enteras o habitaciones en pisos compartidos–. Según datos “reglados” de la alcaldía, hay 148.552 plazas turísticas (10% de su población) y 58.920 viviendas turísticas. Es la empresa más potente pero no la única en un sector que el Salón Inmobiliario de Madrid ya el año pasado vendía a los propietarios como una “opción interesante” y en torno a la que han surgido “nuevos actores e intermediarios que proponen una nueva opción de ingresos a los propietarios, aprovechando las nuevas formas de viajar y las opciones de bajo coste, que presionan a la baja los precios de los alojamientos y abren camino a otras posibilidades de alojamiento”. En el otro punto, la Asociación de Empresarios del Hospedaje de la Comunidad de Madrid denuncia que esta actividad es “competencia desleal y un agravio comparativo” que ha reducido sus reservas en un 30%.

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